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Opinión 8 de abril de 2013

Esta victoria se logró después de un primer e inesperado revés sufrido, el 28 de marzo de 2013, durante la Conferencia Final de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que –debido a la oposición de los mismos tres estados- no se logró el consenso requerido sobre el texto del documento, lo que obligó a llevar la propuesta ante la Asamblea General de la ONU para su aprobación.

Esta convención busca regular y mejorar las disposiciones existentes referidas al comercio internacional de armas convencionales (i.e. buques de guerra, lanza misiles, helicópteros de ataque, entre otros), prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío. En este contexto, es preciso resaltar la importancia de este instrumento en materia de protección del individuo, pues prohíbe a los estados parte transferir armas y municiones si tienen conocimiento de que aquellas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Este hecho constituye un gran avance en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dado que en un futuro podría evitar que grupos ilegales o regímenes violadores de derechos humanos se hagan de medios que les permitan cometer atrocidades, especialmente contra la población civil. Como señaló Anna Macdonald, Jefa de Control de Armas de Oxfam, “el acuerdo adoptado envía un mensaje claro a los traficantes de armas que abastecen a señores de la guerra y a los dictadores: su tiempo ha terminado. Ellos ya no serán capaces de operar y armarse con impunidad. El mundo estará observando y los hará responsables”.

Cabe mencionar que, si bien se ha llegado a un acuerdo sobre el texto del tratado, este aún no es de obligatorio cumplimiento, pues no ha entrado en vigencia. Esto solo sucederá 90 días después de haberse recibido la quincuagésima ratificación, es decir, que dicho Estado haya expresado la voluntad de verse obligado por el Tratado. Este se abrirá a la firma el próximo 3 de junio.

Por Lorena Bazay Dulanto, investigadora del IDEH-PUCP