06/03/2018

Indulto y Derecho de Gracia a Fujimori: ¿Qué se dijo en la última audiencia de la CIDH?

El viernes 2 de marzo, en el marco de su 167 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia de oficio por el indulto y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori. Este fue un espacio para que representantes de la sociedad civil y del Estado, así como la propia CIDH, presenten su posición y comentarios ante tan polémica medida. Esta audiencia pública se da como parte de la función de monitoreo de la Comisión, y no se aborda un caso concreto que estuviera ante esta instancia o la Corte Interamericana.

En la audiencia, los miembros de la sociedad civil rechazaron las gracias presidenciales otorgadas al exmandatario debido a que estas no solo fueron resultado de un “pacto político”, sino una violación a los estándares internacionales de derechos humanos. En esa línea, hicieron énfasis en la existencia de un marco normativo y jurisprudencial que rescata la obligatoriedad de castigar graves violaciones de derechos humanos, así como la prohibición de aplicar medidas eximentes de responsabilidad en estos casos. Además, señalaron que el Estado no ha considerado y ha afectado los derechos de las víctimas con un discurso de falsa reconciliación.

Por su parte, los representantes del Estado señalaron que no había prohibición del indulto por graves violaciones de derechos humanos ya que existen instrumentos internacionales que permiten la conmutación de penas. Afirmaron también que la jurisprudencia internacional se ha referido a figuras como la amnistía, pero no expresamente al indulto humanitario. Asimismo, señalaron que no existía incompatibilidad entre el indulto y los derechos de las víctimas debido a que se ha ponderado el derecho a la verdad de estas con el derecho a la dignidad y la salud del expresidente. De manera más específica, afirmaron que no existía la obligación de oír a las víctimas y que “no era sano que su duelo no tenga fin”.

Los miembros de la CIDH iniciaron su intervención con el Comisionado mexicano Joel Hernández, quien recordó la obligación de los Estados investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, así como de reparar a las víctimas. Por su parte, Luis Vargas, comisionado colombiano, resaltó que en el presente caso se evidencian dos tipos de incompatibilidades: i) el tipo de delitos por los que fue condenado Alberto Fujimori, los cuales no admiten la concesión de indultos; y, ii) la enorme desproporcionalidad en aras de los derechos del expresidente en desmedro de los derechos de las víctimas.

Con respecto a colocar fin al duelo de las víctimas, la comisionada Antonia Urrejola expresó que este duelo no puede tener fin mientras continúen cuerpos desaparecidos y no haya verdadera justicia para las víctimas. Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión cuestionó que las pericias médicas que sustentaron el indulto no fueran públicas. Por su lado, Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, hizo referencia a las irregularidades de la medida, como el hecho de que el indulto ya habría estado decidido antes de tener los estudios médicos y cerró su intervención señalando que la obligación de reconciliar del Estado no debe derivar en una decisión que genere impunidad.

Durante la ronda final de comentarios, la sociedad civil solicitó a la CIDH que inste al Estado a cumplir con los estándares internacionales y a acatar las decisiones judiciales al respecto; mientras que, el Estado señaló que la reconciliación se había cumplido con la sentencia al expresidente. Finalmente, Margarette May Macaulay dio por concluida la audiencia y consideró que el indulto a Alberto Fujimori significa una “cachetada” para las víctimas y que el Estado debe siempre debe mostrar respeto por ellas.

*Escribe: Francisco Mamani, integrante del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.  

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