Escribe: Paola Velarde (*)
El pasado 13 de mayo se aprobó en el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley N° 3047, que declara al distrito de Sacsamarca y sus anexos, ubicados en la provincia de Huanca Sancos, Ayacucho, como “cuna de rebelión contra el terrorismo, para la pacificación nacional”[1]. La resistencia y defensa de la democracia fue una respuesta conjunta de la población civil, quienes se organizaron para hacer frente a los intentos de control de Sendero Luminoso en la zona .En esa línea, el proyecto busca rendir homenaje, cada 15 de febrero, al primer levantamiento de población civil contra Sendero Luminoso, ocurrido en esa misma fecha en el año 1983. Asimismo, se busca reconocer otro evento igual de relevante: la Batalla de Sacsamarca, ocurrida el 21 de mayo de 1983, en la que valerosos comuneros y tres miembros de la policía se enfrentaron y derrotaron a miembros de la agrupación terrorista.
La respuesta de la comunidad organizada de Sacsamarca evitó que el ataque de los senderistas – que, se sugiere, eran cerca de 300[2] – tuviera resultados fatídicos similares a la masacre de Lucanamarca, ocurrida el 3 de abril de 1983, como medida represiva de PCP-SL por la ejecución de dos de sus líderes, en la cual fueron asesinadas 69 personas. El Informe Final de la CVR reconoce las acciones de rebelión de los sacsamarquinos como “el punto de inicio de las sucesivas rebeliones contra el PCP-SL”[3], enmarcándose así en un contexto de varios levantamientos en la región sur: Lucanamarca, Sacsamarca y Huancasancos, que, a pesar de los distintos resultados, visibilizan la valentía de hombres y mujeres que lucharon y defendieron, desde los primeros años del periodo violencia, la democracia y la vida.
«Sería fundamental que el Ejecutivo promulgue la iniciativa legislativa, y así se recupere la relevancia histórica y cívica de Sacsamarca un 15 de febrero de nuestra historia reciente.»
Sin embargo, a pesar de la importancia de estos actos, no solo para enfrentar a Sendero Luminoso, sino también para la cohesión y defensa de la propia comunidad, el Estado central nunca había reconocido la acción de la ciudadanía organizada de Sacsamarca. Fue la entonces congresista Tania Pariona[4], quien en el 2018 impulsó el reconocimiento de Sacsamarca por el Congreso de la República, logrando realizar una ceremonia pública en la localidad con la presencia del Ejecutivo, a través del ex Viceministro de Derechos Humanos y acceso a la Justicia Miguel soria. En escenarios como estos, se evidencia la gran relevancia que adquiere el reconocimiento estatal hacia los familiares y víctimas durante el posconflicto, en tanto contribuye con la restitución y reconstrucción del vínculo entre el ciudadano y el Estado central para quienes sintieron, por muchos años, su ausencia en distintas dimensiones que afectaron su desarrollo integral y a nivel de comunidad.
No se debe olvidar que la sociedad civil tuvo un rol determinante en la lucha contrasubversiva, como las rondas campesinas, y también de manera individual, en el que muchas autoridades locales se opusieron e hicieron frente a los planes de Sendero Luminoso a pesar de las amenazas, lo que en muchos casos hizo que terminaran siendo torturadas e incluso asesinadas. A pesar de que estas afectaciones están contempladas en el Plan Integral de Reparaciones (PIR)[5] que ha implementado el Estado – y próximamente, en el Plan Nacional de Memoria-, no se debería minimizar la necesidad de visibilizar constantemente estos actos de reconocimiento y reivindicación a nivel colectivo y en los espacios públicos, en tanto se honra la memoria de la persona y su familia y, al mismo tiempo, se recuerda la importancia de una sociedad civil activa y vigilante ante eventos o actos que atenten contra la democracia.
Sería fundamental que el Ejecutivo promulgue la iniciativa legislativa, y así se recupere la relevancia histórica y cívica de Sacsamarca un 15 de febrero de nuestra historia reciente. La memoria la hacemos todos y todas diariamente, si bien ha sido asumida, en parte, por el Estado peruano, como ciudadanos y ciudadanas tenemos el compromiso de mantenerla vigente y activa, por quienes defendieron la democracia y la vida en las etapas más adversas, y recordar que sus actos no fueron en vano.
