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Patrón, abogado del caso Ayotzinapa, ante la CIDH: “El Gobierno Federal es responsable si algo pasa con los 43 padres y madres”

La sesiones dedicadas a México, durante la 163 periodo de sesiones de la CIDH, estuvieron marcadas por las recientes denuncias sobre el espionaje a periodistas, activistas y abogados de Derechos Humanos, entre otros miembros de la sociedad civil. En efecto, la comunicación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), órgano de la CIDH que ha investigado el caso Iguala, de haber sido posiblemente intervenidos por el virus ‘Pegasus’, levantó la tensión durante la segunda jornada.

Esta información, remitida por la GIEI, llegó a la presidenta de la audiencia, Esmeralda A. De Troitiño, durante la sesión de oficio sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México. Solo minutos antes, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y abogado de las víctimas, Mario Patrón, denunció el espionaje contra las y los abogados, así como los familiares de las víctimas. “Es el gobierno federal el responsable si algo pasa con la seguridad de estos 43 padres o madres”, destacó. A meses de cumplirse tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, el Estado solo habría presentado “retazos de avances de su investigación, durante la cual ha encubierto funcionarios y ocultado pruebas”, aseguró Patrón.

A esto los representantes del Estado de México aseguraron no solo estar siguiendo una rigurosa investigación entorno al caso de los 43 desaparecidos, seis ejecutados y varios heridos, sino además haber iniciado las pericias necesarias para identificar al o a los responsables de las intervenciones telefónicas. El fiscal a cargo de las investigaciones incluso reiteró el pedido hecho desde la Procuraduría General, la cual solicita los celulares de los afectados.

En la primera parte de la jornada sobre México, De Troitiño solicitó al Estado ser más claro al identificar los factores que “están influyendo directamente en favorecer a la impunidad”. Para la presidenta de estas sesiones “no hay claridad sobre medidas concretas o acciones que estén empleando el Estado contra la impunidad”.

Los peticionarios de la sesión sobre Justicia e impunidad en México, quienes también mostraron su preocupación en torno a las denuncias por espionaje, saludaron “el reconocimiento que el Estado ha dado a la existencia de desapariciones forzadas reflejada en la discusión de una ley”. Sin embargo, atribuyeron la existencia de la ley a la lucha incansable de los familiares de las víctimas. Con todo esto, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene en suspenso si adecuará o no su implementación siguiendo los estándares internacionales.

La mesa de la CIDH representada por Esmeralda A. De Troitiño destacó que “hay una especial preocupación en que la búsqueda de los jóvenes normalistas desaparecidos sea investigación de primera índole”. Afirmación que atiende lo que la mesa de los peticionarios indicó sería la única reparación que las familias de las víctimas aceptarían recibir: “el fortalecimiento de la búsqueda [para hallar la verdad]”.

Ante esto solo queda, como indicó Patrón en su comentario final sobre el espionaje telefónico, si “el Estado tendrá la capacidad para investigarse en sí mismo”.

(06/07/17)