13/12/2012

Conmemoración y democracia

El acontecer político en el Perú nos recuerda cotidianamente por qué es importante cultivar la memoria colectiva en general y la memoria del periodo de violencia armada en particular. La persistencia de la marginación y de los hábitos de maltrato, así como la subsistente debilidad de la autoridad democrática del Estado, son confirmaciones de que nuestra sociedad no ha realizado el aprendizaje necesario. Hoy en día  la postura en favor del olvido se ha revelado como una propuesta sumamente ingenua, en algunos casos, o como profundamente cínica, en otros.

Es sabido que al hablar de memoria, en este ámbito, no nos referimos a cualquier forma de aproximarse al pasado, sino a una que está impregnada de ciertos sentidos fundamentales: se trata de una memoria  que adhiere  a ciertos principios  humanitarios y democráticos, aquellos que se condensan en el paradigma de los derechos humanos; es una memoria que, por democrática, debe ser  integradora, en particular en lo relativo a dar voz a los excluidos, que son las víctimas; y es una memoria proyectiva, es decir, una mirada al pasado  pero no para  quedarse atrapados  en él sino que más bien,  desde una comprensión crítica, nos lleva a imaginar  el  futuro. La memoria es, así, al mismo tiempo  recuperación de sentidos  para lo ya vivido y concepción de proyectos colectivos en el horizonte del porvenir.

Un aspecto especialmente importante de la memoria es el de la conmemoración. No basta con recuperar o elaborar una comprensión crítica del pasado. Es necesario hacer de ello  una práctica de reconocimiento. Por eso la conmemoración a través de espacios físicos, rituales, fechas especiales, políticas públicas resulta indispensable para llevar la memoria al discurso público: es decir, para elevar   nuestra comprensión crítica del pasado a una expresión de respeto a quienes fueron victimados y a sus familiares;  ello implica   una tendencia al diálogo franco y autoexigente sobre el pasado,  un repudio activo de la violencia y del abuso, y  una interpelación permanente al Estado, a las autoridades y a nosotros mismos  en torno a las deudas pendientes ante las víctimas.

En el Perú no tenemos todavía una política pública orientada a la conmemoración. Existen, sí, numerosas iniciativas emprendidas por los propios afectados. De parte del Estado, en cambio, casi nada se ha hecho,  lo que existe es esporádico y disperso,  inefectivo,  errático y poco transparente. No está claro, por ejemplo, si en algún momento tendremos un espacio nacional de memoria que recoja de manera acertada una comprensión crítica del pasado violento y que lo haga con criterio integrador, en diálogo con las diversas formas del recuerdo que existen entre las poblaciones  concernidas en el país.

Es claro: para el futuro de nuestra democracia resulta indispensable contar con una política de conmemoración. Conmemorar es reconocer y  dialogar. En la conmemoración se debe evidenciar cuánto hemos aprendido sobre la necesidad de la inclusión y sobre el carácter nefasto de la violencia y el autoritarismo. Sobre todo,  por ella comprobaremos si hemos,  aprendido, por fin,  que una democracia no puede ser construida sin ciudadanía plena para todos.

La República

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