Escribe: Marité Bustamante, miembro del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP.
Desde la campaña presidencial 2016, y a propósito de la crisis de confianza que padecen los principales poderes del Estado, se expone la urgencia de recuperar la impronta reformista en el ámbito de la justicia. Así, uno de los principales debates ha girado en torno a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), habiendo consenso sobre la necesidad de modificar su composición a fin de contar con un órgano que goce de mayor legitimidad.
Este consenso surge, sin dudas, de la crisis que padece el CNM producto de las denuncias que recaen sobre sus actuales consejeros: un acusado de traficar con recategorizaciones en la universidad Inca Garcilaso de la Vega, un ex candidato aprista a la Contraloría General de la República descalificado por la comisión Webb, un sentenciado por incumplir sus obligaciones paternas, y el dueño de una escuela que prepara a los postulantes a jueces y fiscales que luego serán evaluados por él mismo. En resumen: dudosa conducta ética, vínculos partidarios y conflicto de intereses.
Ante esta situación, el gobierno prometió una propuesta de reforma e inició su formulación en diálogo con las instituciones involucradas (Poder Judicial, Ministerio Público, CNM, entre otras) en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia. Sin embargo, y unilateralmente, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha presentado un proyecto de ley que busca reformar la composición del CNM proponiendo los siguientes cambios:
Esta propuesta ha sido rápidamente rechazada por las autoridades que presiden las instituciones involucradas, así como por la sociedad civil y algunos periodistas. Los argumentos en contra son principalmente dos: politización del órgano encargado de elegir, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales, con la consecuente afectación a la independencia judicial; y ausencia de representantes de la sociedad civil. Desde el oficialismo no hay más respuesta que la del congresista Alberto de Belaúnde, quien considera que la composición propuesta (con dos miembros electos por el Ejecutivo y el Legislativo) contribuiría a un mayor escrutinio público, lo que, según él, propiciaría la elección de miembros con un perfil más idóneo.
En relación a la crítica sobre la politización, es importante señalar que, aun cuando en la mayoría de países latinoamericanos prevale la selección política de los magistrados, las reformas judiciales emprendidas en la región desde mediados de los 80 “han logrado disminuir la incidencia directa de los otros poderes en el proceso de nombramiento de jueces y, en un número considerable de países, han establecido el sistema de concursos públicos para acceder al cargo”[1]. Éstas reformas, además, han surgido de la consideración de que la intervención política en los procesos de nombramiento expone a la judicatura al riesgo de la vulneración de su independencia y ahuyenta a candidatos que, a pesar de contar con la trayectoria requerida, no tienen acceso a los espacios de toma de decisión política.
Sin embargo, cabe precisar que los riesgos mencionados podrán realizarse o no y, ello, dependerá del contexto político e institucional de cada país. En nuestro caso, y a pesar de lo dicho por el congresista De Belaúnde, son más los peligros que entraña la selección política que las posibilidades de escrutinio público, como lo demuestran los recientes nombramientos de los miembros del Banco Central de Reserva y las graves denuncias de injerencia política en el Tribunal Constitucional[2] por parte de la mayoría fujimorista, a propósito de la renovación de uno de sus miembros y las acusaciones constitucionales presentadas contra algunos de sus magistrados.
En cuanto a la participación ciudadana, considero que su repercusión positiva en los procesos de selección de magistrados dependerá de la capacidad de movilización, organización e incidencia de la sociedad civil, así como de la representatividad de las organizaciones que la componen, y no tanto de la consideración formal de nombrar a alguno de sus miembros como consejeros del CNM. Así, en el caso peruano, la participación de la sociedad civil a través de los colegios profesionales y las universidades ha tenido efectos limitados en la promoción del escrutinio público de sus representantes y en garantizar trayectorias profesionales y éticas idóneas. Aunque, vale la pena reconocer, la decisión más importante tomada en los últimos tiempos en materia de integridad de la magistratura fue impulsada por un consejero representante de la sociedad civil[3].
Por lo dicho, sería mejor que la reforma de la composición del CNM se realice sobre un diagnóstico que busque ubicar los puntos débiles de la participación de la sociedad civil en la selección de magistrados, a fin de proponer soluciones a dichas debilidades, y no tanto en la exclusión de toda participación por parte de las organizaciones que la componen.
Finalmente, y más allá de la crítica a la propuesta hecha desde el Ejecutivo, tan importante como abordar el asunto de la composición colegiada del órgano que tendrá a su cargo la selección de jueces y fiscales, es discutir los requisitos para asumir el cargo de consejero del CNM y los requisitos de publicidad, transparencia y participación que deben regir los procesos de selección, pues un perfil idóneo y un proceso de selección diseñado para promover el escrutinio ahuyentan la arbitrariedad, permiten la predictibilidad de las decisiones y, por tanto, contribuyen a la legitimidad del CNM.
[1] PÁSARA, Luis. La designación de jueces en la reforma de la justicia latinoamericana. Puede ser consultado en: https://dplfblog.com/2014/12/18/la-designacion-de-jueces-en-la-reforma-de-la-justicia-latinoamericana/
[2] Ver Nota de Prensa del Tribunal Constitucional del 11/07/2017: http://www.tc.gob.pe/tc/public/institucion/notaprensa/nota/institucion/not-f32b76dc396152dad615bcdc9cf4affd
[3] Nos referimos a la destitución del ex Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, producto del proceso disciplinario presidido por el consejero Gonzalo García Núñez.
