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Caso Castañeda: ¿Cuáles son las aristas legales en la negociación del by pass de 28 de Julio?

Castañeda OASIngrid Diaz Castillo, coordinadora del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, se refirió a las aristas legales de la reciente denuncia del portal IDL-Reporteros en torno a la negociación de la construcción del by pass ubicado en la avenida 28 de Julio, a la entrada del Centro Histórico de nuestra capital.

El reportaje de los periodistas Romina Mella y Guilherme Amado presentó los mensajes vía Whatsapp entre la abogada Giselle Zegarra, quien fue gerenta de promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante las dos primeras gestiones del alcalde Luis Castañeda Lossio, y el señor Leo Pinheiro, quien era presidente de la constructora brasileña OAS. En estos mensajes, se ve cómo, aparentemente por encargo de la autoridad electa para el periodo 2015-2018, Zegarra disuade a los directivos de la empresa de firmar un contrato de ampliación del proyecto vial Línea Amarilla para la construcción de un parque en los alrededores del Río Rímac y nuevas viviendas para la comunidad shipiba de Cantagallo. El fideicomiso destinado para estos fines, ya en la tercera gestión del líder del partido Solidaridad Nacional, fue utilizado para la construcción del mencionado by pass, así como para la construcción del puente Bella Unión en Lima Norte.  Cabe indicar que Pinheiro ha sido condenado por su participación en el caso Lava Jato en Brasil a 16 años de prisión. Los mensajes presentados en la investigación periodística fueron obtenidos por la justicia brasileña para la investigación contra el empresario.

En comunicación con la agencia de comunicación La Factoría, Díaz indicó que existen dos aristas legales en este caso. De un lado, una cuestión administrativa. En su opinión, la Contraloría General de la República puede intervenir en este caso porque no se ha dado el fundamento para que no se firmara la adenda vinculada al proyecto Río Verde. “Las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias”, anotó.

Una segunda cuestión sería la investigación penal. Para la abogada, el Ministerio Público podría intervenir en este caso de oficio.  “La decisión final se materializa cuando Castañeda ya es funcionario público. Entonces, en principio, la Fiscalía podría investigar este caso por el delito de colusión, que sanciona al funcionario público que, interviniendo directa o indirectamente en función de su cargo, intenta beneficiar a un tercero por un contrato que tiene bajo su cargo para defraudar al Estado”.

(25.10.2016)