El pasado 15 de junio se realizó el conversatorio “Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos en el Perú”. El Idehpucp apoyó este espacio al considerar crucial para el éxito del proceso, de un lado, que actores claves de distintos sectores conozcan los Principios Rectores (PR) y las experiencias comparadas en implementación de PNA elaborados con base en dichos Principios. De otro lado, se buscó impulsar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reciba las expectativas centrales de estos actores para planificar el proceso de elaboración del PNA y evitar errores que frustren este esfuerzo.
La elaboración de Planes Nacionales de Acción a nivel interno es prioridad en la agenda del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU como instrumento que permite operativizar los Principios Rectores (PR) y articular acciones estatales. De hecho, este grupo de expertos jugó un rol importante en el caso de Perú, pues fue en su visita de julio de 2017 que el Gobierno manifestó su compromiso político para realizar un PNA. En el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también se han acogido los PR y se han incorporado en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), por lo que también es crucial para nuestro proceso de adhesión a esta organización.
Sobre cómo conducir la elaboración e implementación de un PNA, hay varias pautas que es muy aconsejable tomar como referencia[1]. Destacan cuatro aspectos que deben guiar en general un PNA. Primero, que se inspiren en los Principios Rectores. Esto implica reflejar adecuadamente el deber de proteger derechos humanos del Estado, promover el respeto de empresas por derechos humanos incluyendo procesos de debida diligencia y promover medidas que permitan acceso a mecanismos de reparación. Segundo, el PNA debe abordar de manera específica el contexto nacional y problemática actual de empresas y derechos humanos. Tercero, es indispensable seguir procesos inclusivos y transparentes tanto en la elaboración, como en la implementación y monitoreo. Por último, no debe verse como un documento estático, sino que se requiere una revisión y actualización constante.
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos sugiere un proceso en cinco fases que da luces sobre los pasos a seguir.
Preparación del proceso. El primer paso es un compromiso formal del Gobierno que en nuestro caso está expresado en el lineamiento 5 del PNDH 2018-2021. Pero más allá de este compromiso hacia afuera, dentro del Estado se necesita hacer un trabajo de sensibilización y generar convicción de la importancia de este instrumento para tener el involucramiento activo de sectores como Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Trabajo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Energía y Minas, Ambiente, entre otros. La articulación intersectorial debe contar con un liderazgo claro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente rector, acompañada de voluntad política del más alto nivel. Preparar el proceso supone también asegurar el compromiso de actores no estatales clave, como la sociedad civil organizada, organizaciones indígenas y sindicatos. En el sector privado hay que hacer un trabajo importante de sensibilización y compromiso con el proceso. La publicación de un plan de trabajo con los pasos y criterios de participación daría una pauta clara.
Evaluación y consulta. Conocer cuál es la problemática es un siguiente paso indispensable. De hecho, en el PNDH se establece como meta para este año contar con una línea de base y diagnóstico aprobados. El objetivo principal es identificar brechas de implementación de Principios Rectores de cara a establecer temas y medidas clave.
Propuesta inicial y consulta. Se sugiere la elaboración de la propuesta por el ente a cargo que establezca lineamientos generales, junto con actividades, responsables, tiempo e indicadores de evaluación. Se debe asegurar coherencia con otras políticas y normas de Estado. Sobre los temas a abordar, una buena pista la da el informe del Grupo de Trabajo de mayo 2018 que se refiere a agricultura a gran escala, sector extractivo, laboral, trabajo infantil, discriminación por género, entre otros. Es indispensable que esta propuesta pase por un proceso de participación, inclusivo y transparente.
Implementación y monitoreo. Tras la aprobación del PNA, el reto es la capacidad operativa para tomar acciones, sobre todo aquellas que requieren colaboración intersectorial. El monitoreo resulta fundamental, para lo que se sugiere establecer un mecanismo específico. Colombia, por ejemplo, cuenta con un Grupo de Trabajo interinstitucional que reporta a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y una Comisión asesora multiactor que acompaña la implementación.
Actualización. El PNA se concibe como un instrumento vivo, que debe ser revisado y actualizado constantemente. Para su actualización, se tendrían que evaluar avances e iniciar un proceso consulta nuevamente con actores clave. En base a sus observaciones, se debe establecer nuevamente prioridades.
Más allá de estas pautas, sin duda útiles para los pasos siguientes, para llegar a buen puerto son aplicables las claves de éxito y fracaso de toda política pública. Los retos se muestran distintos para cada actor. Es quizás el Estado el que mayores desafíos presenta y la voluntad política del más alto nivel es uno de ellos. Las imágenes de la Presidenta chilena presentando el PNA evidencian lo importante de este compromiso. Esta voluntad debe ser sostenida y decidida hasta la aprobación y por supuesto, para implementar y dar seguimiento. Debería evitarse duplicar, sino articular y sumar nuevas acciones que lleven a generar los cambios necesarios para reducir el impacto negativo de los derechos humanos por la actividad empresarial.
En el sector privado, debe haber un esfuerzo para comprender los PR. Seguramente hay muchas empresas con buenas prácticas, vinculadas a la responsabilidad social empresarial, pero este enfoque supone un paso más. Implica que las empresas respeten (no afecten) derechos incorporando la debida diligencia dentro de sus políticas y procedimientos, y que se hagan cargo de su remediación en caso ocurra una afectación. La sociedad civil y academia tenemos mucho que aportar y trabajar para que se avance, aunque también es importante mantener expectativas claras y realistas.
Luego de este primer encuentro, estamos todos atentos. La pelota está en la cancha del ente rector.
* Escribe: Cristina Blanco, responsable de la línea de investigación Empresas y Derechos Humanos de Idehpucp.
[1] Por mencionar algunas, se encuentra la Guía para PNA del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas de la ONU (2016) o el Kit de herramientas para PNA sobre Empresas y Derechos Humanos (2017) del Danish Institute for Human Rights y International Corporate Accountability Roundtable (ICAR).
