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Opinión 22 de enero de 2016

Si ello ocurriera se habrá puesto fin a un problema de casi cincuenta años de duración. De hecho, ha sido un conflicto tan complejo que incluso su punto de inicio resulta ya materia de polémica. Empero hay algo que sí se muestra desde un inicio con claridad y es que, en medio de este enfrentamiento entre múltiples actores armados, la gran víctima ha sido la población más pobre y es a ella a quien deberá atender respetuosamente el acuerdo que finalmente se obtenga.

Anotemos que la negociación de paz para Colombia ha tenido presente el actual consenso internacional. Sabemos que ningún acuerdo de paz puede ser realmente legítimo si es que en él se pasa por alto los derechos de las víctimas. Estamos ya, por fortuna, lejos de esas épocas en donde las negociaciones de paz se reducían a pactos de mutuo perdón entre las partes enfrentadas para después reanudar la vida institucional como si en el camino no hubiera quedado mucho dolor por ser atendido y muchas pérdidas por ser resarcidas. En efecto, prevalecía antes una engañosa noción de reconciliación que la reducía a la mutua impunidad. Hoy sabemos que la reconciliación implica un arreglo más sustantivo que no se resume en una mera ecuación política o táctica. La auténtica reconciliación demanda justicia, aquella que fundamentalmente le es debida a las víctimas.

Creemos que el itinerario seguido por los diálogos de paz para Colombia refleja estas convicciones. Por ello el final del 2015 llegó con una noticia alentadora como fue la del acuerdo alcanzado sobre los derechos de las víctimas. La paz que se construya en Colombia deberá por tanto alcanzarse en virtud de un acuerdo con un fuerte componente de reparación. Pero además, como se convino también en otros momentos previos, el cese del conflicto implicará un amplio esfuerzo nacional de revelación pública de la verdad de lo acontecido por medio de una comisión creada para ese fin.

Por su lado la dimensión de la justicia, en el sentido de responsabilidad por los crímenes, será también atendida, dentro de lo que ello sea posible, en una situación tan compleja por su magnitud y duración, buscando claro está que esas dificultades no desvíen el propósito de ser respetuosos de los derechos de las víctimas.

En el Perú sabemos por propia experiencia que estas decisiones de promover verdad, justicia y reparaciones no bastan para que la paz por construirse sea percibida o sentida como real. Es más, sabemos que aunque se haga un esfuerzo serio y profundo de recuperación de la verdad, como lo hizo la CVR, ello no garantizará que las autoridades del Estado cumplan los deberes que se derivan de ese proceso de búsqueda de la verdad. Colombia necesitará para conseguir paz y reconciliación de la voluntad política y el compromiso ético de sus autoridades cosa que, por desgracia, en el Perú no ha ocurrido. Que la paz y la justicia les venga pronto es nuestro deseo para ese país hermano.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, para La República

(22.01.2016)