Montoya destacó la importancia que la ciudadanía da a este tema y la oportunidad de implementar una visión integral que representa para el gobierno que recién se inicia: «La corrupción es el segundo problema que preocupa más a los peruanos, luego de la inseguridad ciudadana. En ocasiones, ha sido el primero. Siempre se ha dicho, y es cierto, es un fenómeno multicausal, por lo que hay que abordarla desde distintos ángulos. Se espera una respuesta integral, desde una prevención de la corrupción a largo plazo con políticas educativas, prevención administrativa – con una serie de reformas a la Ley de Contratación Estatal -, potenciar las capacidades de la Contraloría General de la República, avanzar progresivamente con la Ley de Servicio Civil».
El abogado se refirió a la necesidad de promover mejoras en los mecanismos represivos. Señaló la necesidad de mejorar, sobre todo en provincias, la comunicación y coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y sancionar estas conductas, como la UIF, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial. A ello se suma la reducción de la desconfianza entre el Poder Judicial y la Policía Nacional.
Sobre la propuesta de la congresista Vilcatoma, indicó que se encuentra de acuerdo con la existencia de una Procuraduría autónoma del Ministerio de Justicia – y del gobierno de turno – como parte de una reforma del sistema penal anticorrupción. Sin embargo, encuentra algunas dificultades en los detalles del planteamiento de la parlamentaria. «Es una pieza vital y necesaria contar con una Procuraduría General, que tenga dentro de sus funciones el impulso de los casos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico. Se requiere una reforma constitucional, que se puede hacer con consenso político. Se debe establecer cómo se elige a la cabeza de este órgano autónomo, lo que determina cómo será este organismo. Yo no comparto la propuesta de la congresista, que señala una elección a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que el CNM tiene algunos cuestionamientos, y hay dudas sobre la forma de elegir jueces y fiscales». Montoya piensa que el procurador general debe ser elegido por el Congreso de la República mediante la misma votación calificada requerida para el defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Finalmente, Montoya destacó la necesidad de contar con presupuesto necesario, una organización eficiente y un cuerpo de peritos que generen informes importantes para este nuevo organismo. A ello se suma la necesidad de convenios de cooperación interinstitucional.
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