Yván Montoya, asesor del IDEHPUCP, opinó sobre la solicitud de los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato al titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos; estos requieren un pronunciamiento institucional sobre la promulgación de la Ley 30997, aprobada por el Congreso de la República. Esta norma hace variaciones al Código Penal para incorporar el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
El exprocurador Yván Montoya señala que esta norma no podría aplicarse como retroactividad benigna en favor de los investigados. “Solo se podría aplicar en la lógica que se considere que esta figura es un tipo de lavado de activos atenuado, lo cual efectivamente no es”, explica.
Montoya señala que, por tratarse de sanciones menores, los sentenciados podrían cumplir penas no efectivas. Se trata de un plan B en caso de que los investigados sean declarados culpables, dice.
