El 18 y 19 de febrero se llevó a cabo en Ciudad de México la consulta latinoamericana multiactor para la incorporación del enfoque de género en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta hace parte de las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para ayudar a los Estados y las empresas a “proteger, respetar y remediar” los derechos de las mujeres en el contexto empresarial en línea con los Principios Rectores. Los resultados de la consulta serán considerados en la elaboración de un informe del Grupo de Trabajo que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en junio 2019.
El encuentro contó con la presencia de Surya Deva, Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos. Asistieron representantes del sector público, empresas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones indígenas y de la academia de varios países latinoamericanos. Participó Cristina Blanco en calidad de investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP y responsable de la línea de empresas y derechos humanos en el mismo instituto.
Los principales temas abordados en las mesas de diálogo fueron la discriminación contra las mujeres en la esfera económica; el impacto de las operaciones empresariales sobre la igualdad de las mujeres y su empoderamiento en el comercio, inversión y reformas económicas; la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con empresas; las experiencias de las mujeres en el acceso a mecanismos de reparación; y la integración de una perspectiva de género en la debida diligencia de los derechos humanos y las evaluaciones de impacto por parte de las empresas.
La conducción del diálogo sobre la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones relacionadas con las empresas estuvo a cargo de Cristina Blanco. El tema fue abordado desde tres componentes centrales: (i) miradas generales sobre la participación política de las mujeres en Latinonamérica, (ii) los procesos de toma de decisiones más relevantes relacionados con empresas, y (iii) los obstáculos particulares de mujeres en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la participación política de las mujeres, se recalcó que en la región latinoamericana se mantiene una limitada inserción de la mujer en la vida política y pública. Numerosas cifras sobre subrepresentación en espacios públicos dan cuenta de la persistente dicotomía entre hombre/espacio publico y mujer/espacio privado.
Se enfatizó que, a pesar de que la participación política de las mujeres es un derecho expresamente reconocido[1], y que varios Estados han establecido cuotas como medidas de acción afirmativa, no ha sido suficiente para equiparar la participación de la mujer en la esfera política. Otras medidas más eficientes pueden ser la alternancia y la paridad, aunque son pocos los países en la región que las han incluido. Al mismo tiempo se advirtió que las escasas mujeres que logran ingresar en cargos públicos suelen enfrentar problemas adicionales, como su relegamiento a aspectos asociados históricamente a las mujeres.
En este escenario se enmarca su participación en procesos de toma de decisiones relevantes para las empresas, segundo punto abordado en el diálogo. Asistentes comentaron que en el ámbito nacional, pueden quedar excluidas de incidir en normas y políticas publicas de inversión y comercio, por ejemplo. Se destacó que otro ámbito clave es el proceso de elaboración de Planes Nacionales de Acción. En Latinoamérica solo Colombia y Chile cuentan con uno, y otros -como Perú- están en proceso de elaborarlo. Se señaló que, en general, no incorporarían un enfoque de género, por lo que se sugirió una recomendación del Grupo de Trabajo para su inclusión.
Asimismo, participantes coincidieron en indicar que las decisiones tomadas para autorizar proyectos de naturaleza extractiva son de particular relevancia. Estos proyectos tienen lugar en el marco de licenciamientos ambientales y/o procesos de consulta con comunidades indígenas. Se advirtió que la legislación y políticas públicas sobre esta materia en varios Estados de la región presentan importantes deficiencias. A esos problemas, se suma su falta de enfoque de género.
Varias intervenciones coincidieron en señalar que los mecanismos de participación y consulta no visibilizan a las mujeres. Se enfatizó que es fundamental incorporar una perspectiva de género porque, de un lado, las mujeres son con frecuencia impactadas de manera diferenciada por las actividades extractivas; y de otro, porque enfrentan obstáculos particulares para participar en estos espacios.
A ello se añadió que para algunas mujeres es más difícil materializar la participación por la discriminación histórica y exclusión de las que han sido objeto. Las mujeres que pertenecen a pueblos originarios, por ejemplo, enfrentan retos particulares. Así lo advirtieron liderezas indígenas al señalar que en los procesos de consulta realizados, las mujeres indígenas no participan de forma igualitaria. Enfatizaron que en ocasiones si las mujeres van a los espacios de participación, están relegadas o se designan a tareas de cuidado. Se advirtió que tal situación se vincula, entre otros factores, a que la propiedad de la tierra recae mayormente en los hombres, por lo que son ellos los que toman las decisiones sobre la tierra, y no las mujeres.
[1] Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres (1952) y en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1979).
