La primera se vincula con el poco aprecio que tienen nuestros partidos políticos por el cumplimiento de las reglas elementales sobre el financiamiento privado de sus emprendimientos electorales. No solo es claro que declaran menos de lo que realmente han gastado, sino que emplean a personas ajenas al quehacer político para poder ocultar a los verdaderos financistas, sea porque los mismos no quieren darse a conocer –y aquí tendríamos que preguntarnos sobre los motivos para ello– o porque, en realidad, muchas personas naturales o jurídicas colocan más dinero de lo que permite la legislación actual.
Y ello, en ocasiones, ocurre como la manera en la que el aportante asegura para sí un mejor puesto en una lista de candidatos o, más grave aún, busca evadir en el futuro responsabilidades amparándose en la impunidad frente a algún tipo de acusación. Con partidos que, en la práctica y salvo honrosas excepciones, son meros vehículos de las aspiraciones de sus líderes, la rendición de cuentas ante los organismos electorales se convierte así en mero trámite administrativo.
Una segunda conclusión, vinculada con el último punto arriba mencionado, tiene que ver con el débil poder sancionador que posee la Oficina Nacional de Procesos Electorales frente a las continuas faltas que los grupos políticos cometen. Únicamente pueden imponer multas o suspender el financiamiento público, el mismo que en la práctica –tanto por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas como por una malentendida comprensión del sentir popular– no se aplica. Si a la ONPE no se le otorgan facultades sancionadoras más fuertes, entonces será difícil que los partidos puedan cumplir con las reglas establecidas.
Finalmente, queda claro que existen conductas que, para muchos ciudadanos, constituyen faltas éticas pero que no son sancionadas como delitos o aún como faltas administrativas. Por un lado, se requiere regular en forma clara la recepción proveniente de fondos del exterior a fin de evitar que dinero de gobiernos extranjeros llegue, en forma directa o indirecta, a nuestros partidos. Por otro lado también se requiere regular la forma como, a través de aportes partidarios, nuestros principales líderes políticos son –en la práctica– mantenidos por sus parlamentarios o por un conjunto de mecenas que, probablemente, luego querrán cobrar algunos favores a quienes ayudaron en su llegada al poder.
Cada día resulta más importante conocer, con mayor transparencia, cómo se financian las campañas políticas y cuál es su costo real. No existe únicamente una razón de principio, vinculada con la transparencia con la que toda persona que aspira a un cargo público de elección popular debe conducirse. También existen razones prácticas. A nivel mundial, cada vez más empresas y gremios buscan contar con aliados políticos para tener normas favorables a sus intereses. Lo mismo ocurre con algunas personas inmersas en diverso tipo de actividades ilegales. Debemos pues comprender que el ingreso de fondos ilícitos o de dudosa procedencia constituye un grave peligro para la democracia peruana y que es una urgencia conjurarlo.
