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Opinión 25 de noviembre de 2015

En este Informe se realiza un análisis de género en torno a la implementación de mecanismos de justicia transicional (judicialización, búsqueda de la verdad y reparaciones) en Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Sudáfrica, Nepal, Marruecos y Líbano, a partir del delito de desaparición forzada. Dicho documento nos presenta de forma detallada tanto las terribles violaciones a derechos que han sufrido mujeres desaparecidas forzosamente como las de familiares de personas desaparecidas en conflictos armados internos o regímenes dictatoriales.

Un aporte necesario e importante es que se abordan dos escenarios de afectación del delito de desaparición forzosa. Si bien los hombres suelen ser mayoritariamente las víctimas de la desaparición, las mujeres – como familiares  – son quienes asumen las consecuencias y las que demandan el respeto a sus derechos. De igual forma, no se descuida el problema de las mujeres desaparecidas. Y es que las cifras que revelan una mayoría de hombres víctimas de este delito son puestas en cuestión, en tanto los procesos de denuncia e investigación de casos de mujeres no ha sido una práctica común entre los países involucrados en el estudio. En esta línea, se menciona que la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú tuvo una buena práctica para la incorporación de un enfoque de género en su trabajo.[1]

Respecto a las mujeres familiares de personas desaparecidas, se afirma que los roles tradicionales de género producen una violencia y discriminación en su paso de la esfera privada a la esfera pública con motivo de la defensa de sus derechos. Esta incursión evidencia la cancha desnivelada para las mujeres, como consecuencia de desigualdades estructurales en sociedades altamente machistas. A manera de ejemplo, se reseñan casos en los que son víctimas de acoso al momento de solicitar ayuda legal o son impedidas a acceder a trámites burocráticos por no contar con recursos económicos. Peor aún, que existen reclamos dentro de sus familias por no ajustarse al rol tradicional de viuda con lo que son castigadas con una suerte de “muerte social”. Estas mujeres no solo asumen los daños sociales, económicos y psicológicos de la desaparición de un familiar, sino también las desigualdades de género en la búsqueda de verdad y justicia.

El Informe evidencia cómo las desigualdades de género afectan tanto a las mujeres desaparecidas como a las familiares de desaparecidos. Estas pueden ser más vulnerables para la comisión del delito o pueden afrontar diversas limitaciones en la demanda de sus derechos. Frente a este escenario, es necesario que los mecanismos de justicia transicional incorporen un enfoque de género que permita reconocer la vulneración diferenciada a sus derechos.

Sus conclusiones nos plantean una reflexión acerca de nuestra realidad nacional. Aquella que nos señala que más de 15 mil peruanos y peruanas fueron desaparecidos(as) durante el conflicto armado interno, razón por la que sus familiares siguen en una lucha desde hace más de dos décadas, como es el caso de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Justamente, esta organización demuestra la otra dimensión del impacto de este delito. Y es que muchas veces las mujeres asumen el rol activo en la defensa de derechos y reclaman por una mayor actuación del Estado frente a las consecuencias de un pasado de violencia.

Asimismo, campañas mediáticas como #Reúne, que buscan visibilizar las necesidades de las víctimas de desaparición forzosa, son necesarias y fundamentales para impulsar que, en el espacio político, se discuta y apruebe de manera adecuada una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas. De igual forma, es algo positivo que desde otras esferas como el arte se siga presentando las consecuencias de un “pasado que no pasa”. La película “NN”, dirigida por Héctor Gálvez, nos muestra la problemática de la desaparición forzada como latente en nuestra sociedad. Esta labor interpela un crecimiento económico y un status quo político que poco favor le hace a la construcción de una democracia dejando de lado demandas y reconocimientos de derechos.

El informe analizado espera motivar la reflexión acerca de los roles de género que se han mantenido en la vulneración de derechos en el contexto del conflicto armado interno peruano y los procesos de justicia transicional desarrollados en las últimas dos décadas. Aparece como una tarea necesaria seguir diferenciando el análisis para evidenciar aquellas desigualdades que pueden llevar a cometer delitos con mayores niveles de violencia hacia las mujeres.

Escribe: Diego Uchuypoma, investigador del IDEHPUCP

(25.11.2015)

(Foto: Nancy Chappell)


[1] Se menciona que este Informe no solo analiza la violencia sexual contra las mujeres, sino que, por ejemplo, se plantea algunas explicaciones acerca de por qué las mujeres han sido menos vulnerables a la desaparición forzada, pero si más vulnerables a otro tipo de violencia como la ejecución o la masacre. Dentro de esto, se menciona que la violencia contra las mujeres se encontraba más “naturalizada” que en los hombres.