En el caso de los sentenciados por terrorismo, se deben más de 3800 millones de soles al Estado peruano por reparaciones civiles. Esta cifra es aún mayor para los condenados por corrupción que adeudan unos mil millones soles. El abogado penalista Erick Guimaray afirma que los sentenciados por estos y otros delitos no suelen pagar las reparaciones civiles, o solo lo hacen parcialmente, pese a que la justicia tiene las herramientas necesarias para obligarlos a pagar lo que deben.
“La reparación civil es la obligación que recae en un sujeto para resarcir el daño causado. En nuestro país, la experiencia nos dice que no se suelen pagar estas reparaciones. Hay herramientas de cobro, pero no se aplican. Por ejemplo, el juez está habilitado a señalar hasta un tercio de la remuneración del sujeto para el pago de la reparación civil. También está el embargo, que es una medida cautelar que funciona en el proceso penal. Pero se piensa que es más importante averiguar, determinar la responsabilidad del sujeto y, en buena cuenta, se deja de lado la reparación civil”, explica Erick Guimaray.
Sin embargo, pese a que existen estas herramientas de cobro, ellas no funcionan como deberían. Por ejemplo, uno de los problemas que encuentra Guimaray es que muchas veces los jueces solicitan a los procesados la lista de sus bienes después de declararlos culpables. “Ese es el primer gran problema, porque si el juez penal dicta una sentencia y no tiene la lista de los bienes embargables del condenado, va a ser más difícil que le cobre, ya que el procesado puede ir vendiendo sus propiedades durante todo el juicio. Es vital que al inicio del proceso el juez, mediante una medida cautelar, pida que se declaren y entreguen los bienes. Y en lo que refiere a quitarle un tercio de la remuneración del sentenciado para el pago de la reparación civil, también hay inconvenientes, pues si este va a la cárcel, ya no va a trabajar y no va a haber remuneración”, precisa.
Para el profesor del Departamento de Derecho de la PUCP, un primer paso para solucionar este problema sería que se apruebe el proyecto de ley de “muerte civil”, que se aplicaría a los condenados por delitos de corrupción que no paguen la reparación civil, y que algunas autoridades han pedido que se haga extensivo también a los sentenciados por terrorismo. “El proyecto de ley menciona que cuando le debes al Estado, vas a ser inscrito en un registro de deudores, y hasta que no salgas de ese registro no puedes administrar tu vida civil, es decir que no puedes contratar, administrar bienes, no puedes postular a cargos, estás limitado en una serie de derechos que te permiten interactuar económicamente o civilmente con tu sociedad. Esto dura hasta el tiempo que le pagues al Estado”, finaliza.
