Estos casos han sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mostrar los efectos de la norma. Los miembros de la Corte mostraron su preocupación al respecto. Similar actitud tuvieron los integrantes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Comité contra la Tortura de la ONU sugirió al Estado peruano que modifique este decreto.
El D.L.1095, además de permitir la actuación militar en conflictos sociales, concede a los tribunales militares que decidan la competencia sobre casos en uso excesivo de la fuerza durante estados de emergencia. Estas disposiciones han sido cuestionadas ante el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolver este caso luego de seis meses de desarrollada la audiencia pública sobre la demanda sobre la inconstitucionalidad de este decreto legislativo.
