23/06/2011

Esterilizaciones forzadas: un caso no cerrado

Por José Alejandro Godoy (*)

En las últimas dos semanas de campaña electoral, la candidata presidencial Keiko Fujimori no pudo dar respuesta a las interrogantes formuladas por su contrincante, el hoy presidente electo Ollanta Humala, así como por algunos medios de comunicación, sobre las esterilizaciones forzadas a mujeres practicadas durante el segundo gobierno de su padre.

Su situación se complicó aún más cuando, en el debate presidencial, Fujimori indicó que el caso había sido archivado y no había nada más que investigar. Sin embargo, el caso está lejos de encontrarse cerrado.

Las esterilizaciones en la década del noventaEn agosto de 1995, Alberto Fujimori viajó a Beijing (República Popular China) para participar en la cuarta Conferencia Anual sobre la Mujer de las Naciones Unidas. En dicha cita, entre otros anuncios, el entonces presidente peruano anunció que su gobierno comprendería a las intervenciones quirúrgicas de esterilización como uno de los métodos de su política nacional de población. Este anuncio se concretó en septiembre de ese año, cuando el Congreso de la República aprobó incluir estas intervenciones dentro de la “Ley de Población” (Ley de Política Nacional de Población – Decreto Legislativo N° 346). Así, esta norma fue modificada por la Ley Nº 26530 el 8 de septiembre de 1995, con la finalidad de incluir a las esterilizaciones como parte de la política de planificación familiar.

El programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria comenzó a implementarse en 1996. Durante el año 1997, según demuestran varios documentos oficiales, Fujimori fue informado por su Ministro de Salud, Marino Costa Bauer, sobre el cumplimiento de metas numéricas sobre esterilizaciones. Estos documentos han sido presentados en las últimas semanas por algunos medios de comunicación.

Al mismo tiempo, organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos de las mujeres, medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo comenzaron a recoger denuncias sobre la implementación de este programa. Entre los cuestionamientos más importantes, se señaló la participación de efectivos de las fuerzas armadas y policiales para la obtención de la meta numérica, así como el uso de “incentivos” –como alimentos y viajes– para quienes pudieran colaborar con el objetivo que más mujeres pudieran someterse a métodos anticonceptivos irreversibles.

Asimismo, comenzaron a denunciarse casos de esterilizaciones forzadas; es decir, situaciones en que a las mujeres se les practicaba una intervención quirúrgica con fines anticonceptivos, a cambio de posibles dádivas o, en otros casos, sin que pudieran conocer o ser informadas de las características y consecuencias de la operación a la que serían sometidas.

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(*) Investigador de la Dirección de Proyectos del IDEHPUCPFoto: La República

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