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Nacional 27 de agosto de 2013

El 28 de agosto del 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó nueve tomos como corolario de la investigación que durante año y medio realizó sobre la violencia política que azotó al país entre 1980 y el 2000. Una década después, tres de sus miembros se reunieron con La República para hacer un balance de la implementación de sus recomendaciones. 

El ex presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres y los comisionados Sofía Macher y Rolando Ames, resaltaron los avances realizados, pero advirtieron que aún falta mucho por hacer para cerrar las heridas que dejó el conflicto armado interno.

TAREA INCONCLUSA 

Lerner: Podría pensarse que la tarea de la CVR culminó el 28 de agosto del 2003, con la entrega del informe final, sin embargo, no acabó allí, sino que fue el primer momento de un proceso largo que debía desarrollarse a partir de entonces para tener un país más democrático, menos violento, con ciudadanía plena para todos los peruanos. Ese 28 de agosto no solo entregamos un informe, sino una serie de tareas y responsabilidades. Diez años después se ratifica que el informe no podía ser solo una reseña de 20 años de violencia, sino un diagnóstico del país. Obedeciendo el mandato de creación de la CVR exploramos en las llamadas “causas de la violencia” pero además, teníamos que plantear reformas institucionales, lo que orientaba nuestro trabajo no solo hacia atrás sino hacia adelante. 

Tratamos de contestar la pregunta de por qué la violencia, por qué esas víctimas, y cómo eso no debiera volver a ocurrir. Han transcurrido diez años y creo que en un país como el nuestro, en que se crean comisiones y se entregan informes que desaparecen a la semana, conmemorar diez años es un mérito, quiere decir que ha calado hondo, porque refleja lo que es el Perú. Pero frente a esa memoria, la respuesta del Estado y la sociedad ha sido insuficiente.

Macher: La primera conclusión del informe de la CVR es que éramos un país escindido, racista, discriminador y eso se tenía que revisar y reformar. Es cierto que se han dado reformas, pero insuficientes. Algunas van en la dirección que planteó la comisión pero no hay una política global del Estado. Por ejemplo, en diciembre se dio la ley que define la función de la Policía, así como la norma por la que se define y subordina las Fuerzas Armadas (FFAA) al Ministerio de Defensa. Y una de las recomendaciones era que se revise la intervención y poderes de las FFAA en estados de emergencia; esto se hizo pero también se dio otra ley que permite la intervención de las FFAA en situaciones de conflictividad social, sin estado de emergencia y cuando la policía no puede controlarla. 

Por un lado, se toma en cuenta el enfoque del informe de la CVR, que pedía un control democrático de las FFAA, y por otro, se abre una puerta mucho más grande porque se dice que todo lo que suceda en estas intervenciones será visto como delito de función y en tribunales militares. 

Ames: La creación de la CVR y el encargo que recibió de dos gobiernos, de Paniagua y Toledo, es inédito en la historia del país. El Estado encargó a una comisión independiente, evaluar lo que pasó, y no únicamente lo que hicieron los terroristas, sino el propio Estado. Y encontramos que esta guerra interna fue distinta a la que ocurrió en Argentina o en Chile, donde la sociedad entera fue afectada, más o menos de manera pareja; y donde la subversión estuvo ligada a  movimientos sociales, no a un grupo tan extremo, arbitrario y sectario, como Sendero Luminoso. Pero sobre todo, en esos lugares las víctimas fueron de sectores medios e incluso altos, y cuando terminó el conflicto la conciencia de que debía haber justicia, fue de alguna manera compartida y, en medio del conflicto nadie negó que hubo crímenes. En cambio, en Perú se contó una historia por la cual los terroristas fueron autores de todos los males y el Estado impuso el orden; cuando lo que hubo fue una sociedad escindida, en la que no se conocía lo que pasa lejos de Lima con los sectores pobres rurales. Por eso planteamos que el problema de Perú exigía un nuevo pacto social, para tratar a las poblaciones, que son consideradas inferiores porque vienen de las etnias originales, como ciudadanos iguales. El mensaje de la CVR es que construyamos una democracia no solo de instituciones políticas, sino de respeto mutuo. En ese sentido el informe está vigente.

Lerner: Hay determinados patrones de conducta que se convierten hasta cierto punto en icónicos y que tienen que ser desterrados. Cuando el primer ciudadano de la Nación trata a sus conciudadanos de perros del hortelano, cuando un candidato a la presidencia de la República habla de la imposibilidad de pensar con claridad debido a la altura, tenemos un fenómeno antieducativo. Eso explica que algunos estén por la CVR pero otros creen que no se ha hecho nada y que Movadef es una opción.

