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“Medidas anunciadas por PPK son parciales”

Yván Montoya, asesor del IDEHPUCP, fue entrevistado por Ricardo Monzón, periodista del diario Perú.21, sobre los anuncios del presidente Pedro Pablo Kuczynski en torno a la lucha contra la corrupción. Por la importancia del tema, reproducimos la entrevista a continuación.

¿Las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Kuczynski serán efectivas?
Algunas son operativas, como la reorganización del despacho, de los filtros para tener los asesores idóneos. Luego está el proyecto de ley que pretenden enviar al Congreso sobre la muerte civil. Eso es lo más significativo. Y entiendo que habrá otra (norma) que tiene que ver con la imprescriptibilidad.

¿Qué deben contemplar estas medidas?
Cuando uno habla de muerte civil se puede referir a dos cosas: La inhabilitación definitiva para no volver a ingresar a trabajar a la administración pública, y la interdicción civil. Es decir, aquellos condenados por delito de corrupción o como cómplices no podrán volver a contratar con el Estado ni obtener créditos mientras no regularicen su deuda.

¿A su juicio, ambas cosas se deben prohibir?
Sí, claro, porque cuando uno sale del Estado puede poner su negocio para negociar con el Estado y la rentabilidad no la ha perdido. Y la idea es que el aprovechamiento que hizo de la función con la cual se enriqueció no vuelva a ocurrir. Que no sea rentable volver a trabajar en el Estado y aprovecharse de sus relaciones.

Existen cuestionamientos de la constitucionalidad de estas medidas.
Mire, a pesar de que yo reconozco que existen cuestionamientos de posibles fricciones con la Constitución, ponderando en este caso yo no creo que haya problema en delimitar que la inhabilitación sea indefinida para efectos de trabajar en el Estado. Es un sujeto que ya trabajó en el Estado, lo defraudó, y tiene un campo abierto para hacer negocios en el sector privado. No le quitamos el derecho al trabajo…

Pero sí el poder resocializarse, porque nunca más trabajará en el Estado.
Pero puede trabajar en la vida particular.

¿Para usted, entonces, no vulnera la Constitución?
Hay algunas restricciones, pero también hay un interés que tiene que ver con la salvaguarda del correcto funcionamiento de la administración pública que es constitucionalmente muy importante. Por lo tanto, si uno tiene que modular y ponderar, cabe hacer algunas restricciones a esos derechos o principios. Creo que no habría un peligro de inconstitucionalidad.

¿Con qué habría que tener cuidado?
La muerte civil no es solo inhabilitación sino también la interdicción civil. A eso no hay que prolongarlo porque ahí sí estaríamos vulnerando toda la capacidad para poder reintegrarse socialmente. Le quitamos crédito, toda la financiación privada… Eso solo debe funcionar si el sujeto no cumple con pagar su deuda de reparación al Estado producto de una sentencia vinculada a un acto de corrupción.

De aprobarse la imprescriptibilidad y la muerte civil, ¿no serían retroactivas?
La inhabilitación es un tipo de sanción, y como tal no tiene efectos retroactivos.

En el caso del ex asesor Carlos Moreno, de ser hallado culpable, sería condenado luego de la entrada en vigencia de la norma pero la denuncia e investigación fiscal se iniciaron antes de la promulgación…
Se evalúa desde la realización de los hechos de corrupción. Pero la ley 2285, que se discutió en el Congreso anterior, contenía una disposición transitoria final que decía que se aplica a todos los que le deben al Estado. Y que si en seis meses no se ponen al día, les cae la interdicción civil.

¿El funcionario corrupto no debería también ser impedido de por vida de contratar con el Estado?
Yo sí creo que debe poder volver a contratar con el Estado, pero solo si cumplió íntegramente con el pago de su deuda.

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, instó al presidente a promulgar de una vez los decretos legislativos en materia anticorrupción. ¿Cree que se están tardando?
Es muy prematuro para ya tenerlos. Tampoco debemos tener decretos legislativos imperfectos, que se corrijan con fe de erratas. Pero sí hay que ir agilizando el trámite. Es verdad que muchos temas se han debido tener previstos y que pudieron presentarse como proyectos de ley al mes de haber iniciado funciones (el gobierno).

¿Cree que estas medidas se propusieron más para el discurso de campaña?
En la campaña electoral estuvo en el tapete, pero más como discurso político porque nadie se puso a pensar en una política integral contra la corrupción. Espero que esta Comisión Presidencial de Integridad creada por el presidente sirva para eso.

¿Qué grandes reformas debe proponer?
Reformar el Ministerio Público, el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), el Poder Judicial en el ámbito del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), que no está preparado para controlar redes de corrupción. Las medidas que ha anunciado el presidente son parciales, muy parciales. Deben ser complementadas por esta comisión que ha anunciado.

(20.10.2016)