Parece que en el Perú nadie puede manifestar su desacuerdo con el sistema de justicia, nadie puede decirle que están equivocados, nadie puede indagar más de lo que se quiere. El procurador Amado Enco, quien se encargaba del proceso del caso Pativilca, fue reemplazado en dicha tarea un día antes de que se realice la audiencia de control por parte de la Corte IDH. ¿Coincidencia? Enco había solicitado la inaplicación de las gracias presidenciales que se le otorgó a Fujimori. El tribunal permaneció inquebrantable, afortunadamente.
La incertidumbre respecto al traslado de la magistrada Miluska Cano, presidenta del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, al Jurado Electoral Especial (JEE) nos pone en alerta nuevamente. Ella se encarga de los casos Gorriti, Hugo Bustíos, Mariella Barreto y Vladimiro Montesinos. El desdén de la justicia peruana se mantiene al acecho de estos procesos.
En lo que va del 2018, el sistema de justicia parece seguir secuestrado de su razón de ser: buscar la verdad y defender los derechos de las víctimas del Conflicto Armado Interno. Esto pasa en los tribunales, pero ¿qué pasa con nosotros? El silencio podría estar contribuyendo con el secuestro de la justicia. ¿Por qué parece no importarnos que se violen nuestros derechos fundamentales?
Esto es Amigos con DERECHOS (ACD), un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 2.
INVITADOS:
- David Sulmont, profesor principal de Ciencias Sociales de la PUCP y doctor en Ciencias Políticas, reflexiona en torno a la pregunta central del episodio. – ¿Por qué parece no importarnos que se violen nuestros derechos fundamentales?
- Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), nos cuenta sobre el estado de los casos que se encuentran en la Sala Penal Nacional. Además, Cruz Silva, abogada y coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, analiza la situación y relfexiona sobre los puntos en los que falla el Sistema de Justicia.
El Dato Idehpucp:
Según el Plan Nacional de Derechos Humanos que va del 2017 al 2021, hasta marzo del año pasado se recuperaron 3 mil 461 cuerpos, se identificaron 2 mil 149 individuos, sin embargo solo mil 997 personas volvieron a sus familiares para un entierro digno.
Una de las principales deudas del Estado peruano para con las víctimas es el derecho a la verdad. Por ello, una de las primeras metas de este plan es generar una guía de investigación y un registro nacional de personas desaparecidas en el 2019. Hacerlo con un enfoque humanitario, garantizando el apoyo psicológico integral de los familiares es una obligación.