PERSISTEN LAS CAUSAS  

La CVR explicó las causas que generó la violencia política ¿Ha cambiado algo?

Lerner: En los treintantos libros que hay de testimonios de gente joven que ha visitado la muestra fotográfica Yuyanapaq, una de las frases más repetidas es “¿esto ocurrió en mi país?», “¡Qué desgracia! ojalá no vuelva a ocurrir”. Quiere decir que hay una nueva generación en que los familiares callaron, no sé si por vergüenza o por dolor, en que el Estado no ha dicho nada.

Después del gobierno de transición no hubo interés prioritario por cambiar las cosas y se apostó por el crecimiento económico, pensando que lo demás se daba por añadidura. Gustavo Gutiérrez dijo que Perú es el único sitio en que el chorreo cae para arriba, y los “insignificantes” no son escuchados. Más allá del señor Toledo que, en 15 segundos, dos o tres meses después de la entrega del informe final de la CVR, pidió perdón a todos los peruanos, no hay una sola institución pública ni social que haya reconocido sus errores. 

Macher: ¿Qué tanto se ha cambiado? Por un lado está el Estado pero también la sociedad. ¿Qué estamos cambiando como sociedad frente al racismo, la discriminación, el diferente? Eso sigue presente en la sociedad peruana. Pero hay un movimiento subterráneo importante de artistas, de gente en la calle, películas, libros que ha cambiado, aunque siguen siendo marginales. 

Además, en Chungui, que fue un emblema de la concentración de la guerra, los jóvenes no saben lo que pasó y no lo quieren saber. Allí hay más de 200 fosas, pero el Ministerio Publico ha hecho  solo tres exhumaciones. Allá, los comités de autodefensa ganaron la guerra y no quieren que se levante nada. Y me preocupa que el mapa de la pobreza, que es el mismo que el del conflicto, no incluya las secuelas de la violencia en los criterios de selección, atención y diseño para combatir la pobreza. 

Ames: Hay un tema casi de defensa propia. Piensan: no quiero ser un muchacho de 15 años, llorando todo el tiempo por lo que les pasó a mis abuelos, quiero progresar y vivir contento. Pero si pudiera hablar lo que siente, no solo se liberaría sino que sería un ciudadano más activo y podríamos tener una democracia de otra calidad.  

Me llamó la atención positivamente ver empresarios y cocineros conocidos en materia culinaria, que hoy es orgullo del país, que reconozcan explícitamente que sus recetas tienen éxito porque las han buscado en las costumbres ancestrales. Eso muestra que hay élites que reconocen que “el Perú de abajo” tiene valores. El mensaje es que no solo hablemos de crecimiento, que todo va bien, porque entonces seguimos repitiendo esta unilateralidad. 

REPARACIONES 

Cuando entregaron el informe dijeron que había un trabajo por continuar. ¿El Registro Único de Víctimas debe permanecer abierto a fin de reparar a todos los afectados? 

Macher: De acuerdo a la ley el registro es permanente y no se debe cerrar. Pero el Decreto Supremo 051 cortó las reparaciones económicas al decir que solo se pagaría a los inscritos hasta diciembre del 2011. Es inaceptable que si dos personas sufrieron lo mismo, solo una haya recibido reparación económica individual. Los afectados que no la han recibido podrán ir a la Corte Interamericana y con seguridad les darán la razón. Hay mecanismos para cambiar ese decreto y si no lo hacen están cometiendo un error muy grande.

El año pasado hubo 140 millones de soles para reparaciones, que no es cualquier cosa, es una cifra respetable, aunque se necesita más. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

¿Cuánto han cumplido los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala?

Lerner: El gobierno de Toledo tuvo la virtud de dejarnos trabajar, no interferir y destinar los fondos suficientes para que la comisión cumpla su labor. Desgraciadamente allí terminó. La CVR le dejó una hoja de ruta, y además tenían el modo de avanzar en reparaciones y justicia. Soy testigo de que gobiernos extranjeros quisieron apoyar con una moratoria de la deuda a fin de destinar dinero a las reparaciones, pero no fue aceptado. Y en lo que toca a reformas institucionales, fue un gobierno débil. 

El señor García no quiso aceptar el dinero para el Museo de la Memoria y tuvo que hacerse una carta con cientos de firmas, encabezada por Mario Vargas Llosa, para que lo acepte. García gobernó entre el 85 y 90, en que se produjo el caso de Molinos, las cárceles del Frontón, entre otros, y la CVR encontró responsabilidad moral en él; imagino que por eso no estaba predispuesto a apoyar las recomendaciones.

