29/01/2015

Gustavo Zambrano: “Si bien se ha determinado cuáles y cuántos son los pasivos ambientales en el Lote 192, no se ha establecido quien debe remediarlos”

Gustavo Zambrano 1Desde el lunes 26 de enero, 380 miembros de la comunidad achuar de Pampa Hermoza tomaron las instalaciones de la base petrolera Jibarito, ubicada en el Lote 192, situado en la provincia y región Loreto. Los ciudadanos de la zona reclaman la remediación de pasivos ambientales y una serie de compensaciones. Para entender mejor el contexto en que han ocurrido estos hechos, entrevistamos a Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP, quien nos ayuda a comprender los problemas históricos y recientes en torno a la explotación petrolera en esta zona, cercana a territorios indígenas.

Durante los últimos años, hemos tenido noticias sobre problemas entre la empresa concesionaria del Lote petrolero 192 – exlote 1AB – y las comunidades amazónicas cercanas a la zona de explotación, ubicada en la región Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. ¿Cuál es el contexto existente en esta región del país?

Lo que viene ocurriendo es la consecuencia de demandas insatisfechas en un doble contexto que se entrecruza. De un lado, hay que tener en consideración los 40 años de explotación petrolera en la zona, con los consiguientes pasivos ambientales pendientes de remediación, lo que constituye un gran problema. De otro lado, tiene que ver con las tareas pendientes de las Comisiones Multisectoriales que se han formado desde el 2012, siendo la última la denominada Comisión de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto de abril del 2014. Lo que ha venido ocurriendo en estos días se enmarca en este último plano temporal, que no descarta el anterior.

¿Quiénes integran esta Comisión y por qué se conformó?

Básicamente, representantes del Poder Ejecutivo, del gobierno regional de Loreto y gobiernos locales, además de representantes indígenas. La Comisión es presidida por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, participan sectores como Ambiente, Energía y Minas, Salud, Educación, Inclusión social, entre otros. Esta comisión se creó bajo la lógica de mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en esta zona, de tal manera que ello luego permita sacar adelante la concesión del nuevo Lote 192, para lo que se requiere llevar a cabo un proceso de consulta previa antes de la nueva licitación. Pero la situación es bastante complicada y los plazos se van acortando.

¿Las dificultades en sacar adelante la concesión del Lote 192 se vinculan con el primer problema reseñado, es decir, con los pasivos ambientales?

En efecto. La relación con Pluspetrol, actual concesionaria, es tensa, no solo por lo que haga la empresa para bien o para mal, sino por los pasivos históricos. Cualquier compañía va a estar complicada por la falta de remediación de estos pasivos. La Comisión Multisectorial busca, en ese contexto, generar las condiciones para que pueda llevarse a cabo un proceso de consulta previa y luego la licitación.

¿Qué comunidades amazónicas están presentes en la zona?

En la cuenca de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, viven pueblos indígenas Ashuar, Kishwas del Pastaza, Shawis, organizados en cuatro federaciones.

Los problemas ambientales que sufren estas comunidades han merecido visitas e informes de congresistas como Marisol Pérez Tello y Verónika Mendoza. Se trata de sucesos que ya han sido conocidos por la opinión pública en Lima.

Ellas emitieron un informe sobre su visita. Este informe suma a los que ya varias instituciones han realizado. El problema central está en que si bien se ha determinado cuáles y cuántos son los pasivos ambientales en el Lote 192, no se ha establecido quien debe remediarlos. Ni la empresa, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio de Ambiente han podido determinar quien debe encargarse de esta labor: si al Estado, a Pluspetrol o a la compañía que explotaba este lote antes de la llegada de la actual concesionaria. Y esto ha generado un gran problema.

Cuando se forma la Comisión Multisectorial en el 2012, las federaciones indígenas plantean una agenda donde la remediación de pasivos ambientales era la principal demanda, pero no la única. Existen cuestiones vinculadas a salud, titulación de tierras, servicios básicos y programas sociales. En los últimos dos años, la Comisión ha tratado de articular soluciones para la zona y, en las últimas semanas, ha tenido reuniones en Iquitos y Lima con los representantes de las Federaciones que agrupan a los pueblos indígenas de la cuenca para mostrarles los avances.  Sin embargo, en octubre pasado, se canceló una reunión vinculada a esta materia a través de un oficio, lo que fue visto como un signo de descortesía por parte de los representantes indígenas. 

Recién pudo tenerse este encuentro hace algunos días en Iquitos, con la presencia del ministro Mayorga, donde se mostraron los avances vinculados dentro del marco de la actual Comisión Multisectorial. Entre estos anuncios podemos mencionar que por ejemplo se van a instalar plantas provisionales de tratamiento de agua, tuberías de agua para siete comunidades nativas, se anunciaron además inversiones para construcción de Tambos que congregan servicios y programas sociales, monitoreo en torno a la calidad del agua, estudios epidemiológicos a los ciudadanos de la región sobre los posibles efectos de la contaminación y atención integral de salud.

 Pero no se abordan dos temas principales: la titulación de las comunidades y la remediación de los pasivos ambientales. Al menos, no de la manera que las comunidades esperaban. Así, se tiene una agenda con varios temas frente a la cual el Poder Ejecutivo puede exhibir que está cumpliendo con algunos puntos de la misma, pero respecto de los dos puntos centrales no se ha avanzado.

Y la dificultad para poder concretar una solución respecto de estos dos problemas es la que ha generado la toma del lote.

Todo indica que ese es el móvil. Las comunidades hablan de compensaciones por el uso de los terrenos y la remediación de los pasivos ambientales.

En ese contexto, con 400 personas tomando un lote petrolero, esta situación va más allá de la relación con la actual concesionaria.

Es un problema mayor. En lo que se refiere a la compensación por el uso de los terrenos, una de las Federaciones ha pedido 100 millones de soles como monto De la información que se maneja, Pluspetrol ha presentado una propuesta por una suma menor. No es el único tema. Hay comunidades que faltan titular, como Nuevo Canaán, que está en la zona de influencia y ve su situación como precaria. Así, tenemos diversos niveles de discusión en torno a los problemas de las Cuencas. En el plano nacional, la preocupación central está en el Lote 192, mientras que a nivel local, cada comunidad tiene su agenda, lo mismo que cada Federación. Similar situación ocurre con la Comisión. Y solo algunos de estos problemas alcanzan a ser recogidos por el Poder Ejecutivo, el que además no cuenta con el presupuesto suficiente para abordar todos los temas.

¿Qué está haciendo el gobierno frente a esta acción de fuerza? La última vez que se produjo una toma de una instalación petrolera fue durante la crisis de Bagua.

Estamos lejos de una situación como la producida en junio de 2009, donde no existía un espacio de diálogo. En este caso, los actores se conocen y se han visto las caras. Estamos, sin duda, ante una medida de presión que no debería ser tomada a la ligera, pues es el lote más importante de dicha zona del país. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cuál es la agenda del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros y cómo abordará esta crisis.

Finalmente, ¿qué salida se puede dar a los problemas de remediación ambiental y compensación por uso de tierras que está como problema de fondo?

Se trata de voluntad política. Se ha conocido que el gobierno ha tomado la decisión de titular las tierras de las comunidades ubicadas en Saweto (Ucayali), en zona fronteriza con Brasil.  No hay que esperar que fallezcan personas. Titulen estas comunidades. A este nivel, es un problema político y ya no técnico.

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