27/08/2013

Jairo Rivas: "Cumplir con las reparaciones no es solo cumplir una deuda, es una oportunidad para fortalecer el sistema democrático"

Jairo Rivas es antropólogo y, durante varios años, fue secretario técnico del Consejo de Reparaciones, entidad encargada del Registro Único de Víctimas, donde se deben inscribir las víctimas del conflicto armado interno con derecho a recibir una reparación. Rivas, quien hoy trabaja en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, estuvo en el Seminario Internacional Políicas en Justicia Transicional para presentar un balance sobre el trabajo emprendido para la implementación del Plan Integral de Reparaciones, en perspectiva comparada con la experiencia colombiana. Aquí la conversación sobre su ponencia.

Muchas veces las políticas de reparación a las víctimas de conflictos se presentan como modelos preestablecidos, tomando en cuenta su experiencia profesional y académica, ¿Cómo se contextualizó el diseño de la política de reparaciones en el caso peruano?

El caso peruano es interesante porque la política de reparaciones recoge de forma integral el Informe Final (IF) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), particularmente el capítulo en el que se recomienda un Plan Integral de Reparaciones (PIR). La CVR formula ese plan y plantea qué características debe tener el programa, cuáles deben ser sus componentes y cuales sus alcances. Se refiere al conjunto de violaciones a los derechos humanos y la forma en la que fue desarrollándose, así como los patrones que marcaron estas violaciones. Es decir, estamos ante una propuesta de reparaciones que intenta resolver una situación concreta de vulneración de derechos con características particulares de una realidad social, económica y política. Me parece que este es un aporte y un enfoque muy valioso para darle al proceso de reparaciones peruano un conjunto de características adecuadas al impacto que el conflicto tuvo de manera específica sobre la población peruana.

Durante su exposición mencionó la importancia del rol de la sociedad civil para que se instaure el Plan Integral de Reparaciones y se pueda implementar en el caso peruano. ¿Qué límites tiene la participación de la sociedad civil para el impulso de la política de reparaciones?

Un primer límite es que otros temas de agenda o coyunturales desplacen el tema de las reparaciones a un segundo o tercer plano. El proceso de reparaciones en el caso peruano está marcado más que por una implementación coherente y coordinada desde el aparato estatal, por ventanas de oportunidades que se fueron aprovechando. La propia CVR se crea en esa gran ventana de oportunidad que fue el proceso de transición a la democracia, en el que el movimiento de derechos humanos estuvo planteando el tema de la creación de una Comisión de la Verdad. Luego de la presentación del IF de la CVR se mantienen dos años de trabajo continuo con los organismos de derechos humanos planteando al Estado el tema de las reparaciones a las víctimas del conflicto. También en otros temas como justicia o judicialización, pero hubo un trabajo intenso desde el movimiento de derechos humanos para que este proceso pudiera formalizarse a través de la formulación de legislación y política pública.

Sin embargo, conforme se van diluyendo los esfuerzos del gobierno de turno, parece también que la dinámica de la incidencia social se debilita, no solamente del movimiento de derechos humanos, sino también de las propias organizaciones sociales de víctimas. Estas últimas fueron importantes, tanto a nivel regional y nacional, ya que su movilización ha permitido algunas conquistas como, por ejemplo, el tema de las reparaciones económicas que no surgió como una respuesta estructural del Estado, sino apareció frente a varias movilizaciones que, con apoyo de algunos congresistas y la Defensoría del Pueblo, prácticamente lo consiguieron en gestión con la Presidencia del Consejo de Ministros. Como consecuencia, se tuvo un diseño de reparaciones económicas no muy bien diseñado. Sin embargo, fue una respuesta a un proceso de incidencia social y político.