El gobierno del presidente Humala, retóricamente, parece haber tomado conciencia del informe porque habla de inclusión y nosotros planteamos luchar contra la discriminación. Pero una cosa es ver el problema y otra tratar de solucionarlo. Programas sociales un poco desperdigados son aspirinas contra el cáncer y no creo que sea el modo de llevar a cabo reformas institucionales y dar vigencia al diálogo intercultural. El señor Humala podría dar signos de que efectivamente quiere reformar las cosas. Está a mitad de su período, esperemos a ver qué hace.

Ames: Necesitamos un nuevo relato como país. Entre los años 60 y 80, el relato dominante fue la necesidad de justicia social; de los 90 para acá, sobre todo en los últimos años, se decía que habíamos resuelto los problemas del país porque estábamos creciendo económicamente, aunque hay una tendencia natural de responder, que ese crecimiento no incluye ni trae ventajas. Nos hace falta un relato profundo, que no admita que el crecimiento económico, el progreso científico y técnico es fundamental pero que el asunto es cómo y para qué crecemos. Y ese relato tiene que admitir que hay una injusticia profunda cuando el sistema económico no crea empleo.  Pero no solo hay que quejarnos sino producir un nuevo relato, que tiene que venir no solo de Lima, sino de las regiones, recogiendo la visión del ande profundo.

LOS DESAPARECIDOS

La CVR dejó una lista de 8,558 desaparecidos y más de 4 mil sitios de entierro. Diez años después se entregó poco más de 1,300 restos a sus familiares. ¿Qué ha faltado?

Macher: Esa es la gran deuda que todavía se tiene. En el 2002 cuando la CVR hizo las primeras exhumaciones no había investigación antropológica forense, ahora tenemos el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público tiene un equipo especializado forense en Lima y Ayacucho, con  un laboratorio de ADN de huesos. Y sus cifras oficiales basadas en los registros de las ONG, dicen que hay 15 mil desaparecidos. 

Pero la recomendación de la CVR fue que se instale una Oficina de Búsqueda de Desaparecidos y la exhumación es solo un paso de todo el trabajo para hallar a los desaparecidos, con investigación preliminar, fichas antemorten, declaracion de testigos y familiares. En esta instancia de búsqueda que tienen que intervenir varios sectores y alianzas con gobiernos regionales. 

Cuando publicamos los nueve tomos del informe fui a Ayacucho a entregarlos a la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Les dije: Aquí está su historia y el Estado les está dando la razón. Ellos respondieron: Pero dónde está mi hijo, mi esposo.

ACCESO A LA JUSTICIA 

La CVR entregó 47 expedientes para su judicialización, la mayoría de los cuales aún no han culminado. ¿Por qué? 

Lerner: Ya no hay un subsistema exclusivo para los casos de violaciones a los derechos humanos, pues lo ampliaron para ver casos de corrupción y narcotráfico. Además, muchos de los casos por violaciones a DDHH por parte del Estado fueron de alguna manera juzgados en el fuero militar y cerrados por falta de prueba indiciaria que no era suministrada por las autoridades encargadas de dar información sobre los efectivos de las FFAA y la Policía. Los principales líderes de Sendero Luminoso y sus seguidores han sido juzgados, muchas veces gracias a los informes hechos por la CVR como el juicio a Abimael Guzmán, a quien se le aplicó la autoría mediata. Desde la justicia hay un aspecto icónico, ejemplarizador con los juicios al Grupo Colina, Montesinos y Fujimori; sin embargo, hay crímenes que no han sido sancionados por falta de legislación y preparación del sistema judicial.

Macher: Uno de los informes de la Defensoría del Pueblo establece que hay dos etapas: en la primera se empezaron los procesos judiciales y se dieron los subsistemas de Derechos Humanos, pero en el 2007 se produce un quiebre, una regresión, pues empezaron a concederse solicitudes de nulidad por doble juzgamiento en instancias vistas en el fuero militar. Diez años después, casi el 70% de los casos que entregó la CVR sigue en alguna etapa judicial. Hay casos emblemáticos como las ejecuciones y desapariciones en el Cuartel Los Cabitos, de Ayacucho.  Hay  pruebas contundentes pues aunque los militares lo negaron, están los restos humanos y los hornos donde los quemaron. También está Accomarca, con un caso inédito, en el que el entonces subteniente Telmo Hurtado se está enfrentando a los mandos militares, diciendo «tú me mandaste matar».

Lerner: A diferencia de lo que dicen algunos analistas políticos los problemas que provocaron la violencia subsisten. No se puede decir que ya todo pasó, o como algunos dicen «no miremos el retrovisor porque estamos avanzando». Hay que enseñar a los jóvenes a tomar conciencia de lo que pasó, a tener memoria, para que no caigan fácilmente en cantos de sirena como Movadef, sino a tomar conciencia de la necesidad de un país más dialogante.