Así, resulta importante que el actual Presidente de la República haya puesto como principales líneas maestras de su mensaje a temas como educación, salud, seguridad ciudadana y programas sociales, más allá de las críticas puntuales que se pueden hacer a las medidas presentadas en el texto leído a la representación nacional.
Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención que no se haya tomado, tanto como mirada de conjunto como expresión de políticas concretas, una visión sobre derechos humanos que atraviese todo el mensaje presidencial.
Apenas tres semanas antes del discurso de Ollanta Humala, todo el Consejo de Ministros suscribió el Plan Nacional de Derechos Humanos, documento que debería regir la política pública sobre derechos fundamentales en el país. Sorprende que, siendo un documento firmado por todos los titulares de los sectores y que ha sido presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a diversos actores públicos y sociales, no haya sido mencionado por el Presidente de la República durante toda su presentación al país. Es cierto que este documento contiene serias omisiones – siendo la más saltante la vinculada a los derechos de los ciudadanos LGTBI – y que tiene cuestiones de diseño que debieran ser mejoradas, sobre todo, en lo que se refiere a sus indicadores[1]. Esta omisión da cuenta de la prioridad real que tiene este documento para la Presidencia de la República.
Los temas vinculados a derechos humanos apenas tuvieron mención en el discurso presidencial. En lo que se refiere a la agenda vinculada a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, solo se refirió que se había publicado, el mismo 28 de julio, una norma que autorizaba la «transferencia de partidas para continuar en el presente año con el pago del Plan Integral de Reparaciones para víctimas de la violencia». Esta única indicación es congruente con las pocas menciones que se hace a lo planteado por la CVR en el Plan Nacional de Derechos Humanos, donde desaparecen los temas vinculados a judicialización de casos – cuyo avance sigue siendo lento por diversos factores – como las alusiones a la memoria sobre el conflicto armado interno.
En esa misma línea, también resulta significativo el silencio sobre la apertura de las áreas culturales del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, en momentos en que se comenzarán a definir los contenidos de un espacio que debe confrontarnos con un pasado que ha sido doloroso y al que las nuevas generaciones recién se acercan, sobre todo, a través de diversas expresiones artísticas.
Sobre los derechos de las personas con discapacidad, la única mención se hizo en torno al adelanto de la implementación de las bonificaciones correspondientes al tercer tramo de incremento de los ingresos del personal militar y policial. No se tomó en cuenta la promulgación del Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad o, menos aún, un enfoque que tomara en cuenta las barreras que tienen estas personas para el pleno ejercicio de sus derechos.
Los derechos de los pueblos indígenas no fueron tocados en el mensaje. Extraña que no se haya dicho una sola palabra respecto de la consulta previa, derecho colectivo cuyo reconocimiento fue promulgado al inicio de este gobierno. Tampoco se aludió a los procesos de consulta que el Viceministerio de Interculturalidad viene llevando a cabo, a pesar de las dificultades y presiones que ha tenido esta política pública para su implementación.
Muchas veces, los silencios resultan siendo elocuentes. En un contexto en el que un ministro de Estado procesado por un grave cargo de violaciones a los derechos humanos se mantiene en el puesto, junto a estas omisiones, el mensaje respecto del interés del gobierno sobre esta materia resulta bastante claro.
Escribe: José Alejandro Godoy, analista del IDEHPUCP
[1] Puede revisarse el artículo de Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP, sobre este punto: https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/el-plan-nacional-de-derechos-humanos/