El segundo limite es que, si no hay resultados que sean visibles, la movilización social se debilita y entonces los interesados en procesos de reparación dejan de optar por la organización/asociación y cada quien prefiere generar nuevos procesos autónomos o personales. Creo que eso ha pasado en los últimos años con la organización social de las víctimas, que fue muy fuerte hace algunos años y ahora está debilitada y fragmentada. Considero que si se logra organizar una respuesta institucional del Estado podríamos resurgir el movimiento organizativo de las víctimas, además de las organizaciones históricas como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) que viene trabajando desde los años ochenta. Puedo mencionar dos hitos del asociacionismo de las víctimas. Primero, cuando comienza el trabajo de la CVR, que comenzaron a surgir organizaciones con una expectativa para contar su verdad y conseguir otros recursos. Segundo, cuando se promulga la Ley de Reparaciones en el año 2005. Son oportunidades político-institucionales que se perciben como una respuesta del Estado, pero si con el transcurrir del tiempo eso no tienen mayores resultados, este incentivo se va perdiendo. Si se abre una nueva ventana de oportunidad, no tengo duda que en esa dinámica, entre el Estado y la sociedad, se pueden fortalecer las organizaciones de víctimas. Pese a las limitaciones de agencia creo que lograron muchas cosas. Pero, por otro lado, los actores políticos no incorporan estas demandas y hay poco interés por incorporar esto en una agenda política.

Mencionó que el impulso de reformas en contextos de oportunidad política usualmente puede tener el riesgo de generar resultados no esperados o efectos no previstos, ¿considera que esta situación ocurre con la política de reparaciones? 

El hecho de no haber impulsado de manera sostenida una política integral, como se planteó en el IF de la CVR, termina desdibujando el impacto reparador de cualquier medida. Entonces, una familia que recibe una reparación económica o atención en salud o accede a becas en educación, todas estas son buenas medidas y necesarias, pero recibirlas por separado no genera una conciencia de que hay una respuesta o atención del Estado frente a la victimización que sucedió. Entonces, la persona no se siente reparada, a pesar de ser medidas que en principio son buenas. Creo que ese es un efecto negativo y no esperado.

¿Esta desarticulación en la política afecta el derecho de las victimas a una reparación integral?

Sí, porque ese derecho va más allá de lo que dice la norma, que establece los mecanismos para acceder a ese derecho. Lo que creo que constituye la propuesta política y ética es imaginarse una situación de post conflicto en donde parte de la reconstrucción que como país debemos hacer, pasa por lograr – y en ello el Estado es el principal responsable – que todas las personas gocen de los mismos derechos. Entonces, si por razones estructurales tenemos un conjunto importante de la población que esta privada de ciertos servicios o derechos, la reparación plantea mecanismos para acceder nuevamente a la vigencia de esos derechos. Una política desarticulada limita que el derecho a la reparación integral sea una realidad.

¿Se estaría perdiendo la oportunidad para que la reparación tenga un efecto transformador en la sociedad?

Estoy de acuerdo, pero hay algo más grave que la clase política del país no evalúa. Algo que percibía en mis encuentros con las víctimas y sus organizaciones era que el conflicto generó impactos fuertes en la vida de estas personas, pero esos impactos están mezclados con situaciones estructurales e históricas de abandono y pobreza, que el conflicto pudo haber acentuado, pero al final no sabes distinguir si nació con el conflicto o no. En ese contexto, los planteamientos de la CVR y del PIR señalan un compromiso del Estado que, al no cumplirlo adecuadamente, suma en la conciencia de abandono histórico. No hay nada más deslegitimador del sistema democrático y de sus normas que el incumplimiento sistemático del Estado en diferentes políticas. Entonces, cumplir con las reparaciones no es solo cumplir una deuda, es una oportunidad para fortalecer el sistema democrático, para recuperar la confianza de la gente en el Estado, es decir,  que tiene una dimensión política importante. Sobre todo, en la población que ha sido víctima y que estuvo históricamente relegada. Es como perder una oportunidad histórica para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En ese sentido, ¿Considera que existe frustración por parte de las víctimas al ver que sus expectativas y demandas no se ven cumplidas con el plan de reparaciones?

Sí. Cuando asumí la secretaría técnica del Consejo de Reparaciones o incluso antes, era evidente la desconfianza de las víctimas frente al Estado y frente al Registro Único de Víctimas. Tomó mucho tiempo convencernos mutuamente que era parte de un esfuerzo común y de que estábamos del mismo lado. Generar confianza en las instituciones no es algo para lo que solo basta el discurso. Hay desconfianzas que se pueden revertir, pero para ello se necesitan gestos y acciones concretas. El riesgo que hay detrás de eso, es que conocemos cuáles son los caminos que se han tomado históricamente en el Perú cuando existe frustración estructural: la recurrencia a los líderes carismáticos o salvadores, e incluso autoritarios, la violencia independientemente de cuál sea la ideología que lo sustente.

Independientemente de la voluntad política, estoy totalmente convencido de que es posible revertir este sentimiento de frustración de las víctimas. En un Estado que tiene algún margen de acción es posible tener los equipos humanos que desarrollen este compromiso. En la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se ha trabajado parcialmente el tema y eso es perfectible. Distingo tres necesidades para que se produzca este cambio: (i) Que se construyan o fortalezcan liderazgos políticos, (ii) Que exista un equipo que conozca el trabajo técnico que se debe realizar y (iii) que este equipo tenga la capacidad de negociación y relación con las víctimas.

A partir de su experiencia en el caso colombiano, ¿Cuáles son las diferencias en el diseño de la política de reparaciones respecto al caso peruano?

Lo principal es que en el caso colombiano la política de reparaciones no nace de un Informe. Recientemente se ha presentado el Informe “Basta Ya”, que es una recopilación de informes previos que dan cuenta de distintas dimensiones del conflicto colombiano. Pero no existe un informe que dé cuenta de patrones de violencia o daños. Entonces, lo que la ley colombiana ha hecho es tomar en cuenta la teoría y las normas internacionales sobre reparaciones. Es una mirada diferente. Es una ley bastante completa pero incluye, como toda teoría, un proceso de reparaciones lento.

¿Cómo cree que se va a abordar el derecho a la reparación a las víctimas en el actual proceso de paz en Colombia?

Todavía no hay una idea clara de cómo va a terminar el asunto. Pero casi todos los sectores del país, los sectores sociales, políticos, los medios de comunicación están convencidos y comentan de manera continua que no es posible poner fin al conflicto sin poner como tema prioritario los derechos de las víctimas a la justica, verdad y reparación. Curiosamente hasta los sectores más críticos al proceso de paz plantean el tema. Incluso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también señalan que les corresponde hacer ese reconocimiento. El punto de discusión en este momento es si todos los derechos de las víctimas van a ser priorizados o promovidos o se van a priorizar algunos temas. Por ejemplo en materia de justicia, puede tratarse de valores de conflicto y que en algún momento se va a tener que abarcar. Se está intentando mantener un equilibrio entre justicia y derechos de las víctimas, que además promueva el proceso de pacificación.

En el Perú, uno de los grandes debates en torno al reconocimiento de la condición de víctimas  fue la exclusión de aquellos que pertenecieron a un grupo subversivo ¿Hay un consenso en Colombia de quién puede o no ser considerado víctima?

El artículo 3 de la ley colombiana respecto a reparaciones establece quienes quedan fuera de la condición de víctima. En primer lugar, se señala que solo son víctimas aquellas que hayan visto afectados sus derechos en el marco del conflicto. Allí ya existen zonas grises. Por ejemplo, las que se conocen como bandas criminales, que son grupos armados que no se desmovilizaron cuando se desmovilizaron los paramilitares o se desmovilizaron falsamente y que el estado no los considera grupos armados al margen de la ley, sino solo grupos criminales, usualmente asociados al narcotráfico. La discusión es si estos que fueron paramilitares son parte del conflicto o no, y por lo tanto si sus víctimas son víctimas del conflicto o no y ese es un debate que polariza la sociedad colombiana. El otro debate es respecto a los menores de edad reclutados durante el conflicto. Se reconoce que los reclutados forzosamente son víctimas del conflicto solo si se desmovilizaron antes de cumplir los 18 años. Pero hay muchos menores reclutados que se desmovilizaron después de esa edad y no serían considerados víctimas, porque el legislador asumió que al cumplir la mayoría de edad la continuidad en el grupo armado se hizo con plena conciencia. Ese es un debate actual, porque la permanencia no necesariamente involucra, en todos los casos, que hubo una voluntariedad de permanencia, puesto que, a veces era la única opción de vida que tenían o existió coerción de por medio. Considero que estas situaciones de exclusión y definición de las víctimas y sus implicancias siempre son cuestionables.

Entrevista de Jean Franco Olivera y Diego Uchuypoma, investigadores del IDEHPUCP

 

 

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