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Notas informativas 14 de marzo de 2017

El objeto principal de la visita fue analizar los principales avances y desafíos que enfrenta el Estado peruano para reducir el uso de la prisión preventiva.

Esta actividad fue realizada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y contó con la participación de integrantes de diversas instituciones estatales, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Poder Judicial; Ministerio Público, Defensoría del Pueblo; el Consejo Nacional de la Magistratura; el Instituto Nacional Penitenciario y la Academia de la Magistratura. Además, se incluyó la presencia de organizaciones de la sociedad civil y de la academia.

Con motivo de esta discusión, el IDEHPUCP elaboró un informe que fue enviado a la CIDH con el objetivo de brindar información actualizada sobre la situación de la privación de libertad en el país. A manera de introducción, el informe señala que, de acuerdo a los últimos datos estadísticos a diciembre de 2016, 82.023 personas se encuentran privadas de libertad, de los cuáles, 46,524 únicamente cuentan con sentencia es decir el 56.72%. El informe se divide en cuatro partes: la primera da cuenta de las principales preocupaciones en cuanto a la situación general de la privación de libertad en el país, la segunda plantea la preocupación con relación a los grupos en situación de vulnerabilidad que se encuentran privados de libertad, el tercer punto examina la situación de las personas extranjeras privadas de libertad y, finalmente, el cuarto capítulo se centra en el tema de institucionalización de las personas con discapacidad. Como principales conclusiones generales, el informe señaló, en primer lugar, la necesidad de implementar medidas para reducir la alarmante cifra de personas privadas de libertad que no cuentan con sentencia permitiendo a la vez disminuir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios; en segundo lugar, destacó con relación a los grupos en condición de vulnerabilidad que no se observa una política pública clara ni menos enfocada en todos ellos, por lo cual es necesario: (i) generar información oficial desagregada sobre estos grupos en particular; (ii) contar con medidas concretas para la atención de esta población y, (iii) medir los avances con indicadores reales.

A través de un comunicado, la CIDH destaca la apertura de las autoridades de recibir a la Relatoría para realizar su labor de monitoreo. Asimismo, reconoce la transparencia mostrada por las instituciones del Estado que proveyeron la información requerida, y agradece especialmente la información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil y de la academia en Perú, principalmente por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontifica Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

Para mayor información, puedes revisar el Comunicado de la CIDH en este enlace.

(14.03.2017)