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Cinco prácticas que fomentan la corrupción en el Perú

Video Kouri MontesinosCada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción.  En esta fecha resulta necesario reflexionar (desde distintas perspectivas) en torno a las causas y peligrosas consecuencias que supone este fenómeno para el ejercicio de derechos fundamentales como los derechos a la justicia, educación, salud, entre otros. Tomando en cuenta que esta fecha tiene como propósito “aumentar la sensibilización respecto de la corrupción”[1], nos permitimos presentar en las siguientes líneas algunas prácticas comunes y cotidianas que el ciudadano o ciudadana podrían realizar y que, a fin de cuentas, también constituyen actos de corrupción que contribuyen a su promoción en nuestro país.

  1. Ofrecer dinero a un policía para que no te imponga una multa

Este es un típico caso de soborno a un funcionario público, lo que en Derecho Penal se conoce como el delito de cohecho. Estos actos suponen la compra de la función pública con el objetivo de obtener un beneficio privado.

En concreto, se trataría del delito de cohecho activo propio, pues se ofrece una ventaja o dádiva a un funcionario público con el propósito de que actúe en contra de sus obligaciones. Otros ejemplos similares son: el pago al director de colegio público para matricular a un menor sin ningún inconveniente o al profesor de colegio o universidad pública para obtener notas aprobatorias.

¿Cuáles serían los intereses que protegería el Derecho Penal en estos delitos?  La imparcialidad y objetividad de la función pública.

  1. Ofrecer dinero para agilizar un trámite

El Derecho Penal también sanciona el ofrecimiento o entrega de dinero al funcionario para que cumpla con sus obligaciones. Este es el caso del delito de cohecho activo impropio.

Se entiende que el funcionario público ya percibe un sueldo (el cual además está constituido por los impuestos de los ciudadanos) por lo que no debería solicitar ni aceptar montos adicionales. Entre otros ejemplos de cohecho activo impropio tenemos la entrega de dádivas para agilizar el trámite de obtención de una licencia de conducir, el pago para adelantar la fecha de una cita médica en un hospital público, o el pago por direccionamiento de procesos en sede judicial, por ejemplo. En estos casos se protege la gratuidad y no venalidad de la función pública.

Cabe resaltar que el delito de cohecho también recoge aquellos supuestos en los que el funcionario solicita o acepta una coima, lo cual deja en claro que nuestra legislación sanciona penalmente tanto al funcionario público como al particular interesado. Si a ello le sumamos situaciones de coacción frente al ciudadano, podría constituirse el delito de concusión. Aquí se exime de responsabilidad al particular pues se toma en cuenta el contexto particular de amenaza o violencia en el que se encuentra.

  1. Apelar a amistades dentro de la Administración Pública para obtener un trámite

Estos actos podrían constituir complicidad o instigación del delito de tráfico de influencias. Dicho delito reprime hasta con seis años de pena privativa de la libertad al funcionario público o particular que ofrece sus influencias (a cambio de una contraprestación) con la finalidad de interceder ante una autoridad judicial o administrativa. Mediante los títulos de cómplice o instigador se subsumirían los supuestos en donde el particular solicita la intercesión.

  1. Coludirse con los funcionarios públicos para obtener un contrato con el Estado

El delito de colusión sanciona el acuerdo entre funcionario público y ciudadano para favorecer a este último en cualquier contratación con el Estado. Estos acuerdos no solo suponen un cuestionamiento a la idoneidad del contratista sino que además pone en peligro la satisfacción de derechos fundamentales. Basta pensar con la posible paralización en la construcción (o deficiente construcción) de carreteras, puentes y colegios.

  1. Ser indiferente ante la corrupción y no denunciar

En definitiva, la práctica por excelencia que fomenta la corrupción es la tolerancia e indiferencia ante este fenómeno. Es por ello que debemos tomar en cuenta las graves consecuencias de los actos de corrupción pues suponen una seria afectación para un adecuado ejercicio de derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

Escribe: David Torres Pachas, asistente de investigación del Proyecto Anticorrupción

(09.12.2016)


[1] Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003.