23/06/2018

[ENTREVISTAS] PNA sobre Empresas y Derechos: Miradas de tres especialistas de Colombia, Chile y México

Con miras a que los primeros pasos en relación al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú sean lo más sólidos posibles, el conversatorio “Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos en el Perú”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y, la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Idehpucp, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH), presentó el panel  “Experiencias de implementación: metodología, contenido y actores”. Estuvo integrado por especialistas extranjeros, todos con experiencia en el proceso de elaboración, diseño e implementación del PNA.

El conversatorio Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos en el Perú” fue un espacio reunió a miembros de la sociedad civil, empresarios, funcionarios y autoridades del Estado con el fin de conocer experiencias comparadas y recibir insumos para el diseño del PNA en el Perú. En la región latinoamericana, Colombia y Chile ya cuentan con un PNA, mientras que en México se llevó a cabo un proceso de elaboración que aún no culmina con su adopción. Conocer las lecciones aprendidas y retos enfrentados en estos países resulta clave para el éxito del proceso en nuestro país.

A continuación, tres entrevistas cortas con María José Romero, coordinadora para la implementación del PNA en Empresas de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia; Eugenia López, directora de PODER – Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, en México; y Juan Pablo Schaeffer, gerente División Desarrollo Sostenible de Colbun en Chile. 

María José Romero, coordinadora para la implementación del Plan de Acción en Empresas de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en Colombia. Abogada y Politóloga de la Universidad de los Andes. Máster en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por la Universidad de Santo Tomás. Tema: Experiencia del proceso colombiano del PNA en Empresas y Derechos Humanos

1. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en el proceso de elaboración e implementación de un PNA?

El papel del Estado es fundamental. Debe ser el actor que lidere y respalde el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción de empresas y derechos humanos, y es fundamental porque este tipo de políticas deben surgir desde el más alto nivel. Además es el Estado el que debe garantizar una adecuada participación de todos los sectores de la sociedad civil, de los gremios, de las empresas, de la academia, de las plataformas sindicales, y asimismo, es quien debe responder por la implementación de las acciones acordadas, por cumplir con los distintos mecanismos de seguimiento y monitoreo que allí se incorporan, y porque en su proceso de implementación se sigan garantizando los mecanismos y espacios para que la sociedad civil participe en la implementación, actualización y modificación de estas políticas.

2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos o retos que enfrenta el Estado en el proceso de elaboración o implementación de un PNA?

Hemos identificado muchos retos en estos dos años de implementación del plan. El primero es cómo logramos implementar o bajar esta política a las distintas regiones. Ese creo que ha sido uno de los retos más importantes porque una cosa es cómo a nivel nacional se adopta la política, pero otra es cómo realmente esto que allí se establece genera cambios, transformaciones o impactos en los territorios, las comunidades. Otro reto grande es todo el tema de formación y capacitación, el tener más actores que se encarguen de promocionar esto o darlo a conocer. También ha resultado un reto cómo le logramos dar rango de ley a esta política, por supuesto en nuestro caso este plan se enmarca dentro de una estrategia mucho más macro que es la estrategia del Plan Nacional de Derechos Humanos, creada mediante decretos, en un acto administrativo que le da fuerza de ley, sin embargo, el plan de empresa no lo tiene. Otro reto, que vemos generalizado en la región, es cómo involucrar a las pequeñas y medianas empresas, porque normalmente venimos trabajando con empresas grandes que tienen mayor entendimiento sobre estos temas y que los pueden incorporar más fácil en su sistema de gestión, pero también cuando nos enfrentamos a las pequeñas y medianas que, al fin y al cabo, son la mayoría en nuestro país y en la región.

3. ¿Qué lecciones ha dejado el proceso de elaboración de PNA en Colombia?

Justamente ahora estamos en un proceso de recoger nuevas actualizaciones y propuestas para la actualización del plan. Este PNA tiene una vigencia hasta el 2018 y tenemos que tomar en cuenta el cambio de gobierno que vamos a tener en agosto. Frente a ello, el gran reto será darle sostenibilidad a [todo] esto. Es por eso que estamos, desde hace un mes, avocados a la tarea de tener muchos diálogos en los territorios, para socializar y tener insumos. Y yo creo que allí nos hemos dado cuenta que muchas de las acciones que el PNA contemplaba, si bien son adecuadas, les faltó un enfoque mucho más territorial. Este primer plan, por ejemplo, no hace referencia al rol de las alcaldías en determinados territorios. ¿Cómo logramos que esto empiece a bajar? Es vinculándolos a ellos. Haciendo presión para que, dentro de todas las políticas en materia de derechos humanos a nivel territorial, también se incluya una política en materia de empresas.

4. ¿Cuál ha sido el papel de la Consejería para los Derechos Humanos en la implementación del PNA? ¿Qué lecciones se han ido aprendiendo a lo largo de este?

