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Opinión 11 de noviembre de 2016

Lo dicho queda ilustrado, una vez más, por la tragedia sufrida por los ciudadanos de la comunidad shipibo-conibo en la zona de Cantagallo, en Lima. Peruanos y peruanas pobres perdieron lo poco que tenían en un incendio que arrasó el lugar donde estaban asentados. Desde hace un tiempo existía un plan racional de desarrollo urbano que contemplaba la reubicación de estos ciudadanos en una zona mejor, más segura. Ello era parte de un proyecto de recuperación de áreas verdes. En suma, de mejoramiento y humanización de nuestra ciudad. Todo ello fue desechado por la actual administración municipal. Según las investigaciones de prensa, esos planes fueron hechos de lado para canalizar los recursos hacia otros proyectos de infraestructura –pasos a desnivel– que reafirman la dirección equivocada en que se encamina a nuestra ciudad: una urbe pensada para el concreto, los vehículos privados, y no para la gente.

Más allá de esas circunstancias, resalta negativamente la manera en que se responde a la desgracia de esos ciudadanos. No solamente la administración municipal sino diversos sectores de la opinión pública tienen como primera respuesta el intento de rechazar toda responsabilidad y la búsqueda de utilizar el incidente para dañar al anterior gobierno edil. No existe, como primera reacción, una palabra de empatía, un acto de contrición, una afirmación del reconocimiento que es debido a la población afectada. Incluso, entre ciertos grupos de opinión, aparece la culpabilización de las víctimas: señalar que no deberían estar ahí, que no tenían por qué esperar que se les ofreciera un lugar alternativo donde habitar.

Todo ello forma parte, como hemos dicho, de una cierta “cultura política”. O tal vez haya que hablar, antes que de una cultura, de una cierta “sensibilidad”. No se trata necesariamente de un conjunto de ideas y valores explícitos y organizados, sino de una realidad anterior a todo ello: cierta forma de imaginarse las responsabilidades propias, casi siempre inexistentes, y de pensar con negligencia, inclusive con desprecio, en los demás, sobre todo si se trata de ciudadanos de las colectividades históricamente marginadas en el Perú.

Esa forma de reaccionar es todo lo contrario de la cultura cívica y democrática que necesitamos construir. Y cuando procede de las mismas autoridades se convierte, además, en una pedagogía negativa: el resto de la ciudadanía ve que la negligencia, el abandono y la negación de derechos no solamente carecen de consecuencias jurídicas, sino que ni siquiera producen actos de arrepentimiento ni pedidos de perdón. Se profundiza así la imagen de nuestra sociedad como una zona de guerra donde cada quien tiene que defenderse como puede, pues las autoridades solo están para defenderse a sí mismas.

Sin sentido de responsabilidad, sin empatía, es difícil hacer crecer la democracia.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(11.11.2016)

(Foto: La Prensa)