Ruth Buendía: “Los asháninkas no nos oponemos al desarrollo de nuestro país”

“Nunca imaginé que luego de tantos años de trabajo, una mujer asháninka de la Amazonía peruana, madre de cinco niños, podría recibir un premio tan importante”. Con estas palabras, Ruth Buendía comenzaba su discurso de agradecimiento en la ceremonia de entrega de los Premios Medioambientales Goldman, realizada el 28 de abril en San Francisco (EE.UU.).

“Al principio me preocupé porque pensé que me estaban “comprando” con el premio. Durante tres meses no estaba segura, tenía un nudo en la garganta -recuerda entre risas Ruth en Lima. Es un honor haberlo recibido, no me lo esperaba”.

Resultaba difícil de creer que a miles de kilómetros de la comunidad de Cutivireni (Junín), su tierra natal, una fundación extranjera reconocía el coraje y la perseverancia de una joven lideresa que se enfrentó al poder de empresas transnacionales y a un gobierno ausente para defender las condiciones de vida de losasháninkas de la selva central.

En el 2007, Ruth fue elegida presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que defiende los derechos de esta población. En ese mismo año, los gobiernos de Perú y Brasil comenzaron a mostrar interés por estudiar el potencial de integración energética entre ambos países, lo que derivó en la suscripción del Acuerdo Energético Perú-Brasil, realizada por los exmandatarios Alan García Pérez y Luiz Inácio Lula da Silva el 16 de junio del 2010.

Este tratado bilateral promueve la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión para suministrar electricidad al mercado interno y exportar el excedente a Brasil. El acuerdo tendría una vigencia de 50 años, luego de que sea aprobado por el Congreso y ratificado por los presidentes de ambos países, lo que aún no ha sucedido. De los 15 proyectos con potencial, las empresas brasileñas priorizaron cinco: Inambari (Madre de Dios), Pakitzapango (Junín), Tambo 40 (Junín),Tambo 60 (Junín) y Mainique 1 (Cuzco).

En el marco de este tratado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó laconcesión temporal del proyecto Pakitzapango (con una potencia energética de 2336 megavatios) y del proyecto Tambo 40 (1287 MV) a empresas brasileñas para que realicen estudios de factibilidad en la cuenca de los ríos Ene y Tambo.

Sin embargo, estas concesiones fueron otorgadas sin haber informado ni consultado previamente a las comunidades que se verían involucradas, incumpliendo acuerdos internacionales firmados por el gobierno peruano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al ver vulnerados sus derechos, CARE interpuso recursos legales e hizo pública su oposición a los proyectos. “Lo que nosotros siempre hemos pedido es que el Estado peruano dé la cara y sea transparente con las concesiones que está dando en nuestros territorios. Queremos que nos diga cómo van a mejorar la calidad de vida de mi zona y cómo garantizan la estabilidad de nuestras comunidades”, puntualiza Ruth.

Ambas concesiones temporales caducaron sin que las empresas hayan completado los estudios preliminares, debido al rechazo que encontraron en las comunidades nativas. No obstante, el MINEM todavía considera a Pakitzapango y a Tambo 40 como proyectos hidroeléctricos estratégicos y se encuentran dentro de la cartera de inversión del gobierno. La posibilidad de otorgar nuevas concesiones se mantiene.

La instalación de una central hidroeléctrica requiere de la construcción de unarepresa que contenga el curso regular de las aguas y forme embalses, lo que causa serios impactos ambientales, sociales y económicos.

De haberse llevado a cabo los proyectos Pakitzapango y Tambo 40, 950 km2 de bosques hubieran quedado inundados y la descomposición de la vegetación hubiera generado CO2 y metano, gases de efecto invernadero que suben la temperatura local y del planeta. Los ciclos biológicos de la flora y la fauna acuática se habrían perturbado, lo que hubiera causado un serio daño al ecosistema. Y del otro lado de la represa, las tierras de cultivo se hubieran secado y los ríos dejarían de ser navegables.

Desprovistas de cultivos, animales terrestres y peces con los cuales satisfacer sus necesidades cotidianas, 2900 familias procedentes de 28 comunidades asháninkas se hubieran visto forzadas a desplazarse hacia nuevos territorios. Además, el cañón de Pakitzapango, área escogida para la ubicación de la represa del mismo nombre, tiene una gran importancia cultural y espiritual para el pueblo asháninka. Es un lugar sagrado.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo de nuestro país. Queremos que haya inversiones públicas y privadas, pero que estas actividades no atenten contra nuestracultura ni alteren el bienestar de nuestras comunidades”, aclara Ruth Buendía. Y a aquellos que piensan que este traslado no sería para tanto, les responde: “Es igual que decirle a los limeños que viven en San Isidro que se vayan a un lugar donde no hayan servicios básicos y que dejen atrás todo lo que hayan tenido”.

Desde 1989, el Premio Ambiental Goldman reconoce la labor de seis activistas de todos los continentes que han tenido un desempeño extraordinario en la defensa del medioambiente de sus comunidades. Además de Ruth, en esta edición han resultado ganadores Ramesh Agrawal (India), Desmond D’Sa (Sudáfrica), Suren Gazaryan(Rusia), Rudi Putra (Indonesia) y Helen Holden Slottje (EE.UU.).

Buendía es la cuarta peruana en recibir este premio. En anteriores ediciones, fueron distinguidos Evaristo Nugkuag (1991), líder aguaruna y fundador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); María Elena Foronda Farro (2003), socióloga y cofundadora de la ONG Natura de Chimbote, promotora de prácticas medioambientales en la industria pesquera; y Julio Cusurichi Palacios (2007), líder shipibo que consiguió la creación de una reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Nuestra lucha estaba destinada a fracasar, pero no fue así gracias a todas las comunidades indígenas, al equipo técnico y a las instituciones que me han apoyado en los momentos más difíciles y que creyeron en mí. Este premio no es solo mío, es de todos”.

