07/06/2013

Cronología del caso Fujimori

Por Diana Hidalgo, redactora de la revista Poder

En 1990, nadie se hubiese imaginado que el candidato desconocido que proclamaba honradez, tecnología y trabajo renunciaría por fax, huiría del país, sería condenado por delitos de lesa humanidad y sería protagonista del caso de corrupción más grande y polémico de toda la historia política del Perú. Alberto Fujimori hoy permanece en una prisión. Desde hace meses, clamaba por la última respuesta a un indulto humanitario que hoy ha sido denegado.

Alberto Fujimori Fujimori está preso por los delitos de corrupción, secuestro agravado, usurpación de funciones, abuso de autoridad, apropiación ilícita de fondos, delitos contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado y homicidio calificado. Fue condenado a 25 años de prisión el 7 de abril de 2009 —cuando tenía 70 años—, luego de un juicio mediático y polémico que comenzó el 10 de diciembre de 2007.

Dicho juicio se inició con la acusación por los sucesos ocurridos en  Barrios Altos y La Cantuta, durante la época del terrorismo;  así como por los delitos cometidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Posteriormente, luego de semanas o meses, se le habría un nuevo caso. Y así, sucesivamente hasta juzgarlos por todos los casos de los que se le acusaba.

Los juicios se iniciaron casi tres meses después de su extradición por decisión de la Corte Suprema de Chile, el 22 de setiembre de 2007. A las 4: 40 de la tarde de ese día pisó suelo peruano e inmediatamente fue trasladado a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DIROES).

Alberto Fujimori permanecía en Chile desde el 6 de noviembre de 2005. Ese día llegó a bordo de un vuelo privado proveniente de Tokio y con pasaporte peruano. Al día siguiente, fue detenido por orden de un ministro de la Corte Suprema de Chile. En Lima provocó una consternación que llevó inmediatamente a unir esfuerzos para su extradición. Se convocó a un Consejo de Ministros urgente para evaluar la nueva situación presentada de improviso, que fue presidido por el presidente Alejandro Toledo, que tomó la decisión de enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar los trámites de extradición de Fujimori a Perú, para que fuese procesado por los delitos que se le imputaban entre los años 1990 y 2000. En ese momento, ni Toledo ni los ministros ni la opinión pública se imaginaron que el proceso tomaría casi dos años.

Pero antes de pisar Chile, Fujimori permaneció en Japón desde su llegada al país oriental, el 14 de noviembre del año 2000. A comienzos de ese año, Fujimori había anunciado su tercera candidatura presidencial. Durante ese proceso electoral renunciaron la mayoría de agrupaciones políticas por decenas de irregularidades. La principal fue una latente sospecha de fraude promovido por el mismo Fujimori y su partido. A pesar de todo, en julio del año 2000, Alberto Fujimori, se colocó por tercera vez la banda presidencial rojiblanca y juramentó en el Congreso de la República.

Los meses siguientes estuvieron marcados por una conmoción política y social que cada vez se hacía más evidente. Cientos de personas salían a protestar a las calles, en Lima, en contra de lo que llamaban dictadura y fraude. Incluso, un grupo de artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil de la capital, se encargaron de lavar la bandera frente a Palacio de Gobierno en varias ocasiones, como protesta a lo que venía ocurriendo.

Pero todo estalló el 14 de setiembre de ese mismo año. Ese día, apareció en todos los canales de señal abierta un video en el que Vladimiro Montesinos Torres —asesor del presidente Fujimori y Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú— le entregaba dinero a un congresista para pasar al partido político de Fujimori.  Asimismo, trascendió que como ese, había cientos de videos en poder de Montesinos. Cintas que involucraban a políticos, periodistas, empresarios y diversas personalidades.

La olla se había destapado. Montesinos huyó, los titulares de los diarios parecían cada vez más inverosímiles, la opinión pública estaba desconcertada. El descontento se empezaba a asomar con fuerza. Así, en medio de este caos político e inestabilidad, Alberto Fujimori viajó el 13 de noviembre  a la Cumbre del APEC en Brunéi Darussalam (Asia), como cualquier diligencia que hacía de costumbre durante los años de su gobierno.

Al finalizar esta conferencia, tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para luego llegar a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá por motivo de la X Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, Fujimori se quedó en la capital del Japón. Allí, Fujimori se hospedó en el hotel de lujo New Otani y además declaró a la Agence France-Presse que «no quiere ser un factor de perturbación» en el Perú.

Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física, el 19 de noviembre, Fujimori —desde Tokio—, remitió por fax al Presidente del Congreso de la República, su renuncia formal a la Presidencia y envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a su cargo: «He vuelto, entonces, a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar, formalmente, a la Presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución, para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía», decía.

El Congreso de la República rechazó la renuncia aduciendo «incapacidad moral permanente» y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. Desde ese momento permaneció un largo período de tiempo en Japón. Hasta que, por los sucesos ya constatados, fue extraditado al Perú hace poco más de cinco años. Tiempo en el que estuvo en calidad de detenido, juzgado y, posteriormente, preso.

Finalmente, el 7 de junio de 2013, el presidente de la República decidió no conceder el indulto humanitario a Fujimori, luego que la Comisión de Gracias Presidenciales señalara en su informe que no tenía una enfermedad terminal, razón por la que recomendaba denegar el pedido.

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