17/05/2018

Discriminación racial en Perú: Estás son las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

El pasado 11 de mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) emitió las observaciones finales relativas al último proceso de evaluación al que se sometió Perú. CERD es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Esta entiende como discriminación racial aquella basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional. Nuestro país es parte de este tratado desde 1971 y por ello, se encuentra obligado a presentar, cada cierto tiempo, informes que den cuenta de su observancia a la Convención. Su más reciente examinación tuvo lugar en Ginebra, el 25 y 26 de abril de 2018, tras lo cual se formularon las observaciones finales a las que hicimos mención.

En ellas, CERD reconoció los avances realizados por el Estado peruano en la materia, pero también expresó su preocupación por una serie de asuntos, entre los que destacan la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana 2016-2020; la protección de los defensores de derechos humanos y líderes de pueblos indígenas y afroperuanos; la insuficiente investigación sobre las esterilizaciones forzadas cometidas en la década de los 90; la situación de los migrantes y en especial, de la población venezolana; y los estereotipos raciales trasmitidos, entre otros, por los medios de comunicación. Asimismo, fueron objeto de atención varios derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa, sus derechos territoriales, la educación y el acceso a la justicia. A partir de todos estos temas, CERD formuló diversas recomendaciones al Perú.

El IDEHPUCP ha sido parte de este proceso de evaluación a través de los informes alternativos que presentó al respecto en 2016 y 2018. Las recientes observaciones finales emitidas por CERD reflejan muchas de las inquietudes planteadas en dichos informes, tales como:

  • La falta de aplicación oportuna de la consulta previa en actividades del sector minero.
  • La ausencia de un tercer Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso.
  • Las acciones poco concretas de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso y las insuficientes inspecciones laborales.
  • La falta de información estadística sobre trabajo forzoso.
  • Las dificultades de acceso a la educación en zonas rurales.
  • Los problemas en el acceso a la educación y salud que enfrentan refugiados, solicitantes de refugio y personas venezolanas con Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
  • El escaso número de intérpretes y defensores con conocimiento de lenguas originarias.
  • El lento proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

En una sociedad como la nuestra, en la que el racismo y la discriminación racial se encuentran profundamente arraigados, las observaciones finales de CERD cobran aún más relevancia. Solo por colocar un ejemplo, hace algunas semanas, un canal de televisión deportivo presentó en uno de sus programas una imitación a un futbolista afroperuano que resultaba a todas luces discriminatoria, pues reforzaba estereotipos raciales sobre esta población. Sin embargo, el problema es mayor. De acuerdo a la I Encuesta Nacional de Percepciones sobre Diversidad Cultura y Discriminación Étnico-racial, publicada en 2018, un 53% de encuestados consideró que los peruanos eran racistas o muy racistas. Además, 31% afirmó haber experimentado algún tipo de discriminación en los 12 últimos meses, siendo preocupante que, en su mayoría, los espacios donde ocurrieron estos actos hayan sido establecimientos del Estado.

Por ello, es importante que el Estado peruano siga las recomendaciones de CERD y continúe realizando acciones para eliminar la discriminación racial en el país. A más tardar, el 29 de octubre de 2022, deberá presentar un nuevo informe en el que dé cuenta de sus avances en ese sentido.

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