Entrevista: José Alejandro Godoy
¿Cuál es el contexto general que viven los pueblos indígenas en Honduras?
Honduras vive una situación muy particular, porque desde el golpe de Estado de 2009 se ha convertido en un laboratorio político. Cambió la dinámica del país porque la ruptura democrática se da en el marco de una institucionalidad que, con todas sus limitaciones, era algo que había que fortalecer. Existe un retroceso fundamental de toda la sociedad en su conjunto, no solo de los pueblos indígenas. Se dio un espacio importante para que el capital trasnacional se posicione, porque luego del golpe fueron aprobadas las normas más nefastas en la historia del país.
¿A que normas se refiere?
Son leyes que facilitan al capital transnacional apoderarse de los territorios. Las normas sobre minería y aguas abren el espacio para la inversión extranjera. No toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. En el caso del pueblo garífuna – y no solo en este caso -, una de las cosas más terribles es la posibilidad de entregar vastos terrenos para generar un Estado dentro del Estado, denominados «zonas especiales de desarrollo», que afectan directamente a las comunidades. Estas normas se han aprobado sin una consulta previa a las comunidades e irrumpen directamente en la vida de los pueblos. Las empresas llegan directamente a las comunidades, con lo que el papel que tiene el Estado para garantizar la seguridad de los pueblos queda parado y las compañías sustituyen.
Es decir, de acuerdo a lo que nos viene contando, no solo hablamos de una apertura a la inversión privada, sino que hablamos de una privatización de varias zonas del país y de las funciones estatales en la práctica.
Efectivamente, es una situación bastante dificil. De otro lado, con esta nueva legislación y el otorgamiento de concesiones, existe mayor represión hacia las comunidades y existe una criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. En Honduras se acusa a los miembros de los pueblos indígenas por ocupar sus propias tierras. Hay compañeras garífunas que han sido llevadas a los juzgados y acusadas de invasoras de su propio territorio.
¿Por qué se presenta esta situación? Parecieramos estar ante un Estado que no es capaz de defender los derechos de sus ciudadanos, sobre todo, quienes pertenecen a los grupos más vulnerables.
Todo esto tiene que ver con una situación más profunda. Parto del golpe de Estado porque es un detonante. En 2010, Honduras se convirtió en el país más inseguro y violento del mundo y ello tiene que ver con la ingobernabilidad. Lo que pasa es que los grupos de poder económico determinan hacia donde va el rumbo. Hoy en Honduras muchas cosas son decididas a partir de lo que se dice en Estados Unidos, porque frente al narcotráfico, el gobierno decide extraditar a los principales líderes a dicho país. Cualquier violación a los derechos humanos pasa a segundo plano por la imagen internacional del gobierno que aparece enfrentando al narcotráfico. El asesinato de una de las grandes líderes regionales, Berta Cáceres, no ha tenido justicia, a pesar de la presión nacional e internacional y el gobierno aún no detiene del todo la represa de Agua Zarca. Se siente un poder protegido en base a la persecusión al narcotráfico.
Volviendo al tema específico de la problemática indígena, ¿qué es lo que lleva al pueblo garífuna a plantear casos ante el sistema interamericano de derechos humanos?
Al estar ubicado en la costa atlántica de Honduras, enfrentamos el narcotráfico, los megaproyectos turísticos, el cultivo masivo de la palma aceitera. Honduras es el segundo país en producción de este cultivo, luego de Colombia. Luego de las tomas de tierras, los pueblos y comunidades acudimos al sistema de justicia nacional y no fuimos atendidos, por ello acudimos al sistema interamericano. Es importante entender que la gente de las comunidades, luego de varios años de insistir, vamos afuera por la falta de justicia en el país. Hay desplazamiento de comunidades, la judicialización de los dirigentes, el no reconocimiento de la posesión ancestral y, sobre todo, que los títulos otorgados a las comunidades no son aceptados. Hemos encontrado que el Estado ha emitido títulos en territorios que pertenecen a las comunidades garífunas. La mayoría de comunidades tienen títulos colectivos y las mismas autoridades del gobierno facultan a terceros. Estos títulos son modernos.
¿Por qué se da esta super posición de títulos?
Por la corrupción y el tráfico de influencias. Es una serie de elementos que se dan para que no exista la misma fuerza para que la comunidad pueda defender su derecho. Al mismo tiempo, la municipalización de los territorios afecta a las comunidades, pues se faculta a que las alcaldías puedan ampliar el radio de su territorio. Los gobiernos locales, que derivan del gobierno central, afectan a los pueblos indígenas.
En su presentación, comentó el resultado de las sentencias ante el sistema interamericano e indicó que hubo un resultado mixto, dado que se reconocieron algunos derechos y otros no. ¿Cuál es la evaluación sobre los estándares que está aplicando la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Creo que han existido avances en los estándares, eso lo reconocemos. Pero, en el caso de una de las sentencias, no se reconoce la posesión ancestral de la comunidad y solo se ordena la titulación de cierta porción del territorio. Esto nos parece que, luego de 15 años de litigio, es algo que no esperábamos. Sin embargo, en la otra sentencia, vinculada al caso Punta Piedras, se da el alcance significativo vinculado al saneamiento, que implica una demarcación y que el Estado indemnice a terceros que están dentro del territorio. Así se genera jurisprudencia para otros casos, para que se respeten los títulos otorgados por el Estado.
Usted se ha referido al caso de Berta Cáceres, líder indígena hondureña que fue asesinada. ¿Por qué estamos los defensores de derechos humanos en su país afrontan estos problemas?
Esta es una tendencia mundial. En varios países, quienes defienden los bienes comunes de la naturaleza se convierten en personas peligrosas. Se busca garantizar que las empresas puedan explotar estos recursos. Nos parece que es una situación grave porque los Estados deben responder a los estándares de derechos humanos en general. En el caso de Berta Cáceres había medidas cautelares, en mi caso tengo medidas cautelares para protegerme. Es necesario que el Estado tenga políticas para garantizar la vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Otros compañeros han sido asesinados o golpeados. A mi me han acusado por amenaza al Estado por defender la comunidad de Triunfo La Cruz. Esta es una situación constante en América Latina.
(11.10.2016)
