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Opinión 15 de julio de 2016

La firma de un Pacto Ético Electoral, así como la composición de un Tribunal Ético que examine y supervise el cumplimiento de las cláusulas de dicho pacto, constituye uno de los rasgos del último proceso electoral. Tuve el privilegio de formar parte de este tribunal. Se trató de una experiencia singular y positiva que ha sido apreciada por otros países, que piensan implementarla como un mecanismo para evaluar en términos morales la marcha del debate público y las prácticas de campaña desarrolladas por los partidos políticos.

Ha sido decisiva la implementación de este tribunal y la constitución de este acuerdo entre las fuerzas políticas, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. El Pacto Ético es suscrito por todos los partidos y candidatos; comprometiéndose así al respeto de Principios Fundamentales: Veracidad, Transparencia, Respeto mutuo, Responsabilidad en la formulación de propuestas al electorado. Los medios de comunicación habrían de estar a la altura de estos compromisos, en la medida que tienen la obligación de brindar información fidedigna al ciudadano y promover el debate cívico.

Estas instituciones de consenso moral en materia electoral –el Pacto Ético y el Tribunal que procura hacerlo cumplir– son expresión de un acuerdo nacional, que conduce a que, una vez concluidas las elecciones, pueda establecerse un diálogo constructivo y favorable al país entre todos los partidos que participaron en el proceso electoral. El Tribunal es en gran medida fruto de tal acuerdo básico. En efecto, sus cinco miembros son elegidos por las mismas agrupaciones políticas que participaron en las elecciones.

Si bien los pronunciamientos del Tribunal Ético no tienen en principio un poder vinculante sí ayudan a un esclarecimiento ético del proceso y de la conducta pública de sus actores. Los ciudadanos y los diferentes interlocutores en los escenarios de opinión pública están en capacidad de acoger sus juicios y sopesar su validez, en conformidad con los principios de la moral pública y los fundamentos éticos de la cultura política democrática.

El Pacto Ético y el Tribunal de Honor son construcciones democráticas que buscan promover la participación de los peruanos en la vida pública de su país. Son modos de actuar en la política a través de los cuales la ciudadanía no queda limitada a la simple emisión de un voto en una fecha determinada, sino que puede intervenir a lo largo de todo el proceso: sea informándose, sea planteando sus reparos a través de quejas o denuncias relativas a la conducta de candidatos, malas prácticas de los grupos políticos, etc. Se trata de instrumentos que cumplen la función de empoderar a las personas en un ámbito de la vida que les concierne directamente, la buena marcha de la cosa pública.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República