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Entrevistas 23 de noviembre de 2015

¿Cuál es la importancia del Consejo Nacional de la Magistratura? Para el común de los ciudadanos, esta institución les puede parecer lejana, pero cumple un rol fundamental.

El Consejo Nacional de la Magistratura es un ente vital para la administración de justicia. Es el organismo que se encarga del nombramiento de los jueces y los fiscales, sea cual fuere las instancias que correspondan. También realiza los concursos públicos para cumplir las plazas para magistrados titulares en todo el país. Asimismo, se encarga de ciertas competencias disciplinarias: cuando la Oficina de Control de la Magistratura o su par en el Ministerio Público hallan irregularidades en un juez o fiscal que implican su posible destitución, el caso es derivado ante el CNM para que tome la decisión final. Además, se encarga del procedimento disciplinario en torno a faltas de vocales y fiscales supremos.

Para citar un ejemplo de la última competencia, el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó a Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nacion hace unos meses.

En ese caso, en efecto, la Fiscalía Suprema de Control Interno no habría podido remover a Carlos Ramos Heredia, sino que era competencia del CNM. También tiene a su cargo los procesos de ratificación de los jueces y fiscales, cada siete años, donde se evaluan la calidad de sus resoluciones y sus competencias profesionales. En este procedimiento, la sociedad civil puede enviar sus observaciones respecto de la trayectoria de los magistrados.

Dada la importancia de este organismo, resulta preocupante la crisis generada a partir de la inicial confirmación y posterior destitución del consejero Alfredo Quispe Pariona, uno de los miembros designados por los colegios profesionales, que tienen dos plazas en el CNM. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con la composición del Consejo y por qué viene siendo cuestionada en el último tiempo?

El CNM, por su diseño, estaba llamado a cumplir un rol importante. Está integrado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Colegios de Abogados, universidades públicas y privadas y de los colegios profesionales. Lo que ha venido ocurriendo se resume en dos problemas de fondo. El primero de ellos es la desnaturalización de la forma de elección de los representantes, sobre todo en los colegios profesionales. Antes existía una convocatoria más abierta, donde existía un mayor conocimiento sobre el proceso en general. Ahora existe un deterioro de la forma de elección, que queda a cargo de delegados, con mucha menor transparencia. Se termina eligiendo, entre pocos, a estos representantes, con una grave ausencia de legitimidad.

Este es un primer momento, ¿cuál es el segundo factor de descontento?

Hay un factor personal, sobre las calidades de quienes integran estos organismos, por más que el diseño del CNM, en teoría, fuera de avanzada en América Latina. Antes la designación de los magistrados quedaba en manos del poder político y, con este cambio, se pasaba a tener una representación combinada de los entes de administración de justicia y organizaciones de la sociedad civil. Esto no funcionó tanto por la desnaturalización por la forma de elección, como por el desinterés general, que nos plantea una necesidad: Debe repensarse la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

Este último punto, sin duda, nos llevaría a una reforma constitucional, dado que la actual conformación del CNM está establecida en la Constitución.

El rol que ejerce el CNM hace que merezca un replanteamiento del modelo para luego dar pie a la necesaria reforma constitucional. Una fórmula que se podría adoptar es que se considere que un tercio de los consejeros pueda ser elegido mediante una votación calificada en el Congreso de la República, de la misma forma como se selecciona a los miembros del Tribunal Constitucional. Esto es algo que se tendría que sopesar, considerando las dificultades políticas que esto podría conllevar. También se tendría que considerar el voto universal real para las Facultades de Derecho públicas y privadas, a fin que los profesionales en esta materia podamos estar más atentos a los candidatos, con un cronograma y una mínima disposición de planes de trabajo. A ello se sumarían los profesionales del propio sistema de justicia, quienes también deberían ser elegidos por todos los miembros titulares de los estamentos judiciales: supremos, superiores y provinciales. La importancia de las jerarquías en el Poder Judicial y en el Ministerio Público no deberían pesar al momento de la elección de estos representantes.

Tradicionalmente, un puñado de consejeros al interior del CNM sí ha tenido un buen nivel. El caso de Pablo Talavera, renunciante presidente del Consejo, es uno de ellos.

Son personajes importantes, pero ha sido excepcionales en la vida del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando había una elección más abierta, cumplieron un rol importante, en forma singular, representantes de los colegios profesionales que no eran abogados. Por ejemplo, Julio Castro Gómez, quien venía del Colegio Médico del Perú, o Gonzalo García Nuñez, representante de los ingenieros. Ambos jugaron un rol importante y tenían un comportamiento honesto.

Para concluir. Si bien usted plantea una reforma constitucional, esta implica una modificación a mediano plazo, dados los tiempos electorales y la votación calificada que se requiere. ¿Qué medidas a corto plazo se deberían realizar para cerrar la crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura? Un grupo de organizaciones de la sociedad civil reclama la renuncia de todos los miembros del CNM, considerando que, en las próximas semanas, deberán definir quienes obtienen plazas para vocales y fiscales supremos.

En efecto, está pendiente este pedido, cada vez más extendido, a favor del cese de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El gran problema es la forma idónea para lograrlo. Lo óptimo es que cada institución que tiene representantes ante el CNM tome la decisión de cesarlos y modificar sus reglas de elección, para hacerlas más transparentes y obligar a los candidatos a presentar un plan de trabajo. Si este paso no se realiza, está en manos del Congreso de la República ejercer su potestad de requerir el cese y renovación en un plazo determinado y, posteriormente, en caso no se proceda con el mismo, se inicie un proceso de destitución de los miembros del Consejo, como algunos parlamentarios ya han solicitado.

(23.11.2015)