El día 01 de febrero del presente año, Amnistía Internacional (2022)[1] ha publicado un reporte que, como lo han hecho otros dos informes de Human Rights Watch (2021)[2] y de ESCWA (2017)[3], ofrece análisis independientes y extensivos de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional cometidas por Israel en contra de la población palestina. Según estos informes, esas violaciones presentan, en conjunto un carácter articulado, sistemático y estructural, elementos fundamentales para concluir que: lo que Israel ejerce contra la población palestina constituye un régimen de apartheid.
En el derecho internacional, el crimen de apartheid es definido y normado por dos fuentes principales: el Estatuto de Roma (1998) y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminacion Racial (1969). Una condición fundamental para que se configure un apartheid, es la imposición de regímenes jurídicos y administrativos diferenciados y discriminatorios en diferentes grupos de población[4]. Israel aplica esta diferenciación entre la población judía y la población palestina en primer lugar[5], y en segundo lugar, entre personas palestinas que viven en Gaza, en Cisjordania, en la ciudad de Jerusalem, en los territorios de Israel o en otros países[6].
Cisjordania representa un ejemplo muy claro de este régimen y de sus consecuencias reales para la población: forma parte de los territorios palestinos cuyo estatus jurídico según el derecho internacional es de “territorios ocupados”[7] por Israel. Está a su vez dividida en tres zonas con régimen administrativo diferenciado, la más extendida siendo la denominada Área C (63% de Cisjordania), que se encuentra bajo control civil y militar israelí. Las otras son el Área A, bajo jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el Área B, cuya jurisdicción militar le corresponde a Israel y la civil a la ANP.
«Al mudarse hacia las ciudades, la población palestina pierde de facto la titularidad sobre tierras cuya propiedad se encuentra generalmente definida por hábitos y normas que datan de la época de la ocupación otomana».
La población palestina que vive en Área C, en su mayoría rural, sufre por constantes agresiones y ataques por parte de civiles israelíes que viven en las colonias y las avanzadillas, asentamientos que surgen en tierras palestinas y que el derecho internacional considera ilegales[8]. Dichos abusos incluyen agresiones físicas, matanza o robo de ganado, erradicación o quema de plantaciones y cultivos, contaminación de terrenos y envenenamiento de pozos y manantiales[9]. Las fuerzas militares, de policía y el aparato jurídico israelí tampoco son ajenos a violaciones y abusos en contra de la población palestina, ya que violencias físicas y verbales, detenciones arbitrarias, secuestro inmotivado de bienes y terrenos, criminalización, abusos de poder y detención administrativa (es decir sin cargo o acusaciones explícitas), ocurren casi diariamente[10].
Estos acosos generan presión en la población palestina, la cual es empujada a abandonar sus tierras y buscar mayor seguridad en las ciudades controladas por la ANP (Área A). Esto permite la expansión de los asentamientos israelíes y su formalización y anexión a los territorios de Israel[11]. Al mudarse hacia las ciudades, la población palestina pierde de facto la titularidad sobre tierras cuya propiedad se encuentra generalmente definida por hábitos y normas que datan de la época de la ocupación otomana (1516 – 1918). En la mayoría de los casos, la titularidad no es respaldada por modernos contratos de propiedad sino por tradición y costumbre, cuya relevancia es afectada e invalidada por un conjunto de leyes promulgadas por Israel como la “Absentee Law”[12] y la “Land Acquisition Law”[13].
Otro actor relevante, que perjudica de forma sustancial la seguridad habitacional de la población palestina, es la DCO (District Coordination Office), la autoridad de administración civil israelí. Su autorización es necesaria para la edificación de cualquier estructura o construcción en Área C, sea permanente o semipermanente, sin embargo la DCO rara vez concede permisos, ni siquiera si se trata de casas, pozos, redes eléctricas, carreteras u otras infraestructuras esenciales. Por esto, la población del Área C vive principalmente en carpas, cabañas o construcciones semipermanentes, o en cuevas, sin acceso seguro y constante al agua, la electricidad, servicios sanitarios y de primer auxilio.
Los diferentes elementos de presión que contribuyen a la privación de la seguridad habitacional de la población palestina sugieren por su complejidad la existencia de una estrategia de agrupación y aislamiento. El objetivo parece ser la anexión de territorios por parte de Israel y la creación de enclaves palestinas, aisladas entre ellas y confinadas a las ciudades del Área A. La compartimentación y aislamiento de parte de la población en áreas sometidas a un régimen administrativo y jurídico discriminatorio se encuentran prohibidas por el artículo 7 (d,h,j) del Estatuto de Roma y por los artículos 3 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminacion Racial.
Superando divisiones ideológicas y planteamientos políticos, la comunidad internacional tiene el deber moral de promover el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional y oponerse a sus violación en cualquier parte del mundo con igual firmeza. De eso, más que cualquier otra cosa, procede su legitimidad como actor super partes y comprometido con la promoción de los derechos a nivel global.
