Ello ocurrió ayer, cuando se conoció que Peter Cárdenas Schulte, quien fue alto mando del denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue liberado luego de cumplir una sentencia de 25 años de prisión, impuesta por la justicia ordinaria luego que el Tribunal Constitucional expidiera una sentencia que ordenó nuevos juicios a los sentenciados por terrorismo, dado que se vulneró el debido proceso a estas personas durante la década de 1990.
En efecto, Cárdenas Schulte fue condenado por su rol en los secuestros practicados por esta agrupación, considerados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una práctica sistemática, así como en algunos asesinatos a autoridades, como el perpetrado contra el exministro de Defensa Enrique López Albujar. Se trata de graves crímenes que merecieron una de las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico penal.
Más allá de si se cree o no en las declaraciones de arrepentimiento del exmiembro del MRTA – expresadas en un video exhibido en una audiencia pública de la CVR -, lo cierto es que esta persona ya cumplió su pena y, por tanto, no puede ser retenida en prisión por más tiempo. De acuerdo a la legislación peruana, fue procesado y sancionado de acuerdo a sus responsabilidades. Y, en base a esa misma normativa, debió cumplir la condena impuesta sin acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario o reducción de su carcelería.
Una de las principales lecciones que nos dejaron los años de violencia es que, para vencer a Sendero Luminoso y al MRTA, el Estado no solo debía ser eficiente con las armas, sino también con la Ley. Y ello implicaba un respeto escrupuloso al debido proceso y a las garantías judiciales. Ello no ocurrió durante el decenio fujimorista y, por tanto, en la década pasada el Poder Judicial debió realizar nuevos procesos.
Un triunfo de la aún frágil democracia peruana es que pudo sancionar a los principales líderes de ambas organizaciones terroristas, condenándolos a penas bastante altas – incluyendo, en algunos casos, la cadena perpetua – de acuerdo con las responsabilidades que cada una de estas personas tenían dentro de estas estructuras criminales. Y, por tanto, en aras de la superioridad moral que se debe tener frente al terror, también debe cumplirse escrupulosamente con la pena impuesta y, una vez que la misma fue cumplida, el sentenciado debe salir en libertad.
Por supuesto, se deben entender los naturales temores de un sector de nuestra sociedad. Resulta comprensible, ante la magnitud del daño causado por Sendero Luminoso y el MRTA, que exista un sentimiento de preocupación frente a una noticia como la que venimos comentando. Sin embargo, la solución no está en mantener eternamente en prisión a quienes cumplieron penas menores a la cadena perpetua.
Debe exigirse al Estado que tenga un política pública frente a este problema: en algunos casos, la misma implica el camino a la reinserción de quienes hayan decidido continuar su vida sin tener a la violencia como arma de solución de conflictos; en otros, por supuesto, será un trabajo de inteligencia la medida a aplicar, a fin de evitar el reagrupamiento de quienes generaron graves violaciones a los derechos humanos y que pretenden continuar con las mismas ideas fuera de prisión.
La adopción de esta política debe ser una cuestión urgente. Durante los próximos años, saldrán en libertad varios mandos medios y altos de las dos agrupaciones subversivas que azotaron al país, así como miembros de las fuerzas del orden que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Una parte del legado del periodo de violencia que vivió el Perú en las últimas dos décadas del siglo XX se vincula directamente con cómo la sociedad deberá lidiar con los sancionados por terrorismo y violaciones a los derechos fundamentales que saldrán de prisión en los últimos años. Como diría el personaje de una célebre película: el miedo conduce al lado oscuro. Y bien sabemos los peruanos como acaba la historia cuando el temor – y no la inteligencia – se apoderan de las decisiones en materia de políticas públicas. Se puede ser firme contra el terrorismo, sin vulnerar los derechos humanos.
Escribe: José Alejandro Godoy, asistente de prensa del IDEHPUCP
(Foto: El Comercio)
(23.09.2015)
