Walter Albán, director ejecutivo de Proética, estuvo en nuestro programa para explicarnos como se produce la intromisión de dinero ilegal en la política, las complicaciones que trae la corrupción a la institucionalidad democrática y como prevenir el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas al quehacer político en nuestro país.
Para Albán, el ingreso del dinero ilegal a la política no supone una novedad. «En el Perú, desde hace varios años, la debilidad institucional se traslada a los partidos políticos. En un contexto de buenas cifras macroeconómicas, también ha crecido la economía ilegal, que se sustenta en actividades ilícitas como narcotrafico, trata de personas, minería ilegal, tráfico de inmuebles. Hay organizaciones criminales con enormes recursos. La corrupción ha crecido en forma monumental. Ya no solo algunas autoridades tienen beneficios indebidos, sino que hay una penetracion a las instituciones del Estado. Esto es una cuestión ya conocida, como ocurre en la Policía Nacional del Perú, donde no solo se presentan malos elementos, sino también un tema estructural»
En ese sentido, el director ejecutivo de Proética señaló que «el problema de la corrupción no puede desligarse de la inseguridad ciudadana. Son claros los intereses de las mafias y crimen del organizado. Hay manera de documentar cómo incide la corrupción en la criminalidad menor que afecta al ciudadano común y corriente. Los puertos en el Perú deben ser examinados bajo esa óptica, considerando que son una ruta de salida del narcotráfico. Se presentan, junto a este fenómeno, extorsión, mafias de construcción civil, marcas y raqueteros, como ocurre en el Callao. El sicariato le brinda servicios a la mafia organizada y también a todo aquel que lo requiere».
En ese sentido, el exministro del Interior anotó que resultaría un peligro volver al sistema de empleo policial conocido como «24 x 24», como propone la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. «Constatamos que la forma cómo se había organizado el servicio policial era pésima. Habían menos policías en las calles y muchos se vincularon a la criminalidad. A la larga, comprobamos que existe una gran cantidad de policías que no sabíamos donde trabajaban en su día de franco. Muchos policías pasan a servir a bandas porque el crimen paga bien y, a cambio, les brindan información oportuna o tienen capacidad de influir en la actuación policial», manifestó. En ese sentido, señaló la necesidad de rotar al personal policial que labora en las comisarías, a fin de evitar casos de corrupción.
En lo que se refiere al ingreso del dinero ilegal a la política, Albán indicó que el Congreso de la República no puso freno a este tema, a pesar de la existencia de propuestas presentadas por la Asociación Civil Transparencia y por los organismos electorales para la imposición de mejores y mayores sanciones, así como la necesidad de bancarizar los aportes, como propuso la Unidad de Inteligencia Financiera. A su criterio, los partidos deberían recibir dinero del Estado y limitar al mínimo los aportes privados, porque allí están los compromisos empresariales que generan suspicacias.
En ese sentido, el director de Proética señaló una serie de cambios que deben producirse a la brevedad posible. «La ONPE no tiene poder sancionador. Se han impuesto multas mínimas que, en el balance, no son pagadas por los partidos porque reciben más de lo que se impone como sanción», anoto. A su criterio, también debe eliminarse la inmunidad parlamentaria, pues muchas personas cuestionadas postulan al Congreso y, una vez que son elegidas, no se les puede investigar. También señaló que debe eliminarse el voto preferencial, porque promueve que se busquen recursos con miras a obtener un buen puesto en la lista parlamentaria. «Muchos creen que el puesto se debe a su bolsillo antes que al partido», manifestó. Además, señaló la necesidad de establecer sanciones reales para los partidos que infringen las normas sobre financiamiento.
Finalmente, Albán manifestó que, para que estos cambios se plasmen, es necesario que la sociedad civil reclame por su ejecución. «En Guatemala hay una comisión de la ONU, pero es la gente que busca respaldar esta situación. La polícia colombiana tenía una mala reputación, se pudo recuperar gracias a la depuración con un acuerdo político e institucional. Hoy es una de las instituciones más prestigiosos. En este momento, la ciudadanía debe imponer una agenda, que priorice en temas, se tiene que adoptar banderas de lucha y presionar al Congreso para que ocurra. Cuando la ciudadanía se movilice consigue buenos resultados. Hay que darle una propuesta más programática», acotó.
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(24.05.2016)
