Montoya precisó que, en el primer caso, García puede ser pasible de una investigación fiscal “por su posible participación en un sistema de cohechos manifiestamente ilícitos”. Más allá de la posible recepción de dádivas por otorgar gracias presidenciales, deberán analizarse los hechos tomando en cuenta tanto “las dimensiones diminutas de los expedientes que llegaban” a Palacio de Gobierno, así como el hecho que nuestro país “tiene compromisos internacionales que impiden un trato benigno” a narcotraficante.
Para el coordinador del Proyecto Anticorrupción, el Congreso de la República podría analizar una posible infracción a la Constitución al vulnerarse tanto la separación de poderes como la “prevención general de las penas como expresión del deber del Estado de proteger a la ciudadanía de los peligros que amenazan su seguridad”, como en el caso del narcotráfico.
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