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Notas de prensa 23 de noviembre de 2017

La Clínica Jurídica de la Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco (UNSAAC), socia estratégica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), en el marco del proyecto  Empoderamiento a periodistas y estudiantes universitarios: vigilancia, información y transparencia para la prevención de la corrupción y el lavado de activos en el Perú, ejecutado gracias a The National Endowment for Democracy (NED), ha elaborado diversos informes jurídicos a fin de intervenir como sociedad civil en los procesos en curso contra ex autoridades de los gobiernos locales de la región.

En esta ocasión, queremos destacar el informe jurídico elaborado sobre los procesos seguidos en contra de diversos funcionarios de la Municipalidad de Vilcabamba, como parte de la investigación del caso, denominado por la opinión pública, como “La Centralita de Vilcabamba”, seguido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cusco por el delito contra la Administración Pública, subtipo concusión, peculado y otros.

Cabe precisar que la denominación del caso tiene su origen en la intervención a un local en donde se hallaron diversos indicios de falsificación y manipulación de documentos sobre obras y licitaciones de la mencionada Municipalidad.

El informe jurídico, como resultado del estudio y análisis académico, pretende exponer algunos puntos específicos considerados como relevantes para la prevención de futuros delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos durante la vigencia de la declaratoria de una situación de emergencia. Además, aporta argumentos para que la acusación fiscal incorpore el delito de negociación incompatible.

Cabe recordar que en la elaboración de los informes jurídicos participaron alumnos de la Facultad de Derecho de la UNSAAC como parte de su proceso de aprendizaje teórico práctico y que la presentación de dichos informes se hace al amparo del principio de la participación ciudadana en la administración de justicia.

*Escribe: Marité Bustamante, integrante del equipo Anticorrupción.