La Consejería es una oficina que es parte de la Presidencia de la República, y es la entidad que tiene a su cargo la implementación del plan de empresas. Su rol ha sido fundamental para que el plan avance. Hemos creado, por ejemplo, un grupo de trabajo interinstitucional sobre empresas y derechos humanos. En este espacio nos reunimos periódicamente, máximo cada dos meses, y esto lo logra la Consejería, por su convocatoria, organización, formación constante a las entidades, de ir involucrando esta agenda dentro de muchas entidades que de repente no percibían como si fueran suyos estos temas. Y también la Consejería ha cumplido un rol frente al tema de posicionamiento a nivel nacional e internacional, y de cierta manera son estos escenarios lo que garantizan que continúe. La Consejería es también una organización muy neutral, lo que ha permitido tener un acercamiento positivo con las distintas organizaciones, con las víctimas. Luego de una u otra manera ha sido una oficina que ha tenido un rol para tender puentes entre las empresas y las organizaciones afectadas.

5. A dos años de la publicación del PNA en Colombia, ¿cuál considera que ha sido su impacto?

Primero recordar que este primer plan tuvo como enfoque generar impactos o cambios en las entidades de orden nacional que tienen responsabilidades en la materia y que, en esta medida, ha sido positivo ver que entidades como el Ministerio de Energía y Minas ya está construyendo su primera política de DDHH para el sector minero-energético, esto ha sido un avance contundente e importante.

Otro ha sido el fortalecimiento de las iniciativas multi-actor. Hay una que se llama Guías Colombia en Derechos, donde se reúne empresa, sociedad civil y entidades para discutir sobre estos temas. Creo que se han fortalecido, y también ha sido un resultado importante. Tanto así que este año, desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se ha reconocido como un caso exitoso a Guías Colombia. También hemos avanzado en otros aspectos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Colombia Compra eficiente, que son las agencias encargadas de todas las compras públicas, están empezando a incorporar aspectos de Derechos Humanos al interior, son primeros pasos. Eso es parte del trabajo de incidencia que hemos venido haciendo desde Consejería.

Eugenia López, es directora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder). Tiene un Máster en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tema: Pasos hacia un Programa de Empresas y Derechos Humanos en México

1. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en el proceso de elaboración e implementación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA)?

La elaboración de un plan nacional de cualquier política pública es un tema de interés público, por lo que debe tener un componente de participación ciudadana importante. Como parte de esa participación, las organizaciones de la sociedad civil deben tener oportunidad de dar recomendaciones. Y las organizaciones que somos especialistas en los temas de empresas y derechos humanos, y que además muchas veces hemos iniciado este trabajo antes que el Estado, tenemos recomendaciones muy concretas que aportar para que las políticas públicas sean implementadas. Tenemos además experiencias que vienen de otros movimientos y de otras políticas públicas de envergadura nacional que podemos traer a la mesa.

2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos o retos que enfrenta la sociedad civil en el proceso de elaboración o implementación de un PNA?

Los retos principales son justo las inercias de la administración pública. Como sociedad civil, aunque sabes que hay distintas formas de hacer las cosas en administración pública, de todas formas, dependes del manejo político y de la voluntad política que se tiene en el Estado. También en el tema de la interlocución con el sector privado, se tiene que construir un espacio de legitimidad y confianza para el diálogo que tiene que estar dentro de la mesa en un ejercicio como este; y debe cuidarse mucho que haya la diferente representatividad de muchos sectores. Se necesita un ejercicio de traducción, sentar las bases para que haya un diálogo productivo porque no depende solo de sociedad civil. Y bueno abrir las voces a las que no se escuchan mucho, como los pueblos indígenas.

3. ¿Qué lecciones deja el actual proceso de elaboración de PNA en México?

Menos, es más. Creo que estamos haciendo un cambio de paradigma de la responsabilidad social empresarial que tiene mucha carga cristiana asistencialista, como esta idea de asistencialismo para los pobres. Pensando en los pobres como un conglomerado de personas desempoderadas que no tienen recursos a su disposición. Y el tema de la agenda de empresas y derechos humanos, habla más de que las personas somos sujetos de derechos humanos y que las empresas deben ser parte de este marco debida diligencial de derechos humanos. [Se requiere] un espacio nacional mul-tiactor que hable sobre empresas y derechos humanos, que haga un diagnóstico sobre cómo está la situación y que ese diagnóstico realmente sea validado, discutido, para que entonces se genere una sinergia suficiente para empezar a ver por dónde movemos al país. Ese creo es mi principal aprendizaje.

4. ¿Cómo fue la experiencia del Grupo Focal, coordinado por PODER, en la elaboración del diagnóstico de línea de base para la implementación de los Principios Rectores?

Fue un ejercicio muy productivo. Permitió poner en un solo lado los aprendizajes, las necesidades y el análisis de coyuntura como grupo; permitió también, como grupo, tener un producto que ofrecer muy tangible, de muy buena calidad, con muy buenas recomendaciones al Estado. Creo que fue un muy buen nivel de participación el que tuvo el grupo de trabajo a lo largo del proceso. Nunca nos quedamos en la demanda, en el reclamo fácil, tampoco nos quedamos en la movilización de consignas. Me parece que el Estado no estuvo a la altura como para dimensionar la calidad de ese trabajo y los buenos recursos que tenía a su disposición para desarrollar el PNA.

5. El Grupo Focal buscó incidir en la creación de un tratado sobre empresas y derechos humanos. ¿Por qué esta medida es necesaria?

Nosotros siempre hemos pensando que los Principios Rectores son importantes y que es muy bueno que los países los adopten y se implementen, por eso estamos tan interesados en un PNA de Empresas y Derechos Humanos. Pero también necesitamos medidas obligatorias. Las medidas voluntarias solas han probado que no son suficientes, necesitan complementarse de medidas obligatorias que pongan en sintonía a todos los actores de la relevancia del respeto real de las empresas y los derechos humanos.

Juan Pablo Schaeffer, gerente de la División de Desarrollo Sostenible de Colbun S.A., empresa chilena dedicada a la generación de energía eléctrica. Abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un posgrado en Relaciones Comunitarias para la industria minera, y un Máster en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Queensland, Australia.
Tema: Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Chile

1. ¿Cuál debe ser el papel de las empresas en el proceso de elaboración e implementación de un PNA?

Tiene que ser un rol activo, que contribuya y colabore en el proceso de entender que al final el hacer las cosas bien genera valor y ese es el aprendizaje que han tenido las empresas a través de los años. Entonces, un Plan de Acción te ordena, da metodología, aclara dudas, prioriza las cosas que son relevantes de las que no lo son y, de alguna, manera te da una estructura dentro de la cual las empresas con los distintos actores, con el Estado y con la sociedad civil, se organizan respecto a una manera de cómo ver los derechos humanos y cómo se respetan estos, y eventualmente genera mecanismos a través de los cuales resarcir en caso no se cumplen.

2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas en el proceso de elaboración o implementación de un PNA?

La concientización y entender que los Principios Rectores llegaron para quedarse, y te da una estructura, y esta te permite definir un plan, identificar a los responsables y cuánto va a demorar ponerlo en marcha. Además, te ayuda a hacer un buen diagnóstico del cumplimiento, cuáles son los riesgos asociados y eventualmente mitigar o, de frente, evitar el violar un derecho humano sabiendo exactamente los riesgos asociados. El problema es que a veces las empresas ni siquiera estamos conscientes de que generamos ciertos riesgos. Entonces, lo que es importante en este diagnóstico de debida diligencia es saber qué riesgos le estamos causando a los distintos grupos de interés y qué medidas implementamos para evitar eso.

Creo que el punto de partida es una buena política o declaración de derechos humanos, ratificada por la más alta dirección de la compañía, de manera que sea un compromiso real y que esa política se baje en planes de acción concretos, y que este a su vez sea monitoreado, reportado y comunicado. Obviamente, también hay que crear mecanismos de reclamo y sugerencia que permitan de alguna u otra manera levantar otros factores relevantes de riesgo que puede que no estemos viendo, y que tiene que ver con derechos humanos. Esas son todas las tareas, que en esta etapa de desarrollo en el que están los Principios Rectores las empresas deberían cumplir.

3. ¿Por qué es importante que las empresas respeten los derechos humanos?

Las empresas son personas jurídicas, constituidas por personas naturales que se vinculan con otros. En ese sentido, el respeto a los derechos humanos es en realidad ponerse en el lugar del otro y estar comprometido con el cumplimiento de los Principios Rectores y acuerdos. Las empresas tienen que implementar estándares de calidad que permitan respetar los derechos humanos tanto en sus trabajadores, proveedores, en la cadena de valor y obviamente en las comunidades.

4. A casi un año de haberse publicado el PNA en Chile, ¿cuál considera que ha sido su impacto sobre las actividades de las empresas?

Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje, estamos recién empezando esto. Lo importante es sentir que al final logramos que a las empresas permeara el tema de derechos humanos, que lo entendieran en palabras simples y que sepan cuál es la responsabilidad de cada actor dentro de ese proceso. Es decir, es importante que el gerente de una planta sepa que su actuar o su mal actuar puede generar un impacto en la comunidad de su entorno y que no es un tema de estadísticas, sino de personas, seres humanos que son impactadas por eso. Es un tema de capacitación, concientización y posteriormente materialización de un plan.

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