Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
Opinión 14 de mayo de 2013

Ríos Montt  gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 durante un periodo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala ha calificado como el más sangriento durante el conflicto armado no internacional que azotó el país por 36 años.

En la decisión del viernes pasado, el tribunal concluyó que las Fuerzas Armadas de Guatemala, bajo el comando de Ríos Montt, diseñaron un plan con la intención de destruir, total o parcialmente, al grupo étnico Maya Ixil. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por los querellantes (representantes de las víctimas) y por los numerosos testimonios de víctimas, testigos y peritos, demostraron más allá de toda duda razonable, que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo ese plan, que resultó en masacres, torturas, crímenes de violencia sexual y desplazamientos forzosos de miembros de la comunidad Ixil. En concreto, a Ríos Montt se le condenó por la masacre de 1,771 miembros de la comunidad Ixil, como parte del plan genocida.

La sentencia fue emitida tras un largo y complejo proceso en el que la defensa de los acusados presentó casi un centenar de acciones legales con el fin de obstaculizar la justicia y anular el juicio. Bajo el argumento de violaciones al debido proceso de los acusados, se presentaron amparos, solicitudes de recusación, entre otras medidas. Aún quedan aproximadamente una decena de acciones pendientes a ser resueltas para que la sentencia pueda quedar firme. A su vez, la defensa ya ha presentado una apelación a la misma.

Mientras tanto, las víctimas y los defensores de derechos humanos, tanto en Guatemala como a nivel internacional, celebran esta decisión como un paso indiscutible en la lucha contra la impunidad. El clima político y social permanece polarizado, pero la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo constituye un ejemplo invalorable de que no se puede lograr una paz duradera sin antes abordar la justicia.

Escribe: Michelle Reyes Milk, Coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, Profesora de Derecho Penal Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.