El Estado peruano tiene el compromiso de desarrollar políticas públicas con enfoque de género y de prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra mujeres y contra la población LGBTIQ. Eso forma parte de las obligaciones internacionales del Estado y corresponde a sus obligaciones esenciales en materia de derechos humanos; en un sentido más amplio, ello constituye un requisito para la consolidación de una sociedad democrática.
Por esa razón, resultan preocupantes los nombramientos de ministros que acaba de realizar el Presidente de la República, pues son elecciones que colisionan con los principios que inspiran tales políticas y que generan dudas sobre su continuidad o profundización.
Se trata, en primer lugar, de la designación de Héctor Valer Pinto como presidente del Consejo de Ministros. Como ha sido informado ampliamente, el señor Valer ha sido objeto de denuncias de violencia contra la mujer, y por ello su presencia en tan alto cargo de gobierno genera dudas justificadas sobre las políticas para la eliminación de la violencia basada en el género.
Por otra parte, quien ha sido designada ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la congresista Katy Ugarte Mamani, tiene una posición públicamente expresada en contra del enfoque de género. Así, resulta preocupante que haya sido encargada de un ministerio cuya función es, justamente, fomentar la inserción del enfoque de género en las diversas políticas del Estado y velar por la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia por criterios de género y orientación sexual.
Los compromisos y obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos deben servir como un criterio permanente para toda actuación estatal, incluyendo la selección de los altos funcionarios encargados de diseñar e implementar sus políticas públicas. Por ello resulta indispensable que la composición del gabinete de ministros ofrezca garantías para la defensa y el fortalecimiento de la hoy precaria institucionalidad del país.
