31/08/2014

Defensoría del Pueblo realizó balance sobre Programa de Reparaciones Económicas

defensoriadelpuebloLa Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo entregó un informe de balance del cumplimiento del Programa de Reparaciones Económicas, comprendido en el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno. 

En este documento, la Adjuntía concluye que si bien existe un avance en la implementación del Programa en un 62%, en términos cualitativos, el PRE no ha cumplido la finalidad de otorgar una reparación económica digna y oportuna a los beneficiarios que sufrieron las más graves afectaciones a sus derechos.

Dentro de los problemas encontrados por la Defensoría, está el hecho que solo se reconoce el pago de reparación económica por una afectación. Hasta agosto del 2014, el Consejo de Reparaciones ha acreditado a un total de 82,710 beneficiarios/as del Prei. Dentro de este grupo, existen 5,324 que registran más de una afectación. El Informe recomienda cumplir con el acuerdo de la 120° sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de marzo de 2013, a fin de reconocer a cada beneficiario del Programa de Reparaciones Económicas la indemnización que le corresponde en función del número de afectaciones que registra dentro del Registro Único de Víctimas.

Asimismo, la Defensoría encuentra que al menos 9664 personas – de los 41,606 beneficiarios incluidos hasta el momento – no han cobrado su reparación económica. Según esta institución, ello se debería a la falta de acceso a la información, debido a que varios de los beneficiarios viven en zonas con poca presencia del Estado; a ello se suman errores en el momento de consignar los datos personales en el listado remitido al banco, así como la propia decisión de algunas personas para no cobrar la indemnización depositada por considerarla ofensiva para la memoria de sus familiares.

Según la Adjuntía, tampoco se ha cumplido con la reapertura del Registro Único de Víctimas, con lo que las personas acreditadas como beneficiarias que presentaron su solicitud con posterioridad al 31 de diciembre de 2011, no pueden inscribirse ni acceder al Programa de Reparaciones Económicas. Por ello, el 8 de agosto de 2014, ANFASEP presentó una demanda de Acción Popular contra el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM que dispuso este cierre. Tampoco se ha incrementado el monto de la indemnización, actualmente fijado en 10,000 nuevos soles, a pesar que ha sido acordado por la CMAN.  Por ello, la Defensoría recomendó modificar el Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, de conformidad con la propuesta presentada por la CMAN de noviembre de 2011, a fin de respetar el carácter inclusivo y permanente del Registro Único de Víctimas  y homologar el monto de indemnización al recibido por los integrantes de los Comités de Autodefensa víctimas de terrorismo.

Revisa el informe completo de la Defensoría del Pueblo.

 

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