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Entrevistas 12 de julio de 2022

Esta semana conversamos con Javier Vega, coordinador nacional de proyectos de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, sobre el panorama actual del mercado laboral en nuestro país y la difícil situación que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a un trabajo digno. Según el INEI 8 de cada 10 personas laboran en sistemas de trabajo informal donde las más perjudicadas suelen ser las mujeres, menores de edad y migrantes.

¿Qué factores agravaron la situación laboral de los grupos vulnerables y migrantes tras la pandemia?

El impacto de la pandemia en el mercado laboral, en términos prácticos, ha dificultado aún más las posibilidades de personas migrantes y nacionales en condición de vulnerabilidad de generar ingresos y medios de vida mediante el empleo y autoempleo. El incremento de la informalidad laboral ha precarizado aún más las condiciones de empleo de los grupos vulnerables, la reactivación económica y recuperación del empleo aún no logran traducirse en mayores oportunidades de empleo decente. Desde el Estado, las políticas activas del mercado del trabajo mediante el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo en todos los niveles de gobierno es una necesidad, además de la necesidad de complementarse con políticas pasivas de protección social con enfoque inclusivo para población migrante y nacional en situación de desempleo y/o pobreza. Desde el sector privado, destaca la necesidad de fortalecer la apuesta por la diversificación productiva y el impulso de una economía verde e inclusiva desde sectores con potencial para la generación de empleo, en el marco de un diálogo social con el Estado y las organizaciones de trabajadores para promover marcos de contratación equitativa, transición hacia la economía formal y trabajo decente.

En el caso de las y los trabajadores extranjeros, más allá de su situación migratoria, ¿qué impide su acceso a un sistema formal con mayores derechos laborales?

La normativa sociolaboral para la contratación de trabajadores extranjeros con más de 20 años de antigüedad requiere actualizarse al nuevo contexto de la migración, los límites que impone para la contratación y salarios es una barrera explícita para la formalización de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes. Migración calificada como recurso humano indispensable en cuyo desarrollo el Estado no invirtió es desaprovechada, incrementándose la informalidad laboral y ocupándose puestos de trabajo con desprotección de derechos y expuestos a diversos riesgos como la explotación y acoso laboral, incluso trata. Se requiere promover marcos de contratación equitativa tanto para nacionales como para migrantes, facilitando la protección de los derechos laborales.

A inicios de junio el Perú ratificó el Convenio 190 sobre la Eliminación de Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Sabiendo que muchas mujeres no denuncian o continúan sus procesos, ¿qué se sugieren hacer?

En muchos casos las denuncias no se realizan por el desconocimiento de canales efectivos o por temor a perder el empleo. El convenio 190 obliga a las instituciones del mercado de trabajo a implementar acciones concretas para la prevención, asistencia y protección frente a situaciones de violencia y acoso, por lo que el Estado debe reforzar en todos sus niveles de gobierno el diálogo social tripartito entre gobierno y organizaciones de empleadores y sindicatos.

Aunque la minería o servicios financieros generan ingresos al Estado, no es un agente empleador tan masivo como el comercio o agricultura, los cuales se encuentran en muchos casos más cercanos a la informalidad, ¿qué soluciones recomiendan para mejorar esta situación, en especial para potenciar sectores como las mypes?

Desde OIT hemos señalado la necesidad de fortalecer la diversificación productiva para la generación de mayores oportunidades de empleo formal, así como la identificación y promoción de nuevos sectores económicos con potencial para la generación de empleo. Por ejemplo, en uno de nuestros recientes estudios sobre economía verde, hemos destacado la relevancia y potencial de cinco sectores: la energía solar, el reciclaje industrial, el ecoturismo, la agroecología y la construcción sustentable. Todos ellos, sectores con alto potencial de generación de puestos de trabajo, que con políticas y normativas de promoción adecuadas facilitarían la inversión y dinamización de economías locales. Impulsar además en cada uno de estos sectores el desarrollo y articulación de las cadenas productivas, con asistencia técnica y financiera tanto pública como privada, donde el gran tejido de la mypes saldría beneficiado. Por otro lado, en general para la mypes, se requieren medidas innovadoras que trasciendan el marco actual con políticas y dispositivos regulatorios más focalizados que incentiven la generación y fortalecimiento de negocios, la contratación formal y equitativa de trabajadores nacionales y extranjeros.

El empleo viene en aumento, pero todavía encontramos algunas situaciones de desigualdad como una mayor ocupación en la Costa – especialmente la Costa Centro – al igual que se amplía la brecha salariar entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las cifras clave que debe mejorar?

Efectivamente, la contracción del empleo producto de la pandemia viene retrocediendo y estabilizándose a la situación previa a la pandemia especialmente en algunos sectores económicos, sin embargo, mas allá de las cifras que pueden fluctuar de acuerdo a situaciones específicas lo fundamental es la calidad del empleo. Desde OIT afirmamos que en el país existen altos déficits de trabajo decente, es decir, lo que en la práctica se manifiesta en que un trabajo con derechos y acceso a la seguridad y protección social es aún una realidad para una minoría de la PEA. Por ello, saludamos que el 2021 el Estado haya aprobado la Política Nacional de Empleo Decente, que implica un desafío multisectorial que deberá complementarse con otros esfuerzos para afrontar la informalidad laboral en el país, fortalecer la empleabilidad y mejorar las condiciones de trabajo, especialmente entre grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, discapacitados, migrantes, población LGBTI, entre otros.

(*) Miembro del área de Comunicaciones.