Escribe: Valeria Aron Said (*)
La gestión de la movilidad humana en el Perú ha sido compleja; su respuesta ha oscilado entre la inicial apertura hacia los migrantes, y la actual implementación de medidas de restrictivas. En este sentido, no se sería del todo correcto hablar de una política migratoria peruana como tal, sino más bien de reacciones políticas dictadas por condiciones coyunturales. El caso de los recientes despliegues militares en las fronteras de Tumbes y Madre de Dios ejemplifica vívidamente lo anterior: respuestas políticas inmediatas que no garantizan resultados a largo plazo, pero que sirven para proyectar la idea de que el Estado está controlando su territorio. Estas falsas ilusiones son potencialmente peligrosas por dos razones; la primera, por las intenciones políticas que podría haber detrás y la segunda, por la irremediable condena al fracaso de estas acciones.
Con respecto al primer punto, la capitalización política de los fenómenos migratorios es una práctica extendida que se manifiesta con frecuencia a través de discursos populistas que buscan generar dicotomías entre un “nosotros” y un “ellos”[1]. De esta manera, la narrativa se construye sobre el peligro y la amenaza que representan la entrada de dichos “extraños” al país[2]. En el actual contexto de desprestigio político, el gobierno se puede sentir en la necesidad de implementar medidas concretas que afirmen su legitimidad. Esto lo logra a través de acciones que visibilicen su compromiso y la efectividad de su gestión. En este contexto, los flujos migratorios se muestran como una alternativa conveniente para demostrar la capacidad reactiva del Estado; los controles de fronteras son políticas inmediatas que generar efectivos visibles[3]. Así, a través de las imágenes de tanques militares, soldados y policías resguardando el territorio nacional, se busca transmitir la idea de un Estado que tiene presencia y control sobre su territorio.
«La lógica del cierre de fronteras genera efectos perversos; por un lado, el exceso de control conduce al aumento de la migración irregular, y por otro, la criminalización de los migrantes es una incitación para el surgimiento de actitudes xenofóbicas y discriminatorias.»
Ahora bien, sobre el segundo punto, el principal problema de la militarización de las fronteras es que es una medida que no funciona. Diversos estudios han comprobado que la presencia de muros o personal militar en el territorio no detiene el transito internacional de personas. Lo que sucede, en cambio, es que los flujos migratorios se modifican en sus formas y rutas, mas no en sus dimensiones[4]. Por lo tanto, implementar acciones de securitización como las discutidas, lo que terminan generando en realidad es el incremento de la vulnerabilidad de los grupos migratorios; al fomentar el movimiento irregular de personas, se incentiva y fortalece la existencia de redes de trata de persona, tráfico ilícito de migrantes y aumentan los peligros y costos para quienes buscan migrar. El incremento de la migración irregular también implica la pérdida del control migratorio por parte del Estado; no pueden conocer quiénes entran, cuándo ingresan, cómo lo hacen ni dónde están. El resultado de la militarización es entonces más bien paradójico; si bien el objetivo que persigue es controlar los flujos migratorios, el efecto que esta tiene es precisamente el contrario.
En la misma línea, la lógica del cierre de fronteras genera efectos perversos; por un lado, el exceso de control conduce al aumento de la migración irregular, y por otro, la criminalización de los migrantes es una incitación para el surgimiento de actitudes xenofóbicas y discriminatorias[5]. En este sentido, tanto la población migrante como local se ven afectadas por estas medidas restrictivas. En la misma situación de perjuicio se encuentran los gobernantes; dado que las acciones implementadas no logran frenar los flujos migratorios, su credibilidad se puede ver cuestionada al generarse la percepción de que no son capaces de controlar quiénes entran al país.
A la luz de los recientes acontecimientos, es necesario comprender que tanto los nacionales venezolanos como haitianos son flujos migratorios humanitarios; salen de su país por la desesperación de las condiciones invivibles en las que se encuentran. Muchos llegan caminando, con niños y niñas en brazos, con la única esperanza de encontrar un futuro mejor. Es la necesidad de supervivencia la que los obliga a migrar, por lo tanto, concebir estos movimientos migratorios como un éxodo voluntario que se va a detener, es una comprensión completamente errónea del fenómeno.
Lo que el populismo migratorio termina generando es una falsa sensación de seguridad, y a la larga, mayores dificultades para el Estado. En el contexto de debilidad institucional peruano, medidas a largo plazo que permitan conocer y controlar mejor estos flujos migratorios son preferibles, pues permiten su caracterización y dimensionamiento para la generación de políticas migratorias que garanticen los derechos de los migrantes. Por el contrario, con medidas guiadas por la securitización se están gestando potenciales problemas; redes ilegales y organizaciones criminales que no solo escapan al radar del Estado, sino que en ocasiones hasta podrían enfrentarlo y causar mayores niveles de violencia.
