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Entrevistas 3 de octubre de 2016

Entrevista: José Alejandro Godoy

México, Perú y Guatemala somos países bastante parecidos, al tener una herencia indígena bastante marcada. En los últimos años, la multiculturalidad comienza a ser mejor valorada a nivel internacional. ¿En México es así o el discurso alrededor del mestizaje se sigue basando en la uniformización?

Hay que ubicar que, a nivel latinoamericano, el tema de la diversidad cultural al interior de los Estados es un asunto presente. Sin embargo, me parece que el reconocimiento de los aparatos estatales de cada país sobre dicha diversidad no implica que se refleje en mayores derechos de los pueblos indígenas. En el caso de México, existió una reforma constitucional de la década pasada sobre pueblos indígenas y una más reciente, en 2011, sobre derechos humanos y pareciera que ese marco normativo da pie a un campo de acción en el ámbito jurídico. Sin embargo, en términos prácticos de la vida cotidiana de los pueblos, la afrenta que el capital extranjero – transnacionales mineras, iniciativas para represas – afecta de manera sustancial derechos colectivos y el Estado no necesariamente garantiza los derechos al territorio, la vida, a la diversidad social, política y cultural. Hay distintas acciones y reacciones por parte de organizaciones de los pueblos directamente afectados. Dichas respuestas no atraviesan necesariamente el campo de lo jurídico. Muchas están acompañadas de movilizaciones políticas y sociales.

Cuando hablamos del Estado y su carencia de respuestas, ¿nos referimos al nivel del gobierno federal en México o también en el caso de los niveles subnacionales?

Tenemos tres niveles de gobierno: federal, estatal y local. Además, hay otro ámbito ligado a gobiernos comunitarios. Por lo general, el nivel de gobierno federal y los gobiernos estatales tienen una respuesta en el mismo perfil, es decir, no favorecen a los pueblos indígenas. Sin embargo, no es lo mismo hablar de pueblos que habitan al sur del país de quienes viven al norte, pues existen distintos avances en sus constituciones estatales y el perfil de la población así como su experiencia es distinta.

¿Por qué tenemos estas experiencias distintas?

Hay casos como los del pueblo Yaqui y demás pueblos del norte en los que mantuvieron una lucha fehaciente contra la colonización o su contacto con el aparato estatal se produjo en los siglos XIX y XX. Frente a la expulsión de sus territorios, ellos lucharon contra el Estado y reclamaron sus derechos. En el caso del sur de México, la historia de cada estado y cada pueblo originario tiene sus matices. En los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen una amplia presencia de pueblos originarios, la experiencia en su relación con el Estado estuvo marcada por las políticas de asimilación.

¿Existe alguna política desde el Estado mexicano, en alguno de sus tres niveles, que sea favorable a los pueblos indígenas?

Siendo honestos, yo creo que no. Porque la Constitución del estado, es decir, su formación, que se fundamenta en una línea racial, hace que siga construyendo una idea del otro – que son los pueblos originarios – en un lugar de subordinación, de tutela o de dominio.

O de incorporación dentro un proceso de mestizaje, que es a la larga asimilacionista.

Es cierto que hay una promesa de incorporación y mejora, para construir un sujeto nacional a partir del discurso de la «raza cósmica» de Vasconcelos. Pero la misma promesa es inacabada, porque no garantiza mejoras en tu vida. Y porque los mismos pueblos han decidido no hacerla, pues han tomado decisiones sobre su subsistencia como pueblos y la forma como quieren relacionarse con la sociedad o la tecnología. El Estado ha sido muy fuerte en sus políticas de asimilación, pero no le conviene que se complete, porque la existencia del otro le garantiza que existan relaciones de superioridad y legitimación de privilegios de cierto sector de la sociedad. Lo que se nota es una exacerbación de las diferencias culturales, sin tocar los aspectos políticos y económicos. Es una folklorización de los pueblos indígenas. En Oaxaca se ve mucho en las celebraciones desde la ciudad sobre la diversidad étnica: «cuantas lenguas hablamos, cómo vestimos, la gastronomía». No toca el sistema normativo interno, ni los aspectos de elección de autoridades. En eso sí somos atrasados y necesitamos tutela. Es la construcción a conveniencia de un sujeto que siga manteniendo un orden jerárquico de relación entre el aparato estatal y los pueblos originarios.

Ser mujer e indígena en nuestros paises es bastante complicado. En el Perú, implica analfabetismo, exclusión del mercado de trabajo y que, durante el periodo de violencia, ellas fueron quienes buscaron a muertos y desaparecidos. Para México, ¿cuál es la situación de este grupo de personas y cómo ellas logran empoderarse para plantear su agenda?

Hay una idea previa. En efecto, como sociedades originarias, la violencia es estructural, por la conformación de los Estados. Añadido a ello, existe una situación estructural sexista en las sociedades latinoamericanas. En el caso de México, ello está presente. Sin embargo, aceptando que esta realidad existe, despojamos la capacidad organizativa de las mujeres y la aparente separación de lo individual y colectivo de las mujeres al interior de sus comunidades. Y, además, subyace la idea de ver prejuiciosamente a las mujeres indígenas únicamente como víctimas. Eso me parece sumamente violento, porque impide ver su rol en nuestras sociedades para mantener nuestra dignidad y nuestra vida dentro y fuera de las comunidades. Sí hay que hacer esta cuestión previa, pues hay que mirar las formas cómo las mujeres al interior de las comunidades las seguimos manteniendo vivas y cuáles son nuestros intereses más allá de las agendas de instancias internacionales y estatales.

(03.10.2016)