La Defensoría del Pueblo recientemente, en su Informe 162: “A diez años de verdad, justicia y reparación”, ha efectuado un necesario balance sobre el estado de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre ellas: 1) la situación de los miles de desaparecidos del conflicto armado interno cuyos cuerpos no son aún identificados y entregados a sus familiares y 2) el cierre del Registro Único de víctimas y la reparación que a estas les corresponde.
Así, compartimos plenamente la recomendación efectuada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el sentido de modificar el Decreto Supremo 051-2011 PCM que dispuso el cierre del Registro Único de Víctimas para los beneficiarios al 31 de diciembre del 2011 y abrir la posibilidad de nuevos registros dado el carácter, como lo señala el informe, inclusivo y permanente de registro. La tragedia que vivieron muchos, especialmente quechuahablantes, campesinos de zonas rurales y generalmente pobres, justifica sobradamente ese carácter abierto que debe tener el registro.
Sin perjuicio de lo mencionado, es también de suma importancia para nuestra democracia la recomendación dirigida a la Fiscalía de la Nación en el sentido de aprobar el “Plan nacional de investigaciones antropológico-forense para la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas” y la de emitir una directiva que exhorte a los fiscales disponer la entrega de los restos identificados a sus familiares, en un plazo razonable y respetando su dignidad.
Si bien no existe una cifra precisa o consensuada sobre el número de personas desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que vivió el Perú en las décadas de 1980 y 1990, la más conservadora es la que en su momento registró la CVR. Según la CVR, los desaparecidos alcanzan a 8.558 personas y se delimitaron 4.644 lugares de entierro. El Ministerio Público ha realizado en estos diez años, aproximadamente, 495 exhumaciones, en las cuales se recuperaron restos óseos de 2.478 personas.
Es fácil deducir que, pese a los importantes esfuerzos del Ministerio Público, el proceso de exhumaciones, de identificación y finalmente de entrega de los restos a sus familiares aún se encuentra en su cuarta parte y, si no se adoptan las medidas recomendadas por la Defensoría, este proceso terminaría aproximadamente el 2043. El Perú no puede avanzar y pasar esa página trágica de su historia si no cierra los procesos de duelo de miles de familias que aún esperan enterrar “como se debe” los restos de sus seres queridos.
Es importante recordar que la mayoría de los sitios de entierro son conocidos y están identificados. Solo hace falta que la Fiscalía de la Nación emita esa directiva y precise a los fiscales que las exhumaciones no requiere necesariamente una investigación penal abierta con presuntos responsables. Nada impide en la normativa cumplir con una labor humanitaria urgente.