Que problemas tienen los asháninkas

Luego de décadas de sufrimiento y violencia, el futuro de las comunidades asháninkas del Río Ene resulta prometedor. Con una visión de futuro consolidada, proyectos productivos en marcha y una organización que los integra, demandan que el Estado no los abandone y cumpla con sus obligaciones.

“Esta noche quiero hacerles una confesión: ni yo ni mi pueblo asháninka del Rio Ene nos vamos a rendir. Resistimos el terrorismo de Sendero Luminoso, que casi nos extermina y a un Estado que no nos mira ni nos considera como ciudadanos”. De esta manera –y tal vez sin proponérselo- Ruth Buendía, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2014, resumía su vida ante un auditorio de 3000 invitados internacionales que reconocían su valentía y la de su comunidad.

Nacida en San José de Cutivireni, Ruth atravesó una infancia tranquila hasta que elconflicto armado interno, desarrollado entre 1980 y 2000 en nuestro país, llegó al valle del río Ene. Su padre Rigoberto fue asesinado cuando ella tenía 12 años y su hermana mayor, secuestrada por Sendero Luminoso (SL).

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se calcula que durante este periodo cerca de diez mil asháninkas fueron desplazados forzosamente, seis mil fueron asesinados (el 10% de la población) y cerca de cinco mil permanecieron cautivos en manos de SL. Al igual que muchos comuneros, Ruth, su madre y sus hermanos tuvieron que escapar de la violencia, dejar su comunidad y establecerse en la ciudad de Satipo (Junín).

Ruth aprovecha la visibilidad mediática que el premio le ha dado para repetir un reclamo justo y largamente olvidado: una mejor educación para la comunidad asháninka. Si bien el Ministerio de Educación está tratando de satisfacer esta demanda (por medio de propuestas como la educación intercultural bilingüe – EIB), la brecha aún es amplia.

“Tenemos profesores provenientes de universidades e institutos particulares que cuando rinden exámenes de conocimiento sacan 10 u 08 de nota. Muchachos que terminan el colegio y están dictando clases. Profesores bilingües que cuando van a las comunidades usurpan el cargo de los jefes de las comunidades y se creen autoridades. Y aún así estamos dándoles trabajo porque viven en la región”, declara con molestia Ruth.

Y añade a modo de advertencia: “Si no remediamos esto rápidamente, tendremos niños y jóvenes que no van a tener oportunidad de desarrollar actividades económicas. Vamos a cargar más analfabetismo y pobreza si no tenemos una adecuada educación”.

Desde una visión occidental y capitalista del mundo, el progreso supone contar con grandes sumas de dinero, obtener costosos bienes materiales, satisfacer necesidades básicas (y no tan básicas) y ver como se construyen autopistas, edificios y centros comerciales en nuestro entorno. Sin embargo, la visión que tienen las comunidades asháninkas es muy diferente: “Para nosotros, el desarrollo es tener una buena educación, servicios básicos de calidad, vivir en territorios saludables y en armonía con la población”.

Hace unos años, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) realizó una consulta participativa para conocer cuál era la visión de futuro de sus pobladores, que quedó resumida en los lineamientos del “Kametsa Asaike”, el buen vivir de los asháninkas del río Ene:

En el 2003, Ruth se unió como voluntaria a CARE, organización que busca defender losderechos colectivos e individuales de los asháninkas. Tres años después, durante una asamblea de las comunidades nativas del río Ene, Ruth fue elegida presidenta de la organización. Tenía 27 años y fue la primera mujer en asumir este cargo.

“Con CARE llevamos la voz de los asháninkas y hacemos visibles sus pedidos. Hacemos proyectos relacionados con el turismo, economía, gobernanza, educación y salud. Tratamos de articular estos trabajos con el Estado peruano, juntos podemos hacer muchas cosas”.

Una de estas iniciativas es la Asociación de Productores “Kemito Ene”, proyecto productivo orientado a la capacitación y comercialización de cacao y café orgánicode origen asháninka. Con más de 200 socios, quieren ampliar su cartera con otros productos locales (como ajonjolí y maní) y posicionar su marca a nivel internacional.

Para lograrlo, requieren el apoyo del Estado, aunque Ruth se encarga rápidamente en hacer una aclaración: “Nosotros no queremos asistencialismo. Queremos que el Estado nos ayude a encontrar mercados donde colocar nuestros productos y a mejorar la calidad de producción. Así generamos recursos y mejorará el bienestar de nuestras familias. Como pueblo asháninka, queremos asumir esa responsabilidad.”

Dentro de esta línea de acción, CARE ha lanzado la Diplomatura de Estudios de Gobernanza Indígena Amazónica, en alianza con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).

Dirigido a líderes, funcionarios, dirigentes y profesionales indígenas, este programa académico busca fortalecer las capacidades de gestión e incidencia de estos actores sociales. De modalidad presencial, se dictará durante 15 fines de semana de mayo hasta diciembre en la ciudad de Satipo (Junín).  La coordinación está a cargo deGustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP y docente del Departamento de Derecho de la PUCP.

“El objetivo es prepararlos para que, desde el espacio en el que se encuentren, puedan aportar en la gestión de su comunidad”, precisa Ruth y añade: “Como líder, debo garantizar que las clases y los profesores sean idóneos, así como también debo garantizar la participación de mis hermanos asháninkas. Aliarme con una universidad de prestigio como la PUCP ha sido toda una fortaleza”.

Esta actividad forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los actores públicos y privados para el desarrollo socio económico del territorio”, que ejecuta CARE con financiamiento de la Unión Europea a través del Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo (DAS).