06/07/2013

El derecho a la alimentación y la consulta previa. Hacia una política de seguridad alimentaria adaptada culturalmente

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), siguiendo la metodología impulsada por la Organización Mundial de la Salud, Perú redujo sus niveles de desnutrición crónica infantil en casi dos puntos porcentuales entre 2009 y 2011. Así, la proporción de niños y niñas en esta situación llega a 21.6%.

Sin embargo, dicha disminución es sustancialmente menor en zonas rurales, habiendo pasado de 40.3 % a 39.3 % en el último par de años. Es decir, cada cinco niños o niñas que viven en estas zonas del país, dos están crónicamente desnutridos. De estos mismos cinco menores de edad, tres tendrán anemia, es decir, cuentan con déficit de hierro en el nivel de hemoglobina en la sangre. Contrario a la tendencia nacional, esta situación se habría incrementado en la selva, con un aumento de casi 3% en el mismo periodo (de 47,6 % a 50,9%).

Lamentablemente, los niños y niñas rurales no son los únicos perjudicados en este problema. Según el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), el índice de vulnerabilidad de inseguridad alimentaria total es de 0.47, lo que representa a 13.848.871 peruanos y peruanas. Es decir, casi una de cada dos personas en el país tiene o muy probablemente tenga desnutrición. Esta situación es más dramática en las regiones andinas o amazónicas: las 16 regiones con un índice mayor al promedio nacional están ubicadas en sierra y selva, todas ellas con alto porcentaje de población indígena andina y amazónica.

Hay que tomar en cuenta que la propia elaboración de este índice supone la combinación de diversos factores de riesgo establecidos por el INEI, como la pobreza monetaria, la prevalencia de enfermedades prevenibles, carencias en el acceso a servicios básicos de la vivienda, déficit en el acceso a la salud y educación, la recurrencia de desastres naturales, contaminación ambiental, entre otros.

Esta situación nos lleva a constatar que el impacto diferenciado de la desnutrición en el Perú no se da sólo por condición de pobreza, sino que también tiene correlación con un perfil étnico y regional. Es decir, este problema tiene mayor impacto en el Perú son entonces en ciudadanos que habitan en zonas rurales, indígenas, hablantes de una lengua originaria, dedicados a actividades agrícolas y ganaderas y residentes de las regiones más alejadas de la capital del país.

Nos enfrentamos así a una paradoja nacional: quienes producen los alimentos sufren más con la desnutrición en el país. Cuestión que, además de constituir un pendiente en la lucha por la justicia social y equidad, plantea serias preguntas acerca de la política de producción y redistribución de los alimentos en el Perú.

Por esta razón, resulta importante tener un debate sobre cuál es la mejor manera, en términos de eficiencia y eficacia, para asegurar la disponibilidad, acceso, calidad y seguridad de alimentos para las poblaciones más desfavorecidas, que son además, indígenas. En este intento, se encuentran entrampadas dos propuestas que, mas allá de expresar un conflicto sobre cómo se piensan las políticas públicas desde el Estado, es un síntoma positivo de preocupación sobre la materia. De un lado, desde el  Poder Ejecutivo se trabaja en la formación de una Comisión Intersectorial bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura. De otro lado, la comisión de Agricultura del Congreso de la República debate el diseño de una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a cargo de un consejo nacional adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Más allá del diseño institucional, el problema de fondo se encuentra en el uso reiterado de la propuesta legislativa del término “soberanía alimentaria”. Si bien el concepto de seguridad alimentaria nace al interior de la Organización de Naciones Unidas y goza ya de un consenso político de alcance global; la noción de soberanía alimentaria es mas bien centro de críticas, temores y disputas de varios actores, estatales y privados. Este concepto tiene su origen en esferas de sociedad civil que reivindican derechos colectivos vinculados a la autonomía para decidir sobre políticas nacionales de producción de alimentos. Entre estas destacan organizaciones de productores, campesinos y en América Latina, de organizaciones indígenas. El mayor punto en tensión sobre su uso se vincula con el conflicto que se generaría con la firma e implementación de tratados internacionales –como los tratados de libre comercio y los impulsados por la Organización Mundial de Comercio – en los capítulos vinculados a políticas de importación de productos e insumos agrícolas.

Sin embargo, las implicancias que tiene este debate para el caso de la lucha contra la desnutrición, y la desnutrición infantil en particular sobrepasa el escenario de seguridad jurídica que debe ofrecer el estado frente a compromisos internacionales adquiridos vinculados a tratados de comercio internacional. En particular, esta discusión está especialmente ligada al abordaje del problema de la inseguridad alimentaria en poblaciones amazónicas y nativas, en forma eficiente, sostenible y sustentable y además respetuosa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Tal vez una buena idea sea revisar lo señalado por el artículo 2 de la ley de consulta y por el artículo 6a del Convenio 169 de la OIT. Se trata de normas vinculantes para cualquier entidad pública que asuma la política de seguridad alimentaria, las cuales mencionan explícitamente que toda medida que afecte la vida de los pueblos indígenas, debe ser consultada con sus instancias representativas. Sólo así podremos asegurar que las políticas que se tomen sean efectivamente representativas de lo que las organizaciones sociales esperan para afrontar sus necesidades y promover la sostenibilidad social incorporando autoridades y dirigentes locales y regionales. Es decir, con ello se deja de lado el paradigma de la asistencia social con perfiles de beneficiarios y se pasa al reconocimiento de ciudadanos cultural-social-y-políticamente contextualizados, con derechos propios como los derechos colectivos de los ciudadanos indígenas. Mas allá del diseño más adecuado para el impulso de la política nacional, resulta fundamental contar con la participación del Ministerio de Cultura a través de su Viceministerio de Interculturalidad e implementar mecanismos que aseguren la adaptabilidad cultural de este derecho, proyectándose mas allá de la atención de situaciones de “emergencia” (labor propia de programas sociales como Cuna Más y Qaliwarma), enfatizando en la promoción del derecho a la alimentación.

Escribe: Carmela Chávez, investigadora del IDEHPUCP

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