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Notas informativas 28 de enero de 2020

Tras las elecciones congresales – cuyos resultados para muchos tuvo más de una sorpresa – tenemos 130 escaños repartidos en distintas agrupaciones sin una mayoría plena. Serán ellos los encargados de continuar – o reformular – una agenda pendiente de las anteriores legislaturas. ¿Veremos aprobar leyes que beneficien a los derechos humanos o, por el contrario, habrá una posición más hostil desde el congreso?

Conversamos con Walter Albán,  docente de la PUCP y miembro de la Asamblea de IDEHPUCP sobre los retos de este nuevo congreso y cómo será su papel frente al Ejecutivo.

En este corto y especial proceso electoral que hemos tenido, ¿logró observar alguna propuesta interesante para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos fundamentales entre distintos/as candidatos/as?

En verdad, nada relevante. Las pocas oportunidades que en esta corta campaña los candidatos o candidatas han abordado temas de importancia, se han limitado a recoger algunos de los aspectos que estuvieron ya en debate desde tiempo atrás, cuando el gobierno del Presidente Vizcarra planteó al Congreso de entonces, diversas iniciativas para la lucha contra la corrupción, la reforma judicial y la reforma política.

Entre las primeras acciones que han confirmado los/as candidatos/tas será el revisar los Decretos de Urgencia emitidos durante el interregno parlamentario. ¿Hay algún  DU que le parece particularmente importante destacar?

Como sabemos, una vez instalado el nuevo Congreso de la República, conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, luego de que el presidente del Consejo de Ministros haya sustentado la actuación del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Se entiende por lo demás que la Comisión Permanente debería alcanzar un informe al nuevo Congreso, específicamente respecto de los DU. Ahora bien, el Poder Ejecutivo, luego de disolver el Congreso anterior, ha dictado alrededor de 60 DU, obviamente sin la limitación, que la Constitución ha señalado para circunstancias regulares, de ocuparse exclusivamente de materias económico-financieras. Los DU, en el interregno parlamentario, han sido previstos como la atribución para legislar, excepcionalmente otorgada al Ejecutivo bajo tales circunstancias. Algunos de tales decretos revisten especial importancia sin duda, como el que se ocupa de garantizar la disponibilidad en el mercado de los denominados medicamentos genéricos, o el que establece el control previo de las operaciones de control empresarial, así como aquél que modifica la Ley General del Arbitraje, para establecer reglas especiales tratándose de procesos en los que participa el Estado peruano como parte. No obstante ello, se trata de cuestiones que obedecen a políticas de Estado que atienden el interés general, por lo que difícilmente podrían dar lugar en mi criterio a su desaprobación por el nuevo Congreso.

Con el nuevo parlamento también se reactivará el trabajo en las comisiones ordinarias, cuya agenda quedó detenida, ¿qué temas cree que debería retomarse con mayor interés?

No me cabe duda que todos los procedimientos que quedaron truncos en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, debieran ser retomados, así como abrir nuevos procesos para aquellas altas autoridades, particularmente en el sistema judicial, cuya conducta compromete seriamente su permanencia en los cargos que hoy ocupan. Por lo demás, es urgente retomar las reformas políticas que quedaron truncas con el anterior Congreso. Ello hará especialmente delicada la tarea de Comisiones como la de Justicia y Derechos Humanos, y la de Constitución. Sería muy importante trabajar en función de contar con nuevas reglas en materia electoral, que permitan mejorar sustantivamente las condiciones que habrán de regir las elecciones generales del año 2021.

«La necesidad de contar con 87 votos para la elección de los nuevos miembros del TC hace difícil pensar que se pueda esperar el consenso necesario para llegar a este resultado»

En campaña – como suele suceder- aparecen propuestas que van desde pena de muerte para corruptos, expulsión de migrantes, cierre fronterizo, además del «fortalecimiento de la familia» o la revisión del plan educativo. ¿Qué puede hacer la sociedad civil si se llegase a aprobar este tipo de proyectos?

Creo que la sociedad civil, debe asumir un rol mucho más proactivo y organizarse en torno a los temas centrales como los señalados, en los que el país no debe retroceder. El nuevo Congreso, no tiene la capacidad de actuar con el autoritarismo y los “oídos sordos” del anterior. La fragmentación que evidencian los resultados electorales, hacen notar que, tanto el gobierno como el Congreso, se encontrarán en una actitud mucho más dispuesta a atender las demandas ciudadanas. No debemos desaprovechar esta oportunidad.

En paralelo al nuevo congreso también tendremos la flamante Junta Nacional de Justicia y la posibilidad de nombrar nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, ¿cómo espera que las instituciones trabajen entre sí para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción?

Los resultados del concurso público para la creación de la JNJ, fueron empañados por la sospechosa actuación de algunos de los miembros de la denominada Comisión Especial, particularmente el Defensor del Pueblo y el presidente del Poder Judicial. Esto hace que tengamos dudas sobre la actitud que asumirán en sus nuevos cargos algunas de las personas designadas. Podemos confiar sin embargo en una mayoría que tratará de asumir la difícil tarea que tienen por delante (que supone, entre otros encargos, el de revisar algunas decisiones del ex CNM), pero necesitarán con seguridad de un amplio respaldo ciudadano que incluye la atenta vigilancia a la labor que habrán de desarrollar. De otro lado, la necesidad de contar con 87 votos para la elección de los nuevos miembros del TC hace difícil pensar que se pueda esperar el consenso necesario para llegar a este resultado. Pero tal dificultad no debe dar lugar a una postergación de esta importante atribución del Congreso. Quizá este sea la prueba que deban superar las diferentes bancadas para demostrarle al país que existe una voluntad mayoritaria por el diálogo y  una labor constructiva, en favor del interés general.