Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
Opinión 13 de mayo de 2016

La libertad de expresión es un producto crucial de la Ilustración y de las revoluciones estadounidense y francesa. Una sociedad basada en la igualdad civil y en el trato igualitario, así como en el respeto de los derechos de las personas, valora la potestad de los individuos de expresar y difundir sus opiniones y pensamientos sobre distintos temas. Lo que se espera es que tales opiniones e ideas puedan ser discutidas y contrastadas por otros argumentos. Esto no puede ser sancionado por un Estado democrático. La difamación es, obviamente, una lesión de la ley, pero ella solo existe si se falta a la verdad para perjudicar a un tercero, o si se emplea el agravio para dañar su reputación. Es absurdo confundir crítica con difamación.

La libertad de expresión es un principio fundamental en un Estado de derecho. Una de las diferencias cruciales entre un régimen democrático y uno totalitario reside en que el segundo restringe severamente el derecho a opinar y a formular las propias ideas. La sociedad totalitaria cree que tener determinadas opiniones socava las instituciones y vulnera la posibilidad de un proyecto colectivo nacional: quien discrepa puede convertirse en “enemigo público”, que daña los ideales patrios. Habrá entonces que reprimirlo en nombre del presunto progreso de las mayorías. Por el contrario en una sociedad democrática las opiniones diferentes son bienvenidas en la medida que sean compatibles con el debido respeto a los individuos y puedan ser justificadas en los foros de reflexión pública. Sin respeto de la diversidad no hay democracia.

En los años noventa vivimos un régimen autoritario que compró los medios de prensa y que persiguió a sus críticos en el mundo de la política y el de las comunicaciones. La libertad de expresión se vio pues amenazada a partir del control gubernamental de los poderes del Estado. Fue una época temible para las libertades civiles. Han pasado apenas dos décadas desde aquellos tiempos: no olvidemos el profundo daño que experimenta la vida comunitaria cuando en ella se restringe el derecho a pensar por cuenta propia y a expresar los pensamientos en libertad.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República