A lo largo del proceso judicial, activado gracias a una ampliación de la extradición otorgada por Chile para procesar a quien gobernó el país entre 1990 y 2000, se logró demostrar la responsabilidad de Fujimori, gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, las cuales no pudieron ser rebatidas por la defensa legal del exgobernante.
Asimismo, resaltamos que el juicio oral conducido por el colegiado judicial antes mencionado respetó todas las garantías necesarias del debido proceso, teniendo el señor Fujimori y su abogado todas las oportunidades para presentar sus medios de defensa a lo largo del mismo. Cabe mencionar además que, a diferencia de otros procesos por corrupción en los que estuvo involucrado, quien ejerció el cargo más importante del país no aceptó por anticipado su responsabilidad y, por tanto, queda aún más evidenciada su culpabilidad.
La condena emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima constituye un importante hito para la lucha contra la corrupción en el Perú. Sin embargo, se requiere que el Estado, a través de sus poderes e instituciones, cuente con un rol más proactivo tanto para el procesamiento y sanción de otros casos, en particular, aquellos vinculados al actual gobierno, así como para la determinación de una política seria de prevención frente a este flagelo.
Lima, 8 de enero de 2015
