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Notas informativas 5 de septiembre de 2017

Si bien es relativamente reciente la articulación entre género y extractivismo, varios estudios en Latinoamérica dan cuenta sobre las formas en que las mujeres afrontan vidas distintas frente a los hombres a causas vinculadas al extractivismo. De hecho, es posible identificar estudios que combinan miradas de género y extractivismo, y que ayudan a determinar la existencia de impactos más frecuentes que puedan afirmarse como patrones en la región. Algunas reflexiones sobre este tema fueron presentadas por Cristina Blanco, investigadora principal del Idehpucp, en el evento “Industrias extractivas, transparencia, género y derechos humanos”, organizado por Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) el jueves 31 de agosto.

Para la abogada, quien actualmente conduce una investigación en la materia, hablar de impacto no tiene necesariamente una connotación negativa. En efecto, parte importante de los cerca de cincuenta estudios revisados da cuenta de alteraciones negativas en la vida de las mujeres. Estos impactos diferenciados pueden articularse en torno a las tres dimensiones de autonomía (física, económica y en la toma de decisiones) que utiliza el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe de la CEPAL como indicadores de igualdad.

Durante su participación en el conversatorio, Blanco calificó a las afectaciones a la autonomía física como alarmantes tanto por el número de casos de mujeres agredidas o asesinadas, como por las graves formas en que se produce la violencia. Quizás el caso más emblemático de los últimos años sea el de Berta Cáceres, dirigente del pueblo lenca que fue asesinada en marzo de 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el departamento de Intibucá, Honduras. A pesar de las reiteradas denuncias y de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenaban al Estado proteger su vida e integridad personal, Berta fue asesinada por sicarios contratados por la empresa, según indican las investigaciones realizadas hasta el momento. Pero el de Berta no es el único caso, sino que en la región varias mujeres han sido agredidas e incluso asesinadas por razones vinculadas a la defensa de la tierra y el territorio.

Una forma especialmente grave de violencia es la sexual. Es ilustrativo el caso de las once mujeres maya q’eqchis de la comunidad Lote Ocho, en el Estor, Guatemala, que sufrieron en enero de 2007 violaciones sexuales múltiples. Estos hechos se produjeron en el marco de un desalojo violento efectuado por agentes policiales y la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel. Una de estas mujeres presentó en Canadá una denuncia contra la compañía y ha debido enfrentar diversas barreras legales que se agravan por su desconocimiento del idioma, las enormes distancias y la oposición de sectores de la población que trabajan para la minería.

De otro lado, en materia de salud sexual y reproductiva, la investigadora aseguró que varios estudios coinciden en que se producen alteraciones vinculadas al aumento de abortos, complicaciones en partos, nacimientos prematuros y malformaciones en bebés. Es difícil contar con datos específicos y afirmar una estricta causalidad, pero lo cierto es que los casos y testimonios son varios y van en aumento.

En cuanto a la autonomía económica, los estudios revisados advierten que, en general, hay una reducida ocupación femenina en actividades remuneradas y que los empleos directos producidos suelen estar reservados para los hombres. Además, los reducidos empleos directos para mujeres responden a una división estereotipada que reafirma la división sexual del trabajo. De acuerdo a la investigadora, con frecuencia las mujeres ocupan puestos de actividades de limpieza o administración, mientras que los hombres suelen llevar a cabo tareas que requieren mayor esfuerzo físico y mayor contacto directo con los minerales. La participación de las mujeres en el mercado laboral, además, trae consigo una extensión de su jornada de trabajo que no es remunerada, ya que las mujeres siguen a cargo del cuidado familiar y el trabajo doméstico en sus hogares. Incluso, esta jornada puede aumentar, por ejemplo, cuando integrantes de la familia presentan enfermedades o lesiones que llevan a las mujeres a asumir su cuidado, o cuando el acceso al agua es menor y deben recorrer mayores distancias para recolectarla.

En el ámbito de la toma de decisiones, puede haber mayor espacio a alteraciones positivas. Sin embargo, varios estudios coinciden en que, en general, se produce una baja participación de las mujeres en el destino de la tierra y territorio. No suelen participar en iguales condiciones en espacios de representación y toma de decisiones, tales como procesos de negociación de venta, consulta previa o incluso, reasentamiento. Asimismo, aunque con frecuencia las mujeres se involucran y aportan en los procesos de defensa de la tierra y el territorio, pueden no ser igualmente reconocidas y visibilizadas.

El enfoque de género está contribuyendo a tener una mirada más integral de los impactos diferenciados y con frecuencia más profundos que genera el extractivismo en las mujeres. Para la investigadora, esto puede llevar, en suma, a reforzar relaciones patriarcales preexistentes y conducir a espacios donde las mujeres reducen su capacidad para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Esta constatación debe tener implicancias en la manera en que se conducen las actividades extractivas y de manera más apremiante, en las formas en que el Estado las regula